Peligro en bosque el Nixticuil por inmobiliarias

El Gobierno de Zapopan autorizó la construcción de un corredor inmobiliario sobre la zona de amortiguamiento del área natural protegida Bosque El Nixticuil con más de 2 mil 700 nuevas viviendas pese a dictámenes municipales que advierten de daños ecológicos
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El Gobierno de Zapopan autorizó la construcción de seis nuevos desarrollos inmobiliarios que amenazan el área natural protegida del Bosque El Nixticuil, y de los cuales al menos en uno de los proyectos hay constancia de que el propio municipio lo había determinado dañino ambientalmente.

La autorización de este corredor inmobiliario que se asentará sobre lo que hoy es la franja de amortiguamiento de esta área natural protegida llamada oficialmente Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente (Bensedi), fue denunciada y documentada por la organización ciudadana Comité en Defensa del Bosque Nixticuil.

Los seis desarrollos que han obtenido el visto bueno del presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano (MC), y que representarán la llegada de al menos 2 mil 738 nuevas viviendas en colindancia directa con el área natural del Bensedi, son los siguientes, de acuerdo con el Comité: Miralto Residencial, Sotavento Residencial, Vitana Residencial II, Alborada Residencial, Bosques de San José y Reserva Esmeralda.

La franja de transición o amortiguamiento que será impactada por las viviendas tiene por función aminorar la alteración de los ecosistemas del bosque generada por la cercanía de la urbanización

La organización civil que durante años se ha dedicado a la protección de este pulmón natural de la metrópoli de Guadalajara, lamentó que “Mientras públicamente Pablo Lemus se pronuncia a favor de que ‘se declare El Bajío como zona de fragilidad ambiental’, para el cuidado de las ‘áreas verdes’ y los mantos freáticos en el bosque La Primavera, en el bosque El Nixticuil, ha estado aprobando la destrucción de zonas boscosas y agrícolas que forman parte de la única franja de transición que existe entre esta Área Natural Protegida y la ciudad”.

Esta franja de transición o amortiguamiento que será impactada por las viviendas, recordó el Comité, tiene por función “aminorar la alteración de los ecosistemas del bosque generada por la cercanía de la urbanización, es decir, de las casas, los drenajes, el alumbrado público, el ruido y contaminación vehicular, la impermeabilización de suelos, entre otras cosas”.

Con sus investigaciones, el Comité en Defensa del Bosque descubrió que las inmobiliarias que están detrás de este nuevo corredor habitacional son dueñas de una superficie de 49.43 hectáreas, y que de estas serán urbanizadas 38.33 hectáreas, pues las 11.1 hectáreas restantes se encuentran completamente inmersas en el polígono protegido del Bensedi.

Lo anterior denota que las más de 2 mil 700 nuevas viviendas autorizadas por el gobierno de Lemus Navarro estarán en interacción directa con esta área natural.

Proyecto rechazado

El desarrollo habitacional de Vitana Residencial II, uno de los seis que fueron autorizados por el Gobierno de Zapopan junto al Bensedi, había sido determinado inviable ambientalmente por la Dirección de Medio Ambiente del municipio en el 2018, según consta en documentación oficial.

El 19 de febrero de 2018 el titular de esta Dirección, Alfredo Martin Ochoa, emitió el dictamen 1800/2018/151 donde plasmó sus conclusiones tras valorar la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, y en las que advierte que viola el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Zapopan (POETZ) y el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado (MOET).

“Esta autoridad determina que el proyecto ‘Vitana Residencial II’ (…) no es viable en materia ambiental, debido a que no cumple con lo establecido en los siguientes instrumentos jurídicos: con el POETZ, debido a que la UGA (Unidad de Gestión Ambiental) ‘IV_12_AH_C’ es incompatible con los usos habitacional y comercios; con el MOET debido a que el proyecto contempla 65.2 viviendas/ha, mientras que el Modelo establece 4 viviendas/ha”.

“Asimismo, se generarán en la zona del proyecto impactos tales como contaminación lumínica, auditiva, afectaciones a los recursos hidrológicos, a la flora y fauna, así como el incremento de incendios forestales, entre otros, que afectarían de forma directa el equilibrio ecológico del Área de Protección de Recursos Naturales y de Protección Hidrológica, Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente (Bensedi)”.

Sin embargo, el Comité documentó que ya goza de licencias de Urbanización (del 24 de agosto de 2018) y de Edificación (del 23 de enero de 2019), y de una autorización condicionada en Impacto Ambiental (del 19 de diciembre de 2018).

Riesgo de invasión en El Nixticuil

El Comité Salvabosque expresó su preocupación debido a que, de acuerdo con su análisis, el Gobierno de Zapopan no ha ofrecido garantías suficientes de que estos nuevos desarrollos no invadirán el polígono protegido del Bensedi, considerando que 11.1 hectáreas están dentro del mismo.

De esta fracción al interior del Bensedi, señala la organización, 6.7 hectáreas están en el predio del proyecto Vitana II y 4.40 hectáreas en el de Alborada.

“Aunque en las autorizaciones y licencias no se contempla la construcción sobre éstas (11.1 hectáreas), no hay certeza de que esto no ocurra en el futuro. En el caso de la Manifestación de Impacto Ambiental de Alborada se habla de destinar al municipio las 4.40 hectáreas como áreas de cesión para destinos, sin embargo, no hay certeza jurídica de tal acto; en el caso de Vitana II, el destino de la superficie del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque El Nixticuil es aún más incierto pues ni siquiera se señala la posible cesión del área al municipio”.

La organización exigió la revocación inmediata y definitiva de todas las licencias de urbanización que han sido otorgadas por el Gobierno de Zapopan para estos desarrollos inmobiliarios, así como la reparación de los daños ambientales que pudieran haberse generado al momento.

De igual forma, responsabilizó de las afectaciones que puedan causarse al Bensedi a los siguientes funcionarios del alcalde Lemus Navarro: Ismael Jauregui Castañeda, director de Obras Públicas; Juan Luis Sube Ramírez, director de Medio Ambiente; y Jorge García Juárez, director de Ordenamiento del Territorio.

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