Persiste la barrera de la impunidad

A convocatoria del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) diversas instituciones académicas y de la sociedad civil se dieron cita para discutir la propuesta de ley contra la tortura, que en la actualidad se negocia con el afán de promulgarla en 15 entidades y crear una plataforma similar para todo el país.

Las reflexiones más importantes que tuvieron lugar ayer en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fueron de carácter normativo, pero también de diseño institucional y de mecanismos de control.

Se consensuó la necesidad de profundizar y mejorar la propuesta normativa en lo referente a los mecanismos que definen a la tortura y los mecanismos de control para actuar con celeridad ante una denuncia de esta índole.

La discusión jurídica arrojó la necesidad de consolidar un paquete de reformas para que no solo la ley modelo contra la tortura sino también un conjunto de productos de reforma institucional se contemplen a manera de una propuesta miscelánea “donde haya leyes, pero también procedimientos, protocolos, registro de información, y un conjunto de instrumentos que la propia Campaña Nacional Contra la Tortura está proponiendo”, indica Ernesto López-Portillo.

El director del Insyde apunta en entrevista con Reporte Indigo que el objetivo es generar un paquete que acompañe a la propia iniciativa con propuestas que vayan más allá del tema normativo.

Uno de los temas más importantes en la discusión de ayer versó sobre la impunidad en la tortura. 

En representación de la Open Society Foundation, Inna Zoon, habló sobre algunas experiencias en Asia y Europa del Este que refieren casos de impunidad similares a los que ocurren en México. Ello confirma, una y otra vez, que la tortura es un delito usualmente solapado por las autoridades lo cual constituye el problema más grave.

Son ellas las que, según López-Portillo, están obligadas a investigar los hechos de tortura y que muchas veces la ejecutan de acuerdo con el conversatorio celebrado al sur de la capital. Ello entraña el desafío primordial.

No está claro, señala el especialista, qué tipo de mecanismos se tienen que generar para, por ejemplo, asegurar la aplicación del Protocolo de Estambul, el instrumento internacional para revisar el estado de salud de una persona cuando se presume un hecho de tortura.

“Nos preocupa que el diseño normativo, los protocolos de uso de la fuerza, los registros de detención, las capacitaciones a distancia, todo esto que estamos generando en la campaña, se confronte también con la barrera de la impunidad”, dice.

En este sentido, el experto resalta el caso que Zoon refirió: un instrumento generado en Jamaica –la Comisión Permanente de Investigación– que se aboca a indagar lesiones u homicidios cometidos por la policía. Al parecer, esta autoridad independiente está reduciendo los homicidios en ese país de forma considerable. 

En México, el Insyde promueve una figura similar, llamada “Supervisores Independientes”, que se encargarían de hacer las investigaciones para que la policía no se investigue a sí misma.

Lo cierto es que una de las posibles soluciones que el mundo explora y que en nuestro país se está empujando con mucha más fuerza es la independencia de los servicios periciales.

Esa fue una de las conclusiones principales del conversatorio celebrado ayer en la Ciudad de México dado que “la contaminación por parte de la policía y los fiscales, sobre quienes hacen los estudios periciales, inhabilita el proceso de investigación y crea impunidad”.

El diagnóstico en el fuero federal mexicano no es alentador: seguimos sin sentencia alguna contra tortura, la impunidad crece, las denuncias se siguen multiplicando y el sistema de justicia penal no reacciona.

Por lo pronto, se trabajará en incorporar varias observaciones a la propuesta de ley modelo contra la tortura y discusiones en el norte, el sur y el sureste del país proseguirán, impulsando el modelo normativo que se sigue perfeccionando.

Los tiempos programados siguen corriendo: para 2014 se debe concretar la reforma normativa y la puesta en marcha de los protocolos, registros de información y sistemas de capacitación antes mencionados en 15 estados de la República.

“Estamos viendo una ventana de oportunidad”, reconoce López Portillo. Y agrega: “Lo que no podemos anticipar es que en la vía de las prácticas, estas capacitaciones, esta reforma legal y estos nuevos diseños legales se vean respaldados política e institucionalmente”.

De ahí la importancia del rol que jugará la sociedad civil, que debe incrementar su capacidades técnicas y de litigio para que las autoridades avancen a la velocidad que México requiere.