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José Antonio Tizapa vive en Estados Unidos donde labora como trabajador de construcción desde hace más de 14 años, él salió desde su pueblo natal, Tixtla, Guerrero
No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.
Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.
Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.
Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.
Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país. Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.
Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.
La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.
Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.
Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.
En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.
Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.
“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.
El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.
De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país.
El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.
Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.
La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.
En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.
Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.
El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.
La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.
Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.
En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.
Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.
Pagan más cuando los matan
A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.
“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.
Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.
El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.
“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.
Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos
Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).
En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.
En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.
El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.
Reporte Indigo ha dado seguimiento al caos que existe en las cifras oficiales de personas desaparecidas en México.
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