Fallan en Alerta

La magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres en Jalisco ha superado a las autoridades, que ante el silencio y poco avance, han llevado a que diversas organizaciones se pronuncien respecto a la falta de voluntad por resolverlo.

Desde su emisión, la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco se planteó como un mecanismo a modo de las autoridades locales, sin revisión de organismos federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Este mecanismo, a diferencia del que se emite desde la Secretaría de Gobernación, excluye y dificulta la vigilancia y sanción del actuar de las instancias locales frente a los casos de violencia.

Tal como lo publicó Reporte Indigo el pasado 4 de abril, en Alerta de género a modo en Jalisco, el gobernador decidió dar paso a una alerta que creó a un grupo evaluador sin autonomía conformado por miembros del gabinete y un reducido grupo de académicas que este jueves pasado rompieron la relación institucional y el silencio ante las omisiones gubernamentales.

Por consiguiente, el Ejecutivo ha sido omiso en otras tareas, debido a la nula vigilancia que rebase sus atribuciones, ya que son los propios miembros de un gabinete decidido por él quienes harían las evaluaciones.

De tal forma que en el marco de la emisión de la alerta también fue omiso en la construcción de un grupo de seguimiento que haría las veces de vigilante de las acciones implementadas y los ejes que debían llevarse a cabo.

El Grupo Sensibilizador y Multidisciplinario debió quedar en manos de organizaciones de la sociedad civil y académicos expertos en la materia, tal como lo señalaba el apartado B, del punto 1.2.3 el informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) al emitir la alerta el ocho de febrero de este año.

“Algo que es fundamental y que se estableció en la ruta crítica es la creación de un grupo que tendrá que dar seguimiento al cumplimiento de la alerta, diferente al Grupo Interinstitucional que conformamos quienes elaboramos el informe. Ese no se ha conformado.

“El último punto era la conformación de este grupo que me parece excelente. Debe de haber un grupo de expertos que desde la academia y desde la sociedad civil vigilen y den observancia al cumplimiento de todas estas acciones”, declaró a Reporte Indigo en mayo Guadalupe Ramos Ponce, integrante del GIM.

Sin embargo las autoridades encargadas del tema fueron omisas y el 17 de julio se signó y entregó un documento firmado por 15 agrupaciones, entre estas integrantes de la red nacional de organizaciones Todos los Derechos para Todxs, que solicitaban al Ejecutivo que la revisión de la 

Alerta no se hiciera de forma discrecional y se le diera mayor independencia al Instituto Jalisciense de las Mujeres.

 Denuncian falta de voluntad

De la misma forma, se pedía la conformación del grupo de seguimiento para la alerta de violencia y que su integración recayera en miembros de la sociedad civil. 

Además de que se mencionó la preocupación de la designación de Roberto López Lara, titular de la Secretaría General de Gobierno, como el encargado de dirigir y coordinar las acciones de la alerta.

Fue así como este se denunció la falta de voluntad para mejorar las situación de las mujeres en la entidad, en una rueda de prensa integrada por organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Centro Feminista en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Leticia Galarza Campos (CEFEM AC), Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), Colectivo Lésbico Tapatío (COLETA), Colectivo Calles Sin Acoso, Yocollani, A.C., Agenda Feminista de Jalisco, Colectivo Queremos Seguir Vivas, Círculo de Estudios Feministas, Las Irreverentes.

“A pesar que las OSC (organizaciones de la sociedad civil) han buscado coadyuvar en la implementación de las medidas, brindando asistencia técnica y allegando al gobierno de expertas y expertos en el tema, es evidente la falta de voluntad política del gobierno del estado para implementar estas acciones mínimas y persiste una situación de simulación y falta de voluntad política”, se lee en el comunicado firmado por las organizaciones.

Una simulación

Después de ocho meses de haberse emitido la alerta de violencia, se señala que ha habido un proceso de simulación en la implementación de las acciones relativas a esta declaratoria, a pesar de que en la presentación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Cepaevim), de la sesión del 21 de junio, se mencionara que al 15 de junio ya se había avanzado el 65 por ciento de los ejes y 57 de las acciones de la llamada estrategia “Junt@s por Ellas”.

Pero la simulación ha llegado hasta las promesas de acciones a organismos internacionales, como en la reunión que en julio de 2016 tuvo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con organizaciones y miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

“En dicha reunión el Gobernador se comprometió a emitir el decreto, a restructurar la metodología de implementación de la alerta y conformar un grupo de trabajo en donde estarían presentes la Oficina del Alto Comisionado, el OCNF y el CLADEM y organizaciones locales expertas en el tema, brindando asistencia técnica, asesoría, acompañamiento y evaluación para el adecuado cumplimiento de la alerta. Sin embargo, después de 4 meses, se mantiene un proceso de simulación, que no permite la implementación de acciones para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres jaliscienses”, agregan.

Por esta razón es que se determinó que las organizaciones enviarán comunicaciones urgentes al 

Comité CEDAW, las Relatorías de Violencia contra las mujeres, Derechos a la salud y el Comité de los Derechos de las Niñas y Niños, todos del sistema universal (ONU) para denunciar la situación de violencia feminicida en la entidad y casos particulares que se han documentado.

Adicionalmente se solicitará la declaratoria formal de dos Alertas de Violencia de Género, una por la violencia feminicida que impera en la entidad, con 80 mujeres asesinadas en lo que va de 2016, y la otra por agravio comparado al tener una política pública que transgrede los derechos de las mujeres y niñas ante “la falta de acceso a servicios especializados de salud que incluyen la Interrupción Legal del Embarazo, principalmente en casos de violación, riesgo de vida para las mujeres y grave daño a la salud de las mujeres”.