La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos suscitados en el Penal de Topo Chico y exigió al gobierno a investigar y emitir las sanciones a los culpables.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, estado de Nuevo León, México, en los que 49 personas perdieron la vida, y 12 resultaron heridas.
“La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables”, detalla la carta dada a conocer ayer por el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La noche del miércoles 9 y madrugada del jueves 10 de febrero, se desató un motín en el Penal de Topo Chico, localizado en la ciudad de Monterrey, en donde, por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia, resultaron muertos 49 internos y 12 más tienen lesiones de gravedad.
La CIDH hizo un llamado al Estado mexicano para que investigue los hechos que se dieron en el Penal de Topo Chico, el cual fue concebido para albergar a 3 mil 685 presos y hasta diciembre de 2015 su población era de 3 mil 965.
“La Comisión Interamericana llama al Estado mexicano a continuar con la investigación de estos hechos, y recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia”, señala la CIDH.
Y añade que se debe de investigar a todos los involucrados, en todos los niveles.
“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión”.
Urgió al gobierno mexicano a modificar las condiciones en las que se encuentra el reclusorio y modificar las medidas utilizadas.
“En este sentido, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma”, describe el informe.
