La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) marcó el inicio de un peregrinaje sin fin para las mujeres con cáncer.
Durante su caminar, no sólo se han encontrado con miles de trabas, también han perdido a muchas integrantes y las esperanzas que tenían depositadas en las promesas del Gobierno federal, en especial, de las autoridades de salud.
“Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la desaparición del Seguro Popular, programa que nos permitía recibir atención médica de manera gratuita, nos aseguraron que las cosas se mantendrían igual, incluso que mejorarían, pero no fue así.
Por lo menos 300 mujeres que sufrimos de algún tipo de cáncer y estábamos en tratamiento en la CDMX quedamos desamparadas. Hoy, de ese total, han fallecido 10 y no por la enfermedad, sino por falta de tratamiento; y por lo menos otras 50 no han conseguido un hospital donde continuar con su tratamiento de manera gratuita. El resto hemos tenido que asumir los costos de los tratamientos y medicinas, para el cual no siempre nos alcanza, por nuestra cuenta
Problema generalizado
Esta situación de la falta de atención médica a las mujeres que sufren de cáncer no es exclusiva de uno o dos estados de la República. Se extiende por todo el territorio mexicano afectando a miles de personas cuya vida y salud dependen de una serie de tratamientos y servicios que les han sido negados por el Estado y que además constituyen un derecho fundamental: el acceso a servicios de salud de calidad y de forma gratuita.
Myrna Solano, una de las principales luchadoras contra esta situación, y quien reside en Monterrey, Nuevo León, es la prueba de que la falta de atención a este sector vulnerable de la población es una problemática a nivel federal.
“Este peregrinaje para poder seguir con nuestro tratamiento cuando eliminaron el Seguro Popular ya le costó la vida a 23 mujeres aquí en Monterrey y ni así las autoridades nos han atendido. Y tenemos conocimiento de muchos otros casos en las mismas condiciones en estados como Puebla, Querétaro y Coahuila solo por mencionar unos cuantos”, relata Myrna Solano, dirigente de la organización Mujeres Fuertes y del grupo de ayuda XTiXmiXnosotras.
Por su parte, Ari Tapia, quien también reside en el estado del norte del país y asegura que no descansará hasta hacer valer sus derechos constitucionales, explica que en Monterrey el problema es especialmente complicado porque el gobernador de la entidad tomó la decisión de no afiliarse al Insabi, lo que ha convertido la obtención de recursos para atender a las mujeres con cáncer en un calvario.
“En un intento por recibir la atención que merecemos y de que se respeten nuestros derechos enmarcados en la Constitución, metimos 25 amparos para tratar de obligar al hospital privado que antes nos atendía gracias al Seguro Popular, a continuar con nuestros tratamientos, sin embargo, lo único que hemos obtenido son falta de respuestas y negativas”.
Tapia cuenta que incluso acudieron a la Comisión de Derechos Humanos a principios de año para que las apoyaran, sin embargo obtuvieron una respuesta apenas hace unas semanas y no fue favorable.
Marchar para ser escuchadas, pacientes con cáncer
Cuando agotaron todas las formalidades ante las autoridades y al ver que seguían siendo ignoradas y sus cuerpos no dejaban de deteriorase por la falta de atención y medicamentos, decidieron salir a las calles a marchar para ver si así lograban obtener algún resultado.
“Nos organizamos y a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, decidimos manifestarnos en frente de Palacio Nacional.
“Así fue como nos atendieron las autoridades de salud federales, incluso tuvimos una reunión a puerta cerrada con el Dr. Adalberto Javier Santaella Solís, director General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y con otros de los doctores que forman parte de la estructura del Insabi.
“Ahí ellos nos prometieron que se le daría continuidad a todos nuestros tratamientos de forma gratuita, tal cual como sucedía con el Seguro Popular, sin embargo, sus compromisos se quedaron solo en palabras, pues al día de hoy no han cumplido y nosotras seguimos muriendo”, relata Myrna Solano.
Retraso histórico
Las consecuencias que ha traído consigo el deficiente cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, sumado a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19, han generado un atraso en la calidad de los servicios de salud que brinda el Estado de por lo menos 30 años, asegura Ari Tapia.
“Antes estábamos perfectamente cubiertas. Se nos daban nuestros tratamientos, nuestras medicinas, sabíamos cuándo y a dónde acudir a las citas con los doctores. Hoy reinan la confusión, la corrupción y la falta de servicios”.
