Pemex Jalisco: sin combate a los infiltrados

El control que ejerce el crimen organizado en Jalisco sobre la sustracción y distribución ilegal de hidrocarburos, y que se ha expresado, inclusive, en ataques directos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no ha sido combatido en el estado con una estrategia anticorrupción al seno de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

La misma Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que la operación de los grupos criminales para sustraer los productos de Pemex requiere necesariamente de la obtención de información interna de la empresa para conocer no sólo la ubicación exacta de la red de ductos, también particularidades como los horarios en que son distribuidos los distintos materiales a través de sus poliductos. 

Son varios los indicadores que colocan claramente a Jalisco como una de las entidades federativas más importantes en el mercado ilegal de los hidrocarburos.

Y sin embargo, no existen registros de ningún trabajador de Pemex en el estado, de cualquier jerarquía, que haya sido sancionado por su involucramiento en estos actos ilícitos, según los archivos del Órgano Interno de Control de la petrolera que fueron obtenidos por Reporte Indigo.

Jalisco tiene la incidencia más alta del país en la detección de los combustibles que fueron previamente sustraídos a Pemex.

Lo que apunta a su condición como una de los entidades con la mayor distribución y comercialización ilegal de estos productos, hallados, por generalidad, tanto en camiones cisterna durante su transportación, como en grandes tanques de almacenamiento, o inclusive en pequeños bidones. 

El Estado registró 549 averiguaciones previas por tenencia de combustibles robados a Pemex en el periodo del 2007 al 2013, la mitad de todas las que emprendió la PGR a nivel nacional (mil 73).

A pesar de ello, de los 178 trabajadores de Pemex que fueron investigados por su Órgano Interno de Control a nivel nacional, del 2007 al 2014, por su involucramiento en el robo de hidrocarburos -sustrayéndolos directamente o mediante otras acciones, como la provisión de información a grupos delincuenciales-, ninguno de ellos estaba asignado al estado de Jalisco. 

Por eso el suceso del 19 de julio pasado, cuando 19 choferes de Pemex y dos empleados de confianza fueron detenidos en el municipio de El Salto por personal de su área de Seguridad Física, bajo sospecha de su participación en estas actividades ilícitas, parecía sentar un precedente relevante en Jalisco para el combate a la corrupción en la empresa. 

Sin embargo, aunque la PGR en su delegación Jalisco halló con sus investigaciones elementos de prueba suficientes para consignar el caso ante un juez federal por asociación delictuosa y la sustracción de hidrocarburo, el juzgador terminó liberándolos al no hallar sustento en la acusación del Ministerio Público. 

Al seno de Pemex

Las pesquisas que ha desarrollado el Órgano Interno de Control de Pemex sobre la actuación de sus trabajadores, muestran que la participación de éstos en la sustracción ilegal de combustibles no se da únicamente vendiendo información sensible de la petrolera, también brindando protección desde su seno a los grupos criminales. 

Dicho Órgano, dependiente de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, ha emprendido indagatorias por la “presunta obtención de beneficios adicionales al vender información confidencial (tomas clandestinas)”, según la respuesta de la dependencia. 

Pero otros integrantes de Pemex, abona, se estarían encargando de entorpecer la reacción de la autoridad ante la detección de ductos intervenidos para su “ordeña”, lo que les permite ganar tiempo a las células del crimen organizado:

“La conducta que se le atribuye consiste en que presuntamente omitió reportar a las áreas correspondientes indicios de toma clandestina que agentes de seguridad le reportaron, y que encontraron en sus recorridos de vigilancia”, dice el documento sobre uno de los casos. 

Luego de que dos policías investigadores de la Fiscalía General de Jalisco fueran asesinados el 29 de julio, en Tlajomulco, tras detener a una pipa cargada con combustible robado y dejar escapar a los detenidos –en espera de una dádiva, según la versión oficial-, su titular, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, lanzó críticas contra Pemex. 

“Viene la gente de Pemex y nos dice ‘es tu responsabilidad’, oye, espérame, creo que es responsabilidad de todos, y si la gente de Pemex tiene la información, tiene la inteligencia, tiene la tecnología –porque nos presume ‘es que yo sé en qué momento están haciendo una perforación’- pues infórmame para yo poder mover personal, o te contacto con alguna persona y me dicen ‘sí, yo te informo’

“Pero es fecha, después de varios meses en que nos hace ese comentario y en que nadie de la Ciudad de México se ha acercado y nos ha dicho cómo vamos a trabajar este tema (…) nosotros estamos poniendo los cadáveres, ellos sí se están quejando, pero que nos ayuden”, consignó el fiscal al diario Milenio el 31 de julio. 

La carencia de investigaciones anticorrupción contra el personal de Pemex asentado en Jalisco tiende a reforzar el señalamiento del fiscal, con respecto a esta inactividad de instancias federales en la problemática. 

Las cinco entidades federativas con más pesquisas sobre los trabajadores de Pemex por hechos de esta naturaleza son: Tamaulipas, con 29 casos; Hidalgo, con 25; Nuevo León, con 17; Chihuahua, con 11, y Guanajuato, en quinto lugar, con siete. Concentran, por tanto, la mitad de todas las que el Órgano interno desarrolló en el país, en el periodo citado. Hasta marzo del 2014 Jalisco aparecía con cero. 

Mientras tanto, y de acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), el crimen organizado extorsiona a los propietarios de la mitad de las estaciones de servicio fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (un aspecto soslayado por la Fiscalía local) para utilizarlos como canal de venta, asegurándose así ingresos mensuales por 600 millones de pesos por la comercialización de gasolina robada, cerca de 7 mil 200 millones de pesos anuales, según el grupo de empresarios.

Choferes investigados

Si son pocos los trabajadores de Pemex a nivel nacional que han sido investigados por conductas relacionadas con la sustracción ilegal de hidrocarburos (la plantilla de la petrolera es de 155 mil), los que han recibido una sanción al término de los procedimientos de responsabilidad en su contra son apenas unos cuantos. 

De las 178 investigaciones que da cuenta el Órgano Interno, sólo precisa algún tipo de sanción para 26 de ellos (15 por ciento), que se desglosan de esta manera: cuatro amonestaciones públicas, 15 suspensiones –dos de éstas por 30 días- y siete inhabilitaciones. 

Los choferes de las pipas de Pemex son, de hecho, los más indagados al interior de la empresa por su involucramiento en estos robos, según los archivos del Órgano Interno de Control. 

De todas las investigaciones que fueron abiertas por esta causa, en 37 ocasiones se emprendieron en contra de choferes –y sus ayudantes- (21 por ciento); otras 36 se realizaron contra trabajadores que desempeñaban distintas actividades operativas en las instalaciones de Pemex, desde ingenieros hasta porteros, obreros, bomberos y auxiliares, básicamente. 

También hubo 11 vigilantes investigados por este tipo de hechos, el resto de las indagatorias que fueron especificadas por el Órgano Interno de Control con respecto al cargo que ostentaba el trabajador, fueron para elementos de mayor rango (19), como gerentes, supervisores, coordinadores, y jefes de departamento, sección y área.