Outsourcing: esquema incrustado también en gobierno
Ni el gobierno federal se pudo a resistir a la contratación por outsourcing por lo que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en medio de la discusión en el Poder Legislativo para erradicar la práctica en el ámbito privado, pero que también está enquistada en el sector oficial
Julio RamírezLa revisión de la Cuenta Pública 2018 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló diversas irregularidades en materia de subcontratación por outsourcing en diferentes dependencias de gobierno durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Algunas de las anomalías encontradas fueron la contratación de personal sin estudios o trabajadores que no acudieron a sus labores. Todo ello en medio del debate en el Senado de la República para regular el outsourcing.
En estos días se realiza una discusión sobre los lineamientos que tendría la propuesta para el combate a este esquema de subcontratación que se ha incrustado en las acciones de los empresarios en buena parte del país. En un parlamento abierto, se discuten varios puntos de la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, una de las que tiene mayor fuerza.
Existen al menos una decena de iniciativas para hacer modificaciones a la figura de la subcontratación o outsourcing que utilizan empresas
La empresa Staffinng Industry Analysts considera que en México una quinta parte de los trabajadores labora bajo el esquema de subcontratación, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El estudio forma parte de los materiales que se han dispuesto para el análisis de las iniciativas para el combate a esta práctica, de las que se han presentado al menos una decena en ambas Cámaras.
En México, el gobierno no ha sido la excepción y ha utilizado esta práctica para subcontratar a personal y en estos procedimientos se han encontrado irregularidades, desde personal que no acude a laborar hasta contrataciones de personal que carece de los estudios necesarios.
Varias de las irregularidades han sido halladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dependencias dedicadas a la administración de programas sociales.
La Auditoría encontró un posible daño por casi 300 millones de pesos a través de subcontratación o outsourcing en Bansefi, lo que hoy es el Banco del Bienestar, en el último año de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la número 73 de la Cuenta Pública referida.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal al patrimonio del Banco del Bienestar SNC por un monto de 299 millones 195 mil 755 pesos debido a que no se justificaron las erogaciones realizadas en 2018 por la contratación de 647 personas por outsourcing denominado corporativo”’, señala la auditoría.
300
El personal contratado a través del documento DJC-SCC6C.6.06-2015-162 por outsourcing realizó las mismas funciones del personal de estructura de Bansefi.
No todo está perdido. La Auditoría recomendó que el Banco del Bienestar recupere más de 100 millones de pesos en varios procedimientos administrativos, desde robos mediante fianzas hasta pólizas y casos de posible peculado que cometieron los propios empleados bancarios.
El estudio de la ASF apenas abarcó un universo de 2 mil 416 millones de pesos de los más de 8.3 mil millones de pesos de los ingresos reportados por el Banco del Bienestar.
Las unidades administrativas no avalaron la contratación del personal y tampoco se demostró que fuera apto
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) se utilizó el esquema de la subcontratación para contratar a a personal sin contar con autorización de las unidades administrativas y sin revisar a las empresas que prestaban el servicio.
La Dirección General de Recursos Humanos no revisó que las contrataciones fueran de personal especializado.
“Sólo se validó mediante escrito de manifestación bajo protesta de la empresa; no demostraron que informaron trimestralmente al IMSS y al Infonavit sobre los contratos y el convenio celebrados con Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., y Grupo Empresarial Grecopa, S.A. de C.V., y no obtuvieron de estas empresas copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado”, indica la auditoría.
9.7
La Auditoría revisó un universo de 946 millones de pesos que representan el 29.6% del presupuesto ejercido por 3 mil 193 millones, de acuerdo con la información.
Asimismo, hay reporte de contrataciones cuyos servicios jamás se demostraron por un importe de 9.7 millones de pesos para 179 personas que incumplieron con el perfil profesional y no queda testimonio documental de sus servicios.
“Se constató que siete personas contaron con su contrato individual formalizado con la empresa, sin embargo, la dependencia no presentó los documentos que acrediten que prestaron sus servicios del 23 al 30 de abril de 2018, y que se les efectuó los pagos por concepto de sueldos”, expone la información.
100
La recomendación formal de la ASF para la Secretaría del Bienestar es que deje de utilizar el esquema de outsourcing para la contratación de personal.
Mesa por outsourcing ‘No es un dilatador’
Durante la primera mesa de trabajo de alto nivel en materia de subcontratación laboral a la que convocó el Senado, Ricardo Monreal Ávila aclaró que este no es un ejercicio dilatador, sino serio, con plazos, al que nadie se prestaría a una simulación y enfatizó que la intención de los senadores “no es satanizar ni aterrorizar” con la reforma, sino “generar lo más cercano a la justicia social”.
El senador de Morena, Ricardo Monreal auguró que en no más de cuatro sesiones se podría alcanzar un consenso que beneficie al país, porque del respeto a la ley “depende que todos y todas podamos vivir en libertad e igualdad”.
No es interés del Senado satanizar a nadie, ni marginar, perseguir o aterrorizar a persona alguna. Los objetivos de este ejercicio plural es lograr una regulación que no castigue a quien cumple con los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario o no respetar los derechos de los trabajadores
