México ha pasado de ser un país de tránsito para miles de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan una vida mejor, a convertirse en uno de destino.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante el año pasado más de 82 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares por diversas razones, principalmente por la violencia. En México, en lo que va del año más de 116 mil 500 personas han solicitado asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
La falta de políticas públicas que integren a esta nueva comunidad en el sector formal laboral y en el social, ocasiona que la crisis migratoria se agrave.
Debido a esto, un grupo de asociaciones, entre las que se encuentra la Fundación Friedrich Naumann, con el apoyo de INTRARE y Sin Fronteras, presentaron un programa con el cual buscan promover el fortalecimiento de las organizaciones que fomentan la integración de los solicitantes de asilo y refugiados en México.
Los principales objetivos que buscan alcanzar con “Flucht, México migrante: La Búsqueda por la Libertad y la Tolerancia” son desarrollar talleres con solicitantes de asilo, refugiados y potenciales empleados, crear alianzas con el sector público, fortalecer a las organizaciones que fomentan la integración de los migrantes, incentivar una sociedad abierta y plural y promover narrativas antidiscriminatorias hacia la comunidad.
Al respecto, Alfredo Suárez García, coordinador de Comunicación para América Latina de la fundación alemana Friedrich Naumann, comenta que se basaron en el programa del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas en alemán) que implementó para integrar a inmigrantes de oriente medio y del norte de África a su país.
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“En México hemos pasado de ser un país de tránsito a uno de acogida. Es una situación que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que cambiar la concepción de la migración en nuestro país. Ya no está pasando lo que pasaba en años anteriores en los que los movimientos comenzaban en Centroamérica y terminaban en el sur de Estados Unidos y México era una vía de paso. Ahora muchos se quedan.
“Debemos de entender que estos movimientos tienen una causa, muchas veces política, otras económica, el cambio climático y la pandemia también están afectando y generando mayores desplazamientos. Posteriormente se debe de buscar la integración de estas personas, que ellos entiendan cómo funciona nuestra sociedad. La migración es un derecho humano, nadie sale de su casa por gusto”, comenta.
Actualmente, señala el especialista, se encuentran mapeando la problemática y buscando organizaciones estratégicas para tejer redes y comenzar a trabajar en la integración de la comunidad migratoria.
La principal problemática que ve en la legislación mexicana es que el migrante debe de solicitar asilo justo en el lugar al que llega y no puede desplazarse de ahí.
“La política actual mexicana habla de que el migrante puede solicitar asilo político en el lugar donde llega, pero no puede moverse de ahí. Por ejemplo, si llega gente a Tapachula se debe de quedar en Tapachula, eso no permite la correcta integración de los migrantes porque al quedarse en una zona no se pueden llevar su fuerza laboral o sus características que pueden servir mejor en otras regiones del país”, agrega.
Además, Suárez García, alerta que no integrar a esta población a la vida laboral y a la sociedad puede ocasionar que algunos casos incursionen en actividades delictivas.
“Deben de esperar hasta más de un año por un permiso de trabajo, y si no tienes ingresos para alimentarte a ti y a tu familia eso te puede llevar a trabajar en el sector informal o a practicar posibles actividades delictivas. Si nosotros generamos políticas públicas que integren a los migrantes a la sociedad, eso nos va a permitir un mucho mayor enriquecimiento y una actividad mucho más controlada de estos mismos migrantes.
“Más allá de preguntarnos si tenemos la capacidad o no, o si el país está preparado o no, hay que centrarnos en si nosotros estamos preparados para aceptar a las personas que son distintas a nivel cultural que nosotros y así como nosotros hemos exigido el respeto a los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, debemos de tener la capacidad de dar el mismo respeto a los migrantes que llegan de Centroamérica y Sudamérica”, concluye.
Trabajo pendiente
De acuerdo con el último censo del INEGI, en 2020, más de un millón 200 mil personas nacidas en el extranjero residían en México, ese mismo año la Unidad de Política Migratoria informó que renovó y emitió 180 mil tarjetas de residencia tanto temporal como permanentes, mientras que se expidieron más de 23 mil tarjetas de visitante por razones humanitarias y más de 32 mil tarjetas de visitantes regionales.
Por su parte, la Agenda Política 2021 del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) denunció que pese a que en el Índice de Políticas de Integración de Migrantes (MIPEX), México ha tenido avances significativos en la puesta en marcha de reformas en materia de integración, todavía falta mucho trabajo por realizar.
“Todavía persisten los obstáculos administrativos para que migrantes indistintamente de su condición migratoria y personas refugiadas, accedan, por ejemplo, al sistema de salud y, en general, para que logren una integración plena”, señala el escrito el cual calificó la política mexicana como “igualdad en el papel”.
Además del acceso a la salud, el GTPM consideró importante que el Estado mexicano brinde a los miles de migrantes que llegan a México educación.
“México no sólo es un país de emigración y transmigración, sino de inmigración, por lo cual es fundamental el diseño y puesta en marcha de una política de Estado de inclusión en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política en las que, sin duda, las personas migrantes y sujetas de protección internacional pueden aportar y las comunidades de acogida beneficiarse”.
