Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), rechazó que en la comisión existan corrupción e irregularidades por más de 50.8 millones de pesos como lo anunció la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, Sandoval, por lo que descartó que les impongan sanciones.
Criticó que la secretaria de la Función Pública presentara un informe parcial “y alevoso” el 19 de febrero sobre seis observaciones a la Conade –en la que se advertía de la compra de viajes que triplicaban el costo, uso de facturas falsas, entre otras—ya que están en el proceso de entrega de información sin comprobarse un delito.
En entrevista en Palacio Nacional tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se respetó el principio de presunción de inocencia.
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La velocista dijo que todas las dependencias y organismo tienen observaciones por diversos motivos, pero en el caso de la Conade no se ha terminado el proceso de investigación.
– ¿No habrá sanciones por parte de la Función Pública?, se le cuestionó
– Estoy convencidísima, dijo
– ¿Cómo lee esto?
– Es un linchamiento político, no le podemos dar otra connotación, la Cuarta Transformación llegó a limpiar todo eso y hemos pisado callos que estaban ahí.
“El presidente pidió a la Función Pública investigara, nosotros entregamos toda la información y estamos a la espera de que resuelva, pero nada de lo que se ha dicho es veraz y no podemos dar una investigación por juicio ni tampoco como un delito, como se trataba de hacer”, advirtió.
El 19 de febrero, la titular de la SFP informó que tras una investigación al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) Conade se detectaron diversas irregularidades por 50.8 millones de pesos como compra de viajes que triplicaban el costo, uso de facturas falsas, y beneficio personal de instalaciones deportivas para entrenadores y prestadores de servicio, entre otras.
En ese momento, Sandoval Ballesteros dijo que como se encontraban en el proceso recepción de documentos para solventar las irregularidades aún no se determinaban las posibles sanciones ni presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).