Penales S.A.

José Manuel Mireles, exlíder y fundador de las autodefensas en Michoacán está preso en Hermosillo, el primer centro penitenciario federal construido con inversión publica y privada.

Durante la administración de Felipe Calderón, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entregó proyectos de obras a seis empresas privadas para que, bajo la figura de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), se hicieran cargo de la administración de las cárceles del país.

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 fue inaugurado por el expresidente Felipe Calderón el 2 de octubre del 2012, como parte de lo que prometió sería un proyecto transformación del Sistema Penitenciario Federal y fortalecimiento de la seguridad en el país.

Este prototipo penitenciario se presumió como “un proceso de cambio de largo alcance, que involucra simultáneamente al Estado y a la sociedad mexicana”, de acuerdo a las palabras de García Luna. 

Dicho de otro modo, busca dejar la administración de las nuevas cárceles federales y la readaptación social de los reos en manos de la iniciativa privada.

“El nuevo modelo penitenciario se basa en sistemas de inteligencia para el control carcelario e infraestructura, tecnología y sistemas de seguridad para la custodia y la formación de personal penitenciario”, mencionó el funcionario durante la apertura.

Las empresas ICA, Prodemex, GIA, Homex, Tradeco y Arendal –las consentidas de su administración- fueron las elegidas por la Federación para llevar a buen puerto el proyecto de comercialización de la readaptación social.

Sin embargo, apenas un año después de la vanguardista inauguración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que habían detectado “serias irregularidades” en el penal de Hermosillo.

La investigación hecha por la Comisión señaló que el costo diario para la atención de un reo en ese lugar es de mil 670 pesos, en contraste con los 150 pesos que cuesta mantener a un preso en una cárcel estatal o los 390 que cuesta en una federal.

“Estos nuevos penales son costosos e impagables”, dijo en su momento el tercer visitador general de la CNDH, Guillermo Aguirre Aguilar. 

Destacó que los elevados costos de su manutención son injustificables e inaceptables, pues a pesar del elevado gasto, el penal presentaba deficiencias incluso más graves que las encontradas en otras cárceles del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la inversión privada en los nuevos penales federales fue de 32 mil 822 millones de pesos.

La adjudicación se hizo por 22 años, y el proyecto fue diseñado por Protego Asesores, empresa del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

Las mismas de siempre

La propuesta de entregar construcción y operación de las cárceles federales a la iniciativa privada por parte de la administración de Felipe Calderón tuvo como argumento principal, la falta de capacidad del Gobierno Federal para solventarlas.

La manutención de los reclusos es demasiado cara, señalaron. 

El entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entregó entonces proyectos de obras por más de 32 mil millones de pesos a las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora y Edificadora GIA, S.A de C.V, Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), Homex, Tradeco y Arendal, las que a través de empresas subsidiarias recibieron 162 contratos de prestación de servicios con vigencia de 22 años.

Aquí un dato curioso: ICA pertenece a Bernardo Quintana Isaac, cuyo inversionista estrella es Carlos Slim; GIA es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas; Prodemex, es de Antonio Boullosa Madrazo y Olegario Vázquez Raña; Homex, está encabezada por Eustaquio de Nicolás, uno de los líderes del mercado de la construcción de vivienda; Tradeco, está al mando de Federico Martínez Salas, exfuncionario de Pemex, y Arendal, de José de Jesús García Vázquez. 

Los servicios que se desentralizaron dentro de los penales federales, para ser manejados por empresas particulares -con cobro directo a los reos- son los relativos a la alimentación, servicio médico, mantenimiento, servicios de esparcimiento y lavandería. 

El nuevo modelo penitenciario establece que la vigilancia en los penales se mantiene a cargo del Gobierno Federal.

Actualmente la población de reos federales supera los 63 mil internos, lo que representaría un gasto diario en promedio de más de un millón 700 mil dólares. 

El proyecto calcula que, con el ingreso de particulares en la prestación de servicios a los presos, la Federación se ahorrará casi el 30 por ciento de los gastos de operación en los Ceferesos.

En este sexenio, el Gobierno Federal pretende construir otros siete centros penitenciarios, con lo que la cifra total de Ceferesos llegaría a 20. 

Las cárceles se edificarán bajo el esquema del nuevo modelo penitenciario con participación directa de empresas privadas en la construcción y en la prestación de los servicios.

Michoacán, el primer generador de reos

En menos de seis meses, el estado de Michoacán se colocó en el primer lugar nacional de aportación de reos al sistema penitenciario nacional. 

De enero a junio del 2014, las Fuerzas Federales -que ingresaron a la entidad para restablecer el estado de derecho- han logrado la detención 3 mil 129 personas.

Hasta el momento, ninguno de esos reos ha sido sujeto a sentencia. La mayoría continúan a la espera del dictamen jurídico que habrá de determinar si son o no responsables de los hechos imputados. 

Casi el 90 por ciento de los procesados michoacanos son acusados de delitos graves como delincuencia organizada, fomento al narcotráfico y/o portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Solo el 10 por ciento de los detenidos en Michoacán son procesados por delitos del fuero común, pero a pesar de ello, se les mantiene en cárceles federales dada la naturaleza criminal que ha sido catalogada por los jueces que conocen de esos procesos, sobre todo por haber sido detenidos por la Marina y el Ejército.

Cada uno de los reos insertados en las cárceles administradas por la iniciativa privada representa un gasto, el cual es costeado por su familia, dado que el interno tiene que pagar su manutención dentro de la cárcel. 

Las cárceles estatales, peor

Frente a la privatización de las cárceles federales –con el consecuente cargo económico para las familias- las cárceles estatales no representan alternativa para salvar el modelo penitenciario nacional ha prevalecido.

Los autogobiernos y control de mafias han hecho de los penales locales verdaderos centros de riesgo para los nuevos internos.

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al menos en 65 cárceles estatales se tienen registrados sistemas de autogobierno, ahí los reos han rebasado la autoridad oficial y ellos son la ley. 

De los 315 penales estatales que operan en todo el país más del 70 por ciento tiene sobrepoblación, lo que, de acuerdo a la CNDH,  ha generado que los conflictos y riñas entre internos vayan a la alza. 

Solo el año pasado se registraron 110 conflictos carcelarios derivados de pleitos entre reos por el control de penales. En 43 casos, los desmanes comenzaron por disputas de comida.

Penales en la ciudad

Apenas el comisionado federal Alfredo Castillo anunció la necesidad de construir un nuevo centro penal en Michoacán -apegado al nuevo sistema penitenciario- el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán (CEDH) dijo que al menos dos reclusorios en la entidad se deben cerrar pues carecen de condiciones adecuadas para su operación.

José María Cázares Solórzano señaló los Centros de Readaptación Social “Francisco J. Múgica” de Morelia, así como el de Cereso de Uruapan, en donde estimó que deficiencias de infraestructura y funcionamiento general los hace inoperantes.

Michoacán tiene 24 cárceles estatales de las que al menos 14 se encuentran en zonas pobladas, incluidas algunas que están en el primer cuadro urbano.

Los centros penitenciario no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad ni de readaptación social de los internos. En esas condiciones se encuentran al menos 12 por ciento de las cárceles locales de todo el país.