Pelean el botín

La política del ex presidente José López Portillo no ha muerto. Es una doctrina que quedó grabada en el colectivo mexicano, pero sobre todo, en la memoria de los legisladores locales.

Para muestra un botón, ya que la prueba viviente se puede palpar en los integrantes de la recién concluida V Legislatura de Asamblea Legislativa del Distrito Federal  (ALDF).

Y es que ellos se dedicaron a honrar la memoria del fallecido jefe del Ejecutivo Federal a través de sus frases más celebres: “Defenderé el peso como un perro”, “No nos volverán a saquear” y “vamos a administrar la abundancia”.

El primero en tomar al pie de la letra la primera de las frases aquí mencionadas, es el ex asambleísta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Norberto Solís Cruz, pero para sí.

Aquí la historia:

En el cierre de la V Legislatura local, Reporte Indigo dio a conocer los detalles de la forma en que los 66 asambleístas se otorgaron el tradicional bono de marcha por un monto de dos millones de pesos cada uno.

Ahí se detalló que la partida autorizada para cada uno de los integrantes de la ALDF anterior, es adicional a las prerrogativas normales que recibieron mes tras mes durante sus tres años de gestión.

Este último detalle provocó la ira del ex diputado Norberto Solís, quien acusó a quien fungió como su coordinador de bancada, Raúl Nava Vega, de quitarle sus prerrogativas ordinarias y extraordinarias.

La acusación no quedó en palabras y por ende, ya presentó una denuncia de hechos ante el órgano colegiado para que éste de vista al Ministerio Público y a las demás instancias competentes en el caso.

Primero presentó una solicitud de información a la Tesorería General de la ALDF, en la cual pidió detalle de las prerrogativas a las que tuvo derecho durante los últimos tres años.

“Por medio de la presente, solicito a usted la siguiente información ya que por acuerdo con la Ley de Transparencia necesito saber de los siguientes conceptos de Prerrogativa de 2009 a 2012 que a continuación le enlisto:

¿Cuánto es lo que recibió el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México?
¿Cuánto me corresponde a mí como integrante de la fracción?

¿En qué fechas se otorgó lo antes mencionado?

Asimismo le comento que me surge la duda porque este mes de julio del año en curso es el primer mes que recibo este apoyo extraordinario por mi labor legislativa”.

En respuesta la Tesorería dijo:

“Con relación a su solicitud de información sobre los recursos otorgados por esta H. Asamblea Legislativa al grupo parlamentario del PVEM le informo que la fracción parlamentaria recibe mensualmente la cantidad de 196 mil 801 pesos por diputado, lo correspondiente por los tres legisladores es 590 mil 403 pesos”.

Y los tres conceptos por los que se entregaron dichos recursos son Prerrogativa Apoyos Servicios Parlamentarios, Prerrogativa Trabajo Legislativo y Prerrogativa Apoyos Extraordinarios Asesorías.

Con esa información, el ex legislador presentó la denuncia de hechos en contra de su coordinador parlamentario, tras asegurar que Nava Vega nunca le entregó los recursos que le destinaron a su persona.

Y a partir de ahí, anunció que presentará las denuncias necesarias para que se le sancione a su compañero de bancada, debido a que desconoce donde terminaron sus prerrogativas.

Por ello pidió que se tenga por presentado en tiempo y forma la querella en contra de Raúl Nava, por los delitos que puedan tipificarse con la conducta dolosa en su agravio.

De acuerdo con Solís Cruz, tampoco obtuvo la liquidación completa del bono de marcha.

A la par, su otro ex compañero –José Alberto Couttolenc– quién dejó su curul meses antes, señaló que él también recibió un recorte a sus prerrogativas y que nunca se pudo enterar la cantidad exacta de recursos que le fueron asignados.

Y en el PAN la situación es similar. El pleito por las prerrogativas fue una constante, ya que los diputados Juan Carlos Zárraga, José Manuel Rendón, Federico Manzo y Guillermo Huerta Ling acusaron a su coordinadora, Mariana Gómez del Campo, de no entregarles sus prerrogativas completas.

En los tres primeros casos, afirmaron que nunca les entregaron sus recursos públicos y Mariana -ahora senadora de la República-, les hizo creer que de las prerrogativas de grupo parlamentario se pagaban los módulos de atención ciudadana, cuando para eso se destinó otra partida de 80 millones de pesos.

El pelito sí ocasionó que Guillermo Huerta abandonara la fracción parlamentaria por los malos manejos de su coordinadora, según sus propias palabras.

Pero para José Manuel Rendón, esta batalla está perdida, ya que no tienen forma de acreditar el monto exacto de las prerrogativas a las que tenían derecho como legisladores.

“Todo está amañado desde la Comisión de Gobierno, este órgano es un cáncer que incluso, se

cree superior al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

En entrevista con esta casa editorial, sostuvo que la opacidad conque se conducen los líderes parlamentarios no tiene límites y es capaz de inventarse programas de becas para repartirse más recursos.

En la edición del pasado 13 de septiembre, Reporte Indigo dio a conocer que para el pago de marcha de los legisladores se utilizaron los 100 millones de pesos que se habían etiquetado para el programa de becas a estudiantes de nivel medio y superior.

Por último, Rendón sostuvo que legalmente no hay forma de pelear los dineros de la ALDF, en cambio los ex coordinadores parlamentarios aseguraron en varias entrevistas que tendrían una política de austeridad.

En la práctica, en las reuniones más complicadas de la Comisión de Gobierno y del Comité de Administración del órgano legislativo se trató el tema del reparto de prerrogativas.

Y es que durante los tres años de la V Legislatura se repartieron más de 700 millones de pesos en puros conceptos depositados a través de cheques nominativos a las cuentas de los diputados.

De acuerdo con una solicitud de información pública, el trato en materia económica de los legisladores nunca fue igualitario, pues había quienes obtenían apenas 150 mil pesos mensuales y otros, como la ex presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, que se adjudicaron cerca de un millón de pesos.