El perdón no debe significar impunidad, aclara Luis Raúl González Pérez

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se refirió a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, para tratar de pacificar al país y dijo que la política que se debe implementar necesita escuchar a las víctimas además de que el tema del perdón no debe significar impunidad.

“Nosotros creemos que cualquier política que se implementa debe tener como atención las víctimas de delitos, de violaciones a derechos humanos; lo que han enfrentado; se tiene que tomar su parecer; se tiene que escucharles, y las víctimas lo que están reclamando es conocer la realidad, qué aconteció, y desde luego acceso a la justicia; y que cualquier expresión de perdón que ellas pudieran otorgar, lo han dicho muy claro, no debe de traducirse en impunidad”, explicó tras un foro en el Senado.

González Pérez se refirió al término de justicia transicional, el cual ya ha sido mencionado por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y dijo que es con el que se debe construir la paz y generar condiciones para tratar de pacificar a México.

“Debemos de tener claro que se debe buscar la compatibilización entre el derecho de las víctimas a la verdad y ese acceso a la justicia, y la rendición de cuentas por parte de quienes cometieron estas conductas”, agregó el presidente de la CNDH.

Tras su participación el el Foro Retos y Desafíos para la Igualdad Sustantiva, Pase de Estafeta, en el Senado de la República, también se refirió a lo ocurrido en Tlatlaya, donde dijo que la CNDH coincide con la resolución del juez donde pidió que se corrigieran los errores en la investigación.

“Porque una de las desestimaciones que hizo el Juez fue que eran contradictorias las declaraciones de estas dos damas, pero por eso es importante que se conozca que hubo tortura en ese caso, y por eso, pues se regresa el proceso, y se fortalezca”, dijo.
También agregó que entre las recomendaciones que emitió el órgano que encabeza fue que se investigue administrativa y penalmente a los funcionarios quienes hubiesen incurrido en estas circunstancias de violación a derechos humanos en contra de las personas que ahí fallecieron.

“Yo he señalado que hay una debilidad institucional en la procuración de justicia, y estos son los resultados de esa debilidad institucional”, concluyó González Pérez.