Negocios sucios en el puerto

Pagos de favores, concesiones, sobrecostos, licitaciones a modo y hasta donativos a empresas privadas. 

Las funciones de los hermanos González Reséndiz van de lo público a lo privado cuando se trata de beneficiar a sus amigos, mismos que –según se dice en Puerto Vallarta- han sabido pagar esta generosidad. 

Y es que al igual con el abatido secretario de Turismo de Jalisco Jesús Gallegos Álvarez, no se sabe el origen de la fortuna de estos vallartenses que se generó principalmente en los últimos años.  

Porque hasta la fecha es desconocido donde pudo sacar Gallegos Álvarez una inversión que pronosticó él mismo –en 2010- que sería de alrededor de 800 millones de dólares, en el desarrollo La Tranquila en Nuevo Vallarta, Nayarit. 

Y además un millonario proyecto del mismo nombre en Texas, en las islas del Padre y Mustang, que fue nombrado por el diario Caller de Corpus Christi como “el primer desarrollo a gran escala propuesto en las islas desde que la economía (estadounidense) entró en recesión”.

Las relaciones de amistad entre estos políticos vallartenses y desarrolladores que se hicieron ricos de la noche a la mañana, debería prender los focos en el gabinete del gobernador. 

Porque las desafortunadas vinculaciones de este grupo de funcionarios con desarrolladores, hoteleros y empresarios, debería motivar una investigación sobre el origen de sus fortunas. 

También llama la atención que no hayan sido citados a declarar por parte de la autoridad, cuando ellos fueron las principales referencias para la contratación de Gallegos Álvarez. 

Uno de los últimos movimientos que hizo este grupo de políticos para tener de su lado a empresarios del puerto, fue un donativo de 6.3 millones de fondos federales de parte de Rafael a una empresa de entretenimiento de Puerto Vallarta. 

La misma empresa que durante la administración de Salvador recibió en donativo del municipio de Puerto Vallarta una calle. 

Y es que de Rafael y Salvador se dice que tienen propiedades en al menos un par de desarrollos que surgieron en el puerto en los últimos años. 

Su padre, el diputado local Rafael González Pimienta, tiene un departamento en el lujoso condominio Icon Vallarta, donde el hoy gobernador electo también tiene el suyo. 

El de González Pimienta lo adquirió a finales de 2010, durante el periodo en que su hijo fue alcalde del puerto y tuvo un costo de 9.2 millones de pesos. 

El lujoso apartamento tiene una extensión de 268.71 metros cuadrados, cuenta con dos recamaras, y es una de las opciones más grandes y lujosas para los que buscan adquirir propiedad en Icon Vallarta. 

El de Jorge Aristóteles Sandoval que aunque reportó en su declaración patrimonial que costó 2.8 millones de pesos, en realidad pudo costar casi 5 millones de pesos. 

Con una extensión de 141.56 metros –como la del departamento del gobernador-, en el exclusivo condominio ubicado en la zona hotelera norte de Puerto Vallarta, un departamento se adquiere por 4.7 millones de pesos, según escrituras de otros predios iguales en el sitio. 

González Pimienta, ex dirigente del PRI Jalisco, en su momento causó fracturas en el revolucionario institucional por sus polémicas designaciones de candidatos en las pasadas elecciones, entre otras, la del propio Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Este trío de políticos vallartenses, padre e hijos, parecen tener influencias con el gobernador de Jalisco por situaciones como esta. 

Por eso la entrada al gabinete de Jesús Gallegos Álvarez no fue mediante una contratación ordinaria como hace creer el gobernador de Jalisco. 

La designación del secretario de Turismo asesinado el pasado sábado 9 de marzo, fue a recomendación de Rafael González Pimienta y Salvador González Reséndiz. 

Así, aunque las aspiraciones del ex alcalde de Puerto Vallarta para llegar a la Secretaría de Turismo se vieron frustradas, en su lugar quedó un recomendado, amigo de la familia. 

El dueño del edificio Deck 12, donde está instalado el Casino Vallarta y donde se dice que Salvador González Reséndiz tenía su vivienda en años pasados, durante su gestión como alcalde. 

Porque en el puerto se corren versiones de que con los negocios con los hoteleros el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no se veía tan beneficiado como esta familia. 

La condonación de deudas, la emisión de permisos exprés, la asignación directa, los donativos de predios o la venta de los mismos a precios perjudiciales para las arcas del municipio, son solo algunas de las prácticas. 

Las amistades con desarrolladores pudieron beneficiar de este modo al padre del ex alcalde y del diputado.

Por eso es inevitable creer que el donativo de fondos federales que pidió se realizara Rafael a la empresa Fandango -que administra el Teatro Vallarta- por 6.3 millones de pesos, no es un pago de favores. 

Y es que a pesar de contar con trayectorias exclusivamente en el sector público, tanto el gobernador como González Pimienta pudieron adquirir departamentos en Icon Vallarta, quién sabe a cambio de qué.  

Porque se tiene registro de que la Constructora Herradura S.A. de C.V., la empresa detrás del proyecto Icon Vallarta, casi fue embargada a mediados del año pasado por incumplimiento de contratos. 

Desde 2010 acumulaban al menos tres quejas ante la PROFECO por este mismo motivo. 

