Como parte del plan para la pacificación del país, Morena va por una revolución en el Poder Judicial. Ayer Ricardo Monreal presentó en el Senado una iniciativa para rotar a jueces y magistrados y que no permanezcan más de seis años en un solo lugar, con el fin de combatir la corrupción y el nepotismo.
El 13 de septiembre, varios legisladores de Morena —entre ellos Ricardo Monreal, Martí Batres y Olga Sánchez Cordero— presentaron una iniciativa para darle autonomía a las judicaturas locales.
Esta iniciativa pretende, entre otras cosas, que los gobiernos estatales tengan menos injerencia en el nombramiento de jueces y magistrados; que los ingresos de los impartidores de justicia locales sean similares a los federales; y que se comprometa el 2 por ciento del presupuesto de los estados al Poder Judicial.
Los legisladores señalan que no puede alcanzarse un proceso de pacificación sin una correcta impartición de justicia.
México, de los países con más impunidad
El Índice Global de Impunidad 2018, reveló que en el país el 99.3 de los crímenes no se resuelven; solo hay justicia en el 0.7 por ciento.
México es el cuarto país con más impunidad a nivel mundial, solo arriba de Filipinas, India y Camerún.
Al analizar entidad por entidad, el Estado de México es el que cuenta con mayor impunidad.
Ahí, se registraron 202 mil 205 carpetas de investigación y solo se sentenció a mil 209 personas en primera instancia. Es decir que apenas el 0.59 por ciento de esas carpetas, concluyó en una sentencia.
Esto significa que quienes cometen un delito en México permanecen impunes, lo que lleva a un círculo vicioso de injusticia en el que participan el Ejecutivo, a través de los ministerios públicos que tienen dificultades para construir las acusaciones; y el Judicial, en el que jueces y magistrados tienen una sobrecarga de trabajo y poca capacidad de respuesta.
A esto se suman los problemas de corrupción que envuelven la actuación de los órganos relacionados con la justicia.
Este Índice de Impunidad hace énfasis en que uno de los mayores problemas que enfrenta el Poder Judicial es la falta de jueces.
A nivel mundial, México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el promedio de los demás países. En México hay 3.9 de estos funcionarios por cada 100 mil habitantes; mientras el promedio global es de 16 por cada 100 mil personas.
Gerardo Rodríguez, uno de los autores del Índice Global, señaló en su presentación, en marzo pasado, que en 26 de las 32 entidades del país el sistema de justicia está colapsado, lo que da lugar a una situación de “impunidad rampante”.
Ante este escenario y porque una de las promesas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido pacificar el país, la bancada de Morena en el Senado ha presentado ya dos propuestas en el primer mes de ejercicio de la 64 Legislatura que buscan transformar la organización del Poder Judicial del país.
Rotación contra la corrupción
Ricardo Monreal presentó ayer una iniciativa para proponer que los jueces y magistrados sean rotados de juzgado o tribunal cada seis años, a fin de combatir la corrupción.
La propuesta es que ningún magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis en un mismo lugar de adscripción.
Sin embargo, la propuesta deja la salvedad de que quienes estén en este supuesto puedan señalar las plazas de su interés y exponer razones de carácter personal o familiar que serán evaluadas para la decisión final.
“No podemos soslayar la necesidad de establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas plazas existentes en las entidades federativas, si se toma en consideración la existencia de casos de corrupción detectados en el Poder Judicial lo cual, en gran medida, es consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiples casos”, expone la iniciativa.
Uno de los males que pretende atacar es el nepotismo, pues en varias ocasiones se ha hecho público que al interior del Poder Judicial se coloca a familiares o personas cercanas a los impartidores de justicia, lo que puede influir o presionar en sus decisiones por los lazos que se crean alrededor de estas personas.
El legislador cita el caso publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que un magistrado de circuito de Durango integró a 17 miembros de su familia en puestos administrativos del Poder Judicial.
O el caso del circuito 16, correspondiente a Guanajuato, en el que 38 de 46 titulares de colegios y juzgados tienen a familiares trabajando en ellos; esto es el 82.6 por ciento del equipo.
La iniciativa de Monreal se suma a otra que fue presentada el 13 de septiembre pasado, en la que se toca a los poderes judiciales de los estados.
Autonomía en los estados
Los legisladores de Morena van también por la transformación del Poder Judicial en los estados del país.
La propuesta de los senadores Rubén Rocha Moya, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Martí Batres, Imelda Castro y Óscar Eduardo Ramírez, todos de Morena, es garantizar la autonomía e independencia de los tribunales y juzgados locales con algunas medidas.
La idea es homogeneizar estas medidas en todos los estados del país, para que apliquen en las 32 entidades federativas, y se tenga un sistema de justicia uniforme, que sea uno con el federal.
Una de estas medidas es modificar la forma en que se selecciona a los jueces y magistrados, quienes tendrían ahora que presentar exámenes de oposición para conseguir el cargo.
Además, se propone que los magistrados sean electos por mayoría calificada por el Congreso y no por mayoría simple.
Otra medida es dar buenas condiciones laborales a los impartidores de justicia, como garantizar que no puedan ser separados de sus cargos, tener ingresos comparables a los de los jueces federales y que tengan un haber de retiro al concluir su encargo.
“Para lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional, es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país, en la ruta de construir un federalismo judicial con jueces locales garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante la justicia del fuero común”, argumentan los legisladores.
Esta iniciativa fue enviada para su estudio en comisiones y, al ser una reforma constitucional, deberá ser aprobada también por la Cámara de Diputados y por la mitad más uno de los congresos locales.