La propuesta que presentó la constructora Dycusa, propiedad de la familia Ballí, fue 110 millones de pesos más baja que la que hizo GP Bienes Inmuebles
"La persona que ganó el concurso se quejó y hubo un fallo de un juez que nos obliga a darle el ‘app’ y que el concurso se dé como válido”
En su administración el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, ha encabezado una ofensiva contra jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Hoy, tal estrategia se le revirtió al edil panista y un juez federal le está ordenando adjudicar un contrato por más de 500 millones de pesos para el proyecto de construcción del cuartel de seguridad en la avenida Díaz Ordaz.
Hace un mes y medio el Municipio de San Pedro había declarado desierta la licitación pública relativa a la construcción y equipamiento de la considerada obra insignia del proyecto de blindaje de seguridad de Fernández.
Este proyecto había sido suspendido por el alcalde sampetrino alegando cuestiones financieras.
Fernández anunció la cancelación de esta obra luego de que Reporte Indigo publicó el 11 de mayo pasado que este proyecto de seguridad estaba congelado por la administración municipal.
“El edificio de Díaz Ordaz, yo creo que vamos a tener que cancelarlo porque simplemente cambiaron las condiciones, el dinero federal que me iban a dar no me lo dieron”, explicó Fernández en ese entonces.
“Yo creo que por ‘app’ (inversión pública-privada) ya este municipio no lo aguanta. Estaríamos empasivando demasiado a San Pedro”.
Sin embargo este argumento no convenció a Héctor Pérez Pérez, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa del Estado.
El juez federal concedió el mes pasado a la empresa Dycusa, que participó en la licitación, un amparo contra la decisión municipal de declarar desierta la licitación pública.
“Que el Secretario de Obras Públicas del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realice y presente al pleno del Ayuntamiento de ese municipio las evaluaciones de las propuestas de los licitantes y el referido Ayuntamiento pronuncie el fallo en la licitación (adjudicar la obra a quien corresponda)”, establece la resolución judicial en poder de Reporte Indigo.
El juicio de amparo 198/2012 fue presentado el 23 de marzo por la empresa Dycusa, a través del abogado Miguel Zárate, socio del despacho jurídico Zárate Abogados.
El recurso fue interpuesto contra el alcalde Mauricio Fernández y demás funcionarios municipales que ocupan las principales secretarías de San Pedro.
La defensa del Municipio de San Pedro en este juicio de amparo estuvo a cargo de Ciro Espinosa, asesor jurídico del alcalde Mauricio Fernández.
El acto reclamado por la constructora fue la orden de suspender o modificar la partida presupuestal de 77 millones de pesos que autorizó por los próximos 15 años el Cabildo, el 17 de diciembre del 2010, para proyectos de seguridad financiados con recursos públicos privados.
Además del cuartel de seguridad de Díaz Ordaz, estos recursos se destinarían para el edificio de seguridad de Valle Oriente y el proyecto de cámaras de videovigilancia San Pedro Net.
Estas obras fueron planeadas para construirse bajo el esquema de una asociación pública-privada en la modalidad de arrendamiento adquisitivo.
La principal razón por la cual el juez de Distrito otorgó el amparo fue porque el Municipio de San Pedro no declaró desierta la licitación durante la apertura de las propuestas económicas, celebrada el 13 de enero del 2012.
Las autoridades municipales lo hicieron cuatro meses después de esa sesión, ya que habían visto las propuestas económicas.
En la licitación MSP-OP-003/11-CP, relativa a la construcción y equipamiento del edificio inteligente de seguridad en Díaz Ordaz, participó la empresa GP Bienes Inmuebles.
Esta empresa es propiedad de José María Garza Treviño, heredero de la Constructora Garza Ponce y vinculado con el ex gobernador Natividad González Parás, amigo personal del alcalde Mauricio Fernández.
GP Bienes Inmuebles fue la que obtuvo el contrato por 300 millones de pesos para la construcción y arrendamiento del cuartel de seguridad municipal en el sector de Valle Oriente.
El fallo se concretó hace más de 7 meses, sin embargo los trabajos no han comenzado por la empresa.
GP Bienes Inmuebles pretendía conseguir también el contrato para la construcción del edificio de seguridad de Díaz Ordaz, sin embargo su propuesta fue superada por la oferta que presentó la empresa Dycusa.
La propuesta que presentó la constructora Dycusa, propiedad de la familia Ballí, fue 110 millones de pesos más baja que la que hizo GP Bienes Inmuebles.
Mientras que la propuesta de GP Bienes Inmuebles implicaba para el Municipio pagar una renta total de 653 millones de pesos por un periodo de 15 años, la cotización de Dycusa se ubicó en 543 millones de pesos por el mismo plazo.
A pesar de esto, el pasado 17 de mayo la licitación fue declarada desierta por el Cabildo de San Pedro, alegando que las propuestas económicas presentadas rebasaban el monto de inversión autorizado.
Hasta el momento el Cabildo de San Pedro no ha adjudicado la licitación a la empresa Dycusa, como lo ordena la sentencia judicial que tiene fecha del mes de mayo.
Se sabe que la Comisión de Obras Públicas del Municipio de San Pedro está elaborando un dictamen, para que sea el Cabildo de San Pedro el que apruebe y emita el fallo correspondiente.
Entrevistado ayer, el alcalde Mauricio Fernández adelantó que el contrato del edificio de Díaz Ordaz será adjudicado a la empresa que ganó la licitación que se había declarado desierta por el Municipio.
“La persona que ganó el concurso se quejó y hubo un fallo de un juez que nos obliga a darle el ‘app’ y que el concurso se dé como válido”, explicó el Munícipe.
Fernández dijo que la suspensión de la licitación se había tratado de una estrategia para tratar de presionar a la Federación, con el objetivo que enviara al Municipio de San Pedro recursos federales para este proyecto.
“Fue una estrategia nuestra para presionar a la Federación para que nos dieran recursos del dinero federal y no irnos a una ‘app’”.
El cuartel de seguridad de Díaz Ordaz se contempla construir en un predio de 5 hectáreas que era propiedad del Grupo Alfa, empresa donde su familia tiene participación accionaria.
En este mismo lugar Fernández pretende reubicar también los campos de Avispones y Pumas de Fuentes del Valle, cuyos directivos se han opuesto al plan.
En esta zona operaban las empresas Akra y Polikrom, filiales del Grupo Alfa, donde la familia del alcalde panista tiene participación accionaria.
Estos terrenos fueron conseguidos por el Municipio de San Pedro, a través de una polémica permuta que impulsó Fernández con la empresa Alfa.
Esta semana Reporte Indigo publicó el traje a la medida que preparaba el Municipio de San Pedro para que la empresa Alfa pudiera construir un mega desarrollo en el predio donde actualmente está el Planetario.
En el proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro 2030, que está en proceso de aprobación, ya se contempla un uso de suelo mixto para que los dueños del terreno lleven a cabo un desarrollo habitacional, comercial y de servicios.