Y solo fue mediante un amparo –otorgado en mayo de 2012- como lograron que no se embargara el condominio en el que tienen propiedades el gobernador y el ex presidente del PRI de Jalisco. 

La punta del iceberg 

La Tranquila Resort es solo una parte del gran emporio del que Jesús Gallegos Álvarez era socio y co propietario. 

Para junio de 2010 ya se habían invertido 90 millones de dólares en el la primera parte de este desarrollo que formó parte del Proyecto Turístico Integral que incluía una fuerte inversión del Estado. 

En total, en el mismo año se proyectaba en diversas comunicaciones que el propio Gallegos Álvarez dio, que se proyectaban invertir cerca de 800 millones de dólares. 

La primera parte de la inversión salió de  “varios inversionistas que han creído en el proyecto”, según declaró en aquel momento el hoy abatido secretario de Turismo. 

Pero detrás de este gran desarrollo, había otros proyectos como un complejo igual en las islas del Padre y Mustang del sur de Texas. 

En una nota del diario texano Caller, se hace referencia al proyecto, citando el nombre de J. Jesús Gallegos Álvarez, como el inversionista. 

En la comunicación se pronosticaba que sería un desarrollo con 220 habitaciones, restaurantes, centros de convenciones y spa.

Fechada en julio de 2010, en medio del proceso de la primera parte del desarrollo de La Tranquila en Nuevo Vallarta, en la nota se refieren al proyecto como uno de las inversiones más grandes que se han hecho en las islas que reciben muchos vacacionistas mexicanos, principalmente del norte del país.

Favor con favor se paga 

Existen varios hechos documentados en Puerto Vallarta sobre permisos o concesiones otorgados en forma irregular, con un beneficio para particulares, pero perjuicio para el municipio. 

Al salir de su administración, Salvador González Reséndiz dejó un saldo negativo en cuanto a los predios municipales, pues se perdieron 21 equivalentes a 29,185 metros cuadrados, entre parques y áreas verdes. 

Algunos de estos, fueron donados a particulares, con  el pretexto del desarrollo turístico. 

También otorgó una cantidad histórica de permisos de construcción en el puerto, de nuevo beneficiando a desarrolladores que durante la gestión  de González Reséndiz tuvieron manga ancha. 

Y es que en los primeros ocho meses del último año del hoy subsecretario de Administración, se dieron 3 mil 219 licencias de construcción, un promedio de 401 al mes.

Tan solo en septiembre se dieron 742, casi el doble de la media mensual. Y nada más en la última semana de septiembre fueron dadas 337 de éstas.

Todavía el ex alcalde sintió que el tiempo no era suficiente y de último momento dio licencias de alcoholes y permisos de construcción al por mayor. 

“La administración pasada antes de salir aprobó más de 206 licencias de alcohol dentro de esa (última) sesión que estuvo plagada de irregularidades, inclusive corrupción”, según refirió el 6 de noviembre de 2012 en entrevista para Reporte Indigo el presidente de la CANACO Vallarta, José Martín Puebla Ontiveros. 

Además de estas licencias de alcohol que se dieron en albazo, y que se combatieron por parte de este sector empresarial por la vía jurídica, los dos últimos días del gobierno de Salvador se dieron 182 licencias de construcción. 

Se trata de una cantidad de licencias y permisos totalmente absurda, especialmente tomando en cuenta que el municipio tiene una deuda de más de 3 mil millones de pesos. 

¿En dónde quedó el pago por estos favores? La respuesta podría estar en los condominios concluidos en los últimos años en Vallarta. 

Fandango, subsidios y omisiones

En 2010 la remodelación del Cine Vallarta causó sorpresa a los habitantes del puerto, un nuevo concepto cultural daría vida al Teatro Vallarta con una producción de talla internacional denominada Fandango. 

Detrás de este proyecto se encontraba el empresario Manuel Díaz Preciado quien logró colocar su proyecto en las cúpulas políticas. 

La inversión de 120 millones de pesos que había hecho Díaz Preciado en su negocio debía ser compensado con subsidios y favores de distintos. La administración de Salvador González Reséndiz no fue la excepción.

El priista permitió la concesión de una de las calles aledañas, desalojó a vendedores de comida que por años se habían establecido ahí desde hace una década e incorporó la agenda del teatro como parte de la oferta cultural del municipio. 

De parte del Gobierno del Estado recibió publicidad para su producción durante las semanas previas a los Juegos Panamericanos.

Fandango es una producción que exhibe la tradición cultural mexicana, con música, bailes luces y sonido, según refieren algunas entrevistas realizadas al dueño del teatro. 

El costo por función es de 450 pesos por persona, y es un evento dirigido sobre todo a extranjeros que visitan el puerto. 

El año pasado se dio a conocer que el dueño del teatro había sido demandado por algunas productoras a las que se les negó el pago por sus servicios.

A eso se suman algunos litigios  en su contra por la omisión del pago de derechos de autor de algunas puestas en escena realizadas en el teatro.

Y es que Díaz Preciado no realizó el pago de derechos de autor de otras puestas de escena de 2010, 2011 y 2012. Hasta abril del año pasado llevaba acumulados 300 mil pesos en deudas.