La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México cayó en los mismos vicios y malas prácticas de su antecesora.
Información obtenida por transparencia revela que existen asesores legislativos que sin credenciales académicas cobran un sueldo mayor al que tienen en promedio los profesionistas en el país, e incluso hay casos que ganan más que los mismos diputados.
Además, hay legisladores que tienen en su nómina a sus propios familiares, a pesar de que es un acto de nepotismo y está prohibido por la ley.
La Ley indica que todos los servidores que incurran en nepotismo podrán ser sancionados conforme lo indican las normas de la función pública, entre ellos se incluye a los legisladores
En todos los casos, los sueldos van de los 20 mil pesos a los más de 60 mil pesos brutos mensuales, remuneración que es mayor a la que perciben la mayoría de las personas con una carrera universitaria concluida.
El salario promedio de los profesionistas en México durante 2020 fue de 11 mil 549 pesos, según el reporte Tendencias Actuales del empleo, realizado por el Observatorio Laboral (OLA) con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La segunda generación de diputados locales del Congreso rindió protesta hace poco más de dos meses: el 1 de septiembre pasado.
El primer caso de un asesor sin credenciales académicas que recibe un sueldo superior al promedio es el de Ulises Lara Acosta, que está en el equipo de la diputada de representación proporcional de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, revela la respuesta a la solicitud de información folio 092075421000093 tramitada por Reporte Índigo ante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Según la información entregada el pasado 29 de noviembre, el salario mensual bruto de Lara Acosta, que proviene del presupuesto del Legislativo, es de 41 mil 772 pesos.
Dicho salario lo recibe aunque no cuenta con ningún nivel académico superior acreditado, consta una consulta hecha al portal del Registro Nacional de Profesionistas (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México.
Posteriormente, se encuentra Miguel Armando Hernández Hernández, quien asesora a la legisladora de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Elizabeth Mateos.
Datos del RNP señalan que Hernández Hernández no cuenta con estudios de nivel superior concluidos; sin embargo, percibe una remuneración mensual bruta de 52 mil 080 pesos.
Hernández Hernández recibe lo mismo que los diputados. De acuerdo con información pública del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Congreso, a cada representante popular se le dan 52 mil pesos por concepto de dieta.
El tercer caso es el de María Vianey Bollas Ortiz quien, según el RNP, tampoco tiene una cédula profesional ni estudios superiores terminados pero gana 65 mil 100 pesos, más que un diputado local. También es asesora de la legisladora Elizabeth Mateos.
Posteriormente está Rebeca García Portilla, quien está dentro del equipo de la representante popular del Distrito XIII, América Rangel Lorenzana, y recibe mensualmente un salario bruto de 41 mil 772 pesos, pese a tampoco tener un grado académico universitario concluido según el RNP.
Gómez Levete tampoco tiene un título universitario o grado superior concluido, indica el RNP.
Los familiares en el Congreso de CDMX
Dos diputados del Congreso de la capital tienen a sus familiares cobrando sueldos del erario como sus asesores, pese a que esto es nepotismo y está prohibido por la ley.
“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones”, señala el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El marco legal afirma que los servidores que incurran en ello, podrán ser sancionados conforme lo indican las normas de la función pública.
La primera legisladora que tiene a sus familiares trabajando a su mando y cobrando salario del erario es Mónica Fernández César, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según la solicitud de información citada anteriormente, la priista tiene dentro de su equipo de asesores a sus hermanas Adriana Fernández César y Jaquelín Fernández César.
Adriana recibe un sueldo de 20 mil 940 pesos, mientras que Jaquelín Fernández César de 27 mil 124 pesos brutos al mes, a pesar de que ninguna de las dos tiene un título universitario o carrera profesional concluida, según una búsqueda en el RNP.
Después, la legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo tiene ganando un sueldo de 7 mil 954 pesos brutos al mes a su prima Norma Ramírez Montes de Oca, quien tampoco tiene un título universitario, revela la fuente citada.
Las irregularidades de los antecesores
Las irregularidades que ha cometido la Segunda Legislatura del Congreso, también fueron un problema en la primera generación de diputados locales que estuvo en el órgano de 2018 a septiembre de 2021.
El 27 de agosto de 2020, Reporte Índigo publicó la nota titulada “Las ‘Joyas’ en honorarios del Congreso” donde se informa que 7 asesores de diputados y funcionarios del legislativo ganaban más que los mismos representantes populares o tenían en su historial antecedentes de acusaciones de corrupción.
