Olvido criminal

Aunque el Cereso planeado para construirse en Mina, Nuevo León podría haber aliviado la sobrepoblación que existe en el Penal del Topo Chico, la importancia de su construcción fue subestimada por el anterior Gobierno de Nuevo León.

En 2015, la administración de Rodrigo Medina anunció su suspensión del proyecto, aunque ya había invertido más de 400 millones de pesos.

El pasado miércoles se suscitó en el Penal del Topo Chico el evento más cruento registrado en el sistema penitenciario del país. El enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia dejó masacrados a 49 internos y a otros 12 lesionados de gravedad.

Durante el fin de semana, la fiscalía estatal informó que Georgina Salazar Robles, directora del penal, y el comisario de administración penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez, fueron arrestados tras ser señalados de “no guardar las medidas de seguridad en el reclusorio”. El celador José Reyes también fue detenido presuntamente por dar muerte con su arma de fuego a uno de los reos durante el motín.

En 2008, ante la evidente situación de hacinamiento, desorden y falta de seguridad para la integridad de los internos del Topo Chico, el entonces gobernador Natividad González Parás planeó la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en el estado. En julio de 2011, el gobierno de Medina arrancó la edificación del centro, y fue él mismo quien cuatro años después anunció, a través de su vocero de seguridad Jorge Domene Zambrano, que sería suspendida.

Recursos no llegan

La polémica obra fue estimada en 3 mil millones de pesos, para albergar a más de 2 mil reos. En el arranque de la edificación, a cargo de la Constructora Garza Ponce, también estuvo presente el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En el 2011 fueron asignados a la obra 100 millones de pesos, y 330 millones en el 2012, con lo que se hizo la limpieza del terreno, construcción de un acceso al lugar, una barda perimetral, un edificio de talleres y un estacionamiento. En febrero de 2012, una riña en el Cereso de Apodaca causó la muerte de 44 internos y la fuga de otros 30, presuntamente miembros del Cártel de Los Zetas.

La construcción del Penal de Mina se detuvo a mediados de 2013 a causa de la falta de capital, y en el mes de octubre Medina manifestó su intención para que la cárcel fuera incluida en el Programa Federal de Penales de Alta Seguridad. En noviembre, Jorge Domene dio a conocer que el Gobierno Federal había aceptado que el  centro de reinserción social pasara a ser un Cefereso.

Pero en el 2013 los recursos federales no llegaron. Tampoco el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014 consideró una partida para este penal.

En el 2015 la polémica envolvió nuevamente al Penal de Mina, cuando se dio a conocer que familiares del exgobernador Rodrigo Medina se apropiaron de terrenos ejidales cercanos al nuevo reclusorio.

Ejidatarios denunciaron que el padre de Medina, Humberto Medina Ainslie, y sus hermanos, Alejandro y Humberto, además del entonces diputado local, ahora alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, compraron a un precio mínimo los terrenos señalados.  El exmandatario dio a conocer en junio del 2015 que por medio de un oficio, el Comisionado Nacional anunció que no habría recursos para la continuación del centro de readaptación.

La administración de Medina se declaró consciente de la necesidad de la construcción del edificio, ante la situación de los internos de los tres penales existentes en el estado.

Pero finalmente Domene declaró que sería el siguiente gobernador quien se encargaría de obtener el capital para ello.

Buscarían fondos privados

Con o sin apoyos del Gobierno Federal, el gobernador de Nuevo León perfila trasladar a los reos del penal del Topo Chico a las instalaciones de la prisión ubicada en el municipio de Mina, una vez que concluya la obra.

“El plan nuestro siempre ha sido sacar el Penal del Topo Chico de la zona (…)”, dijo Jaime Rodríguez.

Enfatizó que el Penal de Mina es uno de los expedientes con los que se investiga a la administración de Rodrigo Medina, por posibles actos de corrupción.

“Es un tema de un recurso elevado que se invirtió ahí (en el Penal de Mina), y lo estamos investigando”, dijo. 

“Pero eso no va a limitar para continuar con el proyecto”.

La problemática del Penal del Topo Chico es un tema añejo, que ha sido manejado durante años con la llegada de cada gobierno nuevo.

La promesa de una depuración para separar a los internos del fuero federal de los del fuero común está vigente.

“Si la federación no tiene nosotros podemos pedir un financiamiento. Vamos a pedir un financiamiento, vamos a trabajar en terminar este Penal de Mina”, aseguró.  

Lo que se construyó

Con los 430 millones de pesos asignados entre 2011 y 2012, este fue el avance de la obra a cargo de la Constructora Garza Ponce:

> Se hizo limpieza del terreno

> Construcción de un acceso al lugar

> Se levantó una barda perimetral

> Construcción de un edificio para talleres 

> Una zona de estacionamiento