Pemex no debe pagar daños ambientales provocados por robo de combustible

Pemex no debe hacerse responsable de la reparación del dalo ambiental provocado por las tomas clandestinas de hidrocarburos que en diversas zonas del país, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación este miércoles.

Los ministros de la Segunda ampararon a la empresa mexicana y determinaron que sea el Estado el que, subsidiariamente, concrete las acciones de remediación del daño en los sitios contaminados cuando no hay detenidos por ese ilícito.

Para la mayoría de ministros, pretender que Pemex sea responsable por los daños ocasionados por la ordeña de ductos, sería tanto como trasladar la responsabilidad que en materia de seguridad pública tienen la Federación, las entidades federativas y los municipios.

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De ahí que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estará facultado para realizar, subsidiariamente, la reparación inmediata de los daños ocasionados en el medio ambiente, con cargo al fondo previsto en la propia ley.

Incluso, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, las tomas clandestinas actualizan la obligación de las autoridades de seguridad pública de prevenir la comisión del delito y, en caso de que éste haya sido concretado, realizar la investigación y persecución de los responsables.

Ello, toda vez que “no nos encontramos ante un derrame de residuos genérico, sino ante un derrame que tiene como origen la comisión de un delito, cuya prevención e investigación no compete a Petróleos Mexicanos, sino a las instancias correspondientes de seguridad pública”, señalaron.

Investigaciones de Reporte Índigo señalan que en los primeros cuatro meses del año se reportaron más de la mitad de las tomas clandestinas con derrames que el año anterior. De enero a abril, se contabilizan mil 135, en tanto que en todo 2016 hubo 2 mil 26 tomas clandestinas “no herméticas”.

De las mil 135 tomas clandestinas con derrames en lo que va del año el estado que encabeza la lista es Guanajuato, estado en el que la delincuencia ha ocasionado 408 derrames en tomas clandestinas. El municipio con más casos es Irapuato.