En medio de un ríspido debate y protestas de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó con 272 votos a favor y 116 en contra, la procedencia de la consulta popular solicitada por el Presidente de la República, para esclarecer conductas ejercidas en el pasado por expresidentes.
Luego de ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, solicitó darle forma de decreto a la consulta popular, se publique en el Diario Oficial y se notifique al Instituto Nacional Electoral.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera, indicó que esa instancia consideró procedente la petición señalada, con la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Resuelve que la materia de la consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional”, por lo que es pertinente convocar a los ciudadanos a salir a las urnas a participar en la consulta que se llevará a cabo el primer domingo del mes de agosto del 2021, y emitir la convocatoria al ejercicio que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE), agregó Barrera Badillo.
#ÚltimaHora Con 272 votos a favor, 116 en contra, 0 abstenciones se aprueba dictamen que resuelve procedencia y trascendencia de la petición de #ConsultaPopular presentada por el Presidente de la República y se expide Convocatoria de Consulta Popular. https://t.co/8oAa3SP4JU
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 22, 2020
Durante la discusión, las bancadas del PRD, Movimiento ciudadano, PRI y PAN, afirmaron que se trata de un acto que tiene un trasfondo político con el fin de mantener el nombre del Primer Mandatario en las boletas y no perder la mayoría en el Congreso.
Manifestaron que el planteamiento del Presidente e incluso las adecuaciones de la Corte a la pregunta formulada, son inconstitucionales, son innecesarios y generarán un gasto millonario al país.
Emplazaron al gobierno federal que si hay pruebas que se presenten, se hagan las denuncias ante la Fiscalía General de la República, se investiguen y, en su caso, se sancione conforme a derecho, así se ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo y se acabaría el circo.
El panista Felipe Macías, quien subió a tribuna con un grupo de legisladores de su bancada con caretas con el rostro del presidente López Obrador como señal de corrupción del actual régimen, aclaró que su partido no busca proteger a nadie, pero si la gente reclama juicio penal a los corruptos del pasado también exige castigo a los del actual gobierno en el que hay muchos, como Bartlett y Pio López Obrador.
“Por supuesto que estamos a favor de que se sancione a cualquier persona que haya cometido un delito, en el pasado y en el presente. Y si hay pruebas contra Peña Nieto, Calderón o contra quien sea, presente las denuncias ya, no hay absolutamente nada que consultar. La gente quiere investigación, quiere sanciones a los delincuentes del pasado, pero también los del presente, de Bartlett, del hijo de Bartlett, de la Conade, de la SFP, las aportaciones misteriosas en sobres de Chiapas, pero de eso ustedes no dicen ni Pío”.
El priista Cruz Roa puso en entredicho la constitucionalidad de la consulta popular declarada por la Suprema Corte de Justicia y afirmó que los participantes en dicho ejercicio se convertirán en un tribunal popular a modo.
“Con la celebración de dicha consulta se estaría prejuzgando sobre la culpabilidad de los imputados, si de existir causa penal, abierta y sus participantes se convertirían en un tribunal popular hecho a modo”, dijo.
Enrique Ochoa Reza, también del PRI, sostuvo que la justicia penal no se consulta porque así se establece en los artículos 20 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El priista enfatizó que en ningún país se somete a consulta la justicia penal.
Por su parte, la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer señaló: “A perder la mayoría que hoy tienen en el Congreso y en los estados, es a lo que Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo, pavor, por lo que quiere imponer su voluntad pisoteando los derechos humanos de las instituciones y la Constitución. Eso es lo que se busca, seguir manipulando un proceso para seguir haciendo campaña desde Palacio Nacional”.
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El vicecoordinador petista, Benjamín Robles, aseveró que “mienten” los legisladores de oposición que califican como inútil la consulta por no ser vinculante.
Recordó que podría tener efectos legales, si el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, participan y se pronuncian a favor.
Pablo Gómez Álvarez, de Morena, señaló que los viejos partidos siempre quisieron negar la oportunidad de realizar una consulta ciudadana.
Pablo Gómez expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió que la ciudadanía no solo tiene derecho a ir a las urnas a votar sino también a decidir.
