Ordenan a diputados responder denuncia

Un juez federal ordenó a los diputados romper su silencio y responder si admiten una denuncia de un particular para someter a juicio político a las magistradas Juana María Treviño Torres y Aurora Gámez Cantú.

El abogado litigante Alberto Sada Robles solicitó desde hace más de ocho meses esta acción contra las funcionarias por diversas irregularidades cometidas en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El particular presentó un amparo el 5 de octubre de 2012 para demandar una respuesta de los legisladores a esta petición.

La controversia sobre este caso continúa luego de que la magistrada Treviño Torres obtuvo en mayo del año pasado una suspensión contra su destitución ordenada por el Congreso y recuperó su cargo en la Primera Sala Ordinaria.

Su juicio aún se analiza en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mientras la magistrada Juana García Aragón ostenta el mismo puesto y cobra un salario sin trabajar.

El presidente de la pasada 72 Legislatura, Sergio Santiago Alanís Almaguer, acordó turnar la denuncia a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública el 15 de junio de 2012, entonces encabezada por el priista Heriberto Cano Marchan.

Sin embargo, la gestión de los diputados concluyó, entró una nueva Legislatura y la denuncia quedó congelada en los archivos del Congreso.

“(La comisión) fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente emplazada”, se lee en la sentencia de Sergio Javier Molina Martínez, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.

“No se desprende que a la fecha las autoridades responsables hayan dado respuesta de manera congruente a la petición de denuncia de juicio político presentada por Alberto Sada Robles”.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública actúa como Comisión Jurisdiccional en los juicios políticos, pero el turno del procedimiento fue insuficiente para satisfacer la petición.

“Turnar a dicha comisión la denuncia presentada por el quejoso, por considerar que es la competente para dictaminarla, no es acordar la solicitud que le fue formulada, pues solamente la traslada a diversa instancia, sin resolver su contenido”, sostiene la sentencia del amparo 739/2012.

La omisión, según el juez, infringió el derecho de petición garantizado por el artículo 8 de la Constitución Mexicana.

Los diputados tenían hasta el viernes pasado para cumplir con la sentencia, así que Sada Robles presentó ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa un incidente de inejecución.

Si incumplieron la orden y se declara fundado este incidente, los legisladores serían separados de sus cargos y consignados ante un juez de distrito. 

Hereda denuncia y la desconoce

Aunque el pasado 13 de febrero el Congreso fue notificado de la sentencia, el actual presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Francisco Cienfuegos Martínez, la desconoce.

“De momento la participación del Congreso es ajena al proceso que llevan el Poder Judicial y los juzgados de distrito de esta situación jurídica de la magistrada, sin embargo, vamos a seguir atentos”, se limita a decir el priista.

La Comisión Permanente del Congreso, presidida en el primer periodo ordinario de sesiones por el panista José Adrián González Navarro, turnó el asunto el 20 de febrero a la comisión a cargo del diputado del PRI.

“Se turnó a la comisión para que lo atienda, es ésta la que debería dar un dictamen y presentarlo al Pleno”, confirma el albiazul, quien añade que el tema se incluirá esta semana en el segundo periodo ordinario de sesiones.

El promovente de la denuncia lamenta el desconocimiento de los diputados y su actuación frente al caso.

“Son omisiones legislativas, es por el ocio, por la inactividad”, critica Sada Robles en entrevista.

“Por eso tengo que acudir al Poder Judicial Federal para que me hagan caso y ponerlos a trabajar”.

Las irregularidades

El abogado detalla en su denuncia cinco irregularidades en las que habrían incurrido las magistradas Juana María Treviño Torres y Aurora Gámez Cantú.

El quejoso sostiene que ambas extendieron la duración de dos años para ocupar la presidencia del Tribunal a cinco meses más de lo previsto, lo que trajo como consecuencia la “reelección” de Treviño Torres en el cargo.

Ella fue reelecta gracias a que Gámez Cantú propuso al Pleno del Tribunal de Nulidad prorrogar su duración como presidenta hasta enero de 2012, a pesar de que su mandato concluía el 31 de agosto de 2011.

La ley en la materia prohíbe expresamente la “reelección” del cargo en el periodo inmediato.

“Las aquí denunciadas impidieron la rotación de la presidencia, tomando en cuenta que dicho cargo en ninguna forma puede extenderse”, se lee en el recurso.

Incluso, la Comisión Jurisdiccional de la Legislatura pasada resolvió en abril de 2012 que este acuerdo era a “todas luces ilegal”.

En segundo lugar, Treviño Torres le asignó a su secretaria de Estudio y Cuenta, Laura Alicia Martínez López, funciones de magistrada, tomándose atribuciones que no le correspondían.

Además, las abstenciones de las magistradas en resolver recursos de revisión dentro de diversos juicios de nulidad afectaron el funcionamiento normal del Tribunal, porque esto “retardó, atrasó y demoró la función de justicia”.

Por otro lado, la “reelección” provocó inestabilidad jurídica porque el Tribunal designó a Juana García Aragón como magistrada de la Primera Sala Ordinaria, aunque Treviño Torres aparece bajo el mismo cargo.

Por último, Treviño Torres no puede impartir justicia pues su encargo acabó el 3 de mayo de 2012, cuando el magistrado Genaro Sánchez Martínez tomó protesta de este puesto por designación del Congreso local.