Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek fueron electos como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ambos candidatos consiguieron los votos del PRI, el PAN y el PVEM para hacerse con los lugares que dejaron disponibles los ministros en retiro Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
El PRI y el PVEM tenían un acuerdo para impulsar a los dos candidatos desde hace varios días.
El debate estuvo al interior de la bancada del PAN. Algunos senadores habían expresado su apoyo a Álvaro Castro, uno de los candidatos de la terna, y dudaban de acompañar al PRD en el voto en contra a la terna de mujeres.
Castro era apoyado por algunos senadores cercanos al expresidente Felipe Calderón, pues trabajó como subsecretario del Trabajo durante su sexenio.
Finalmente, en una reunión de un par de horas que se llevó a cabo en total privacidad entre los senadores del albiazul, se decidió acompañar al PRI y al PVEM en su elección de ministros.
La bancada del PRD decidió en su reunión plenaria no apoyar a ninguna de las dos ternas, pues consideraron que se enviaron a modo.
Los perredistas rechazaron la terna de mujeres, que sustituiría a Sánchez Cordero, por considerar que no tenían el nivel necesario para ocupar el cargo.
La terna de hombres fue rechazada por los perredistas por considerar que su trabajo en el Ejecutivo podría restarles independencia en el máximo tribunal.
Finalmente, de los 111 votos, Norma Piña fue electa por 79 sufragios emitidos en secreto; y Javier Laynez fue avalado con 81.
Los nuevos ministros tomaron protesta ayer y durarán en el cargo hasta el año 2030.
El debate por el feminismo
El rechazo y las críticas del PRD a la terna conformada por mujeres –Verónica Sánchez Valle, Sara Patricia Orea y Norma Lucía Piña- giró el debate hacia el tema del feminismo y la discriminación.
Por un lado, los perredistas criticaron la baja calidad de las tres mujeres propuestas para ocupar el lugar de Sánchez Cordero.
“En el caso de la primera terna integrada por mujeres, veo con desolación que las comparecencias fueron desafortunadas, en algunos casos sin rigor técnico, sin carácter, llenas de obviedades, lugares comunes y argumentaciones desordenadas.
“Habiendo muchas mujeres competentes y con credenciales necesarias, en esta terna no se vio el talento y capacidades de las mujeres abogadas representadas. Puedo pensar en muchas profesionales, incluso estudiantes, que tienen mayor posibilidad de un desempeño decoroso”, expuso Luis Humberto Fernández, senador del PRD.
De inmediato, el PRI volteó el debate y acusó a los perredistas de misóginos y discriminadores de la terna de mujeres, a quienes se exigía más que a los varones.
“No podemos permitir que se venga a hablar así, aquí, de las mujeres (…) a las mujeres se nos respeta aquí y afuera del Senado y en todo el país.
“Y menos lo voy a permitir cuando yo estuve en todas las comparecencias, cuando vi a cada una de ellas con su preparación, con su capacidad, con la trayectoria y con la altura para poder estar en la Suprema Corte de Justicia”, afirmó Ivonne Álvarez, senadora del PRI.
El debate se mantuvo en esas dos posturas y lo que menos se debatió fue la nueva encomienda que tendrán los ministros electos.
Cambiar el método
Los senadores de oposición debatieron también sobre el método que se sigue para nombrar a nuevos ministros de la SCJN.
Fernando Yunes, senador del PAN y presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el que se sigue es un método desgastado para las condiciones que hoy vive el país.
“Nuestro tribunal constitucional no puede seguir integrándose por incentivos que nublen y presionen el sentir parlamentario: por tiempos estrictos de 30 días que amenacen a los representantes democráticos con perder su facultad de designación; o bien por un diseño normativo que le impida rechazar libremente una propuesta, por el temor de que se designe, en una segunda ronda, a una candidata o candidato que pudiera gozar de una menor preferencia de este Senado”, sostuvo.
La petición de cambio en la forma de elegir a los ministros proviene no solo de la oposición, sino de las organizaciones civiles, que han propuesto cambiar este método, vigente desde 1994.