Panistas encubridores en conflicto de interés
Una empresa representada por un militante del PAN obtuvo un contrato en el 2018 durante la VII Legislatura de la ALDF pese a caer en un conflicto de interés; sin embargo, no ha sido investigada por la Contraloría Interna cuyo titular también es un blanquiazul
David MartínezLa empresa Pegaso Magno, representada por un militante del Partido Acción Nacional (PAN), se vio beneficiada en 2018 con un contrato de 250 mil pesos durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pese a caer en un conflicto de interés.
El acto fue encubierto por la Contraloría Interna, cuyos encargados militan en ese mismo partido político.
La órganos internos de control tienen la tarea de vigilar y en su caso sancionar los malos manejos administrativos por parte de los trabajadores de las entidades del servicio público.
El actual encargado de despacho de la Contraloría Interna del Congreso, antes ALDF, Jorge Real Sánchez, no ha indagado el caso. Tampoco lo hizo su antecesor, Andrés Sánchez Miranda. Ambos son militantes del PAN.
250 mil
Acción Nacional es una de las fuerzas políticas dentro del Congreso y el que sus militantes obtengan contratos corresponde a un conflicto de interés.
La normatividad interna de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México indica que el conflicto de interés es cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial de sus funciones.
El contrato con número de folio 092 en poder de Reporte Índigo, fue firmado en junio de 2018 por adjudicación directa a favor de la empresa Pegaso Magno S.A de C.V, cuyo representante legal es Guillermo Cerda Guillén
Dicho documento tiene como objeto el “Mantenimiento correctivo de los equipos 1 y 2 del aire acondicionado ubicados en el recinto legislativo y al equipo instalado en el Auditorio Benito Juárez ubicado en el inmueble de Plaza de la Constitución Número 7”.
El monto total de los servicios fue de 250 mil pesos y el límite para el término de los trabajos se fijó para el mes de agosto de 2018.
Pegaso Magno, además de ser contratada para dichos labores, fue añadida al padrón de proveedores del año 2018 de la ALDF.
En el padrón aparece Guillermo Cerda Guillén como representante legal, quien está afiliado al PAN en la alcaldía de Tlalpan, según consta en el Registro Nacional de Militantes del blanquiazul.
En 2018, cuando se realizó la contratación, Lucía Juárez Mejía era directora de Quejas y Denuncias de la Subcontraloría de la ALDF; anteriormente, de 2012 a 2015, fue asesora técnica del PAN en el poder legislativo local.
Mientras que Andrés Sánchez Miranda, exdiputado panista, en ese momento se desempeñaba como contralor de la ALDF.
Un excolaborador de ambos personajes, quien prefiere el anonimato por razones de seguridad, afirma que Juárez Mejía y Sánchez Miranda fueron el nexo para que la empresa de Cerda Guillén obtuviera el contrato pese a su militancia en el PAN.
Actualmente, este hecho no es investigado por el órgano de control interno del Congreso, que encabeza Jorge Real Sánchez.
Según el Registro Nacional de Militantes del PAN, Real Sánchez es parte del blanquiazul.
Trabajó de 2015 a 2016 como director de participación ciudadana de la delegación Miguel Hidalgo que gobernó la actual senadora panista, Xóchitl Gálvez, dice la información disponible en el portal de la ahora alcaldía.
Por otra parte, Juárez Mejía y Real Sánchez tienen un vínculo cercano, pues son fundadores de la asociación civil “Plan de Ayuda Real”, de acuerdo con el acta constitutiva a la que tuvo acceso Reporte Índigo.
Dicha asociación civil fue conformada por ambos en septiembre de 2011 y registrada con el número de folio 110926091049.
El testimonio consultado indica que esos vínculos son los que protegen a Cerda Guillén de estar sujeto a una investigación.
Sin embargo, no solo el actual contralor del poder legislativo tiene nexos con el PAN, más allegados del blanquiazul trabajan en el órgano fiscalizador.
Acción Nacional es una de las fuerzas políticas dentro del Congreso y el que sus militantes obtengan contratos corresponde a un conflicto de interés
El 4 de octubre pasado, Reporte Índigo dio a conocer que la Contraloría del Congreso estaba coptada por militantes o excolaboradores de gobiernos panistas.
De 22 fiscalizadores, nueve tienen nexos con el PAN, lo que representa el 40 por ciento del total.
Juárez Mejía en la mira del ASF por conflicto de interés
En 2018, la Institución Romero Mac Gregor, A.C. representada legalmente por Lucía Juárez Mejía, entonces directora de Quejas y Denuncias de la Subcontraloría de la ALDF, fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el presunto desvío de 19 millones pesos durante el 2017.
De dicho monto, también se vio beneficiada Drama, Voz y Movimiento A. C.
Los 19 millones les fueron otorgados como donativos por parte de la Secretaría de Cultura Federal.
Sin embargo, ninguna de las dos asociaciones comprobaron ejercer lo que se les asignó en actividades culturales a las que se comprometieron al obtener el recurso, afirma la auditoría con número de folio 2017-0-48100- 15-0280-2018-280.
Además, la ASF descubrió que ambas asociaciones tenían nexos con las empresas Terrícolas Anónimos S. de R.L. de C.V.; Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V.; y Juca Advertising, S. de R.L, con las adquirieron bienes y servicios.
Entonces, tanto Drama, Voz y Movimiento A. C. como Institución Romero Mac Gregor, A.C., representada legalmente por Juárez Mejía, violaron la ley.
“Constituyó un autobeneficio de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y, por tanto, una infracción a lo establecido en el artículo 30, fracción I, del citado ordenamiento”, señaló la ASF.
Pese a ello, el órgano fiscalizador federal no sancionó a ninguno de los involucrados.
El actual encargado de despacho de la Contraloría Interna del Congreso, antes ALDF, es el panista Jorge Real Sánchez
“Que la Secretaría de Cultura implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que los beneficiarios de los donativos se abstengan de realizar actividades de autobeneficio ncon los recursos otorgados para el desarrollo de sus proyectos autorizados, y para que tengan conocimiento de las sanciones aplicables en caso de que se presente tal situación”, recomendó la ASF.
