Si los gobiernos quieren acabar con la problemática de las desapariciones forzadas en México tienen “que pisar muchos callos”, sobre todo en los poderes locales.
Las autoridades locales son parte del problema, las policías municipales de casi todo el país están metidas en esto igual que las policías estatales, hay convivencia con los grupos de la delincuencia organizada, con actores políticos, comerciantes y empresarios. Cuando digo que se tienen que pisar callos a estos actores, es que hay que ajustar cuentas con ellos
Afirma que en México existen muchos territorios en los que todavía gobierna de facto el crimen organizado y estas denuncias interpuestas en este gobierno son el indicador de que este fenómeno se mantiene.
“Los grupos de la delincuencia organizada siguen controlando territorios, se sigue viendo violencia. Están bien los programas sociales con los cuales se piensa que pueden ser un elemento para inhibir la violencia, pero creo que no es suficiente, tiene que haber otro mecanismo jurídico-legal que ayude a frenar esta violencia que estamos viviendo y creo que esto pasa por desarticular a los grupos de la delincuencia organizada que están enraizados en los estados, en los municipios”, afirma el abogado.
El litigante dice que las desapariciones forzadas suceden por tocar intereses políticos y económicos.
Por lo general, las denuncias por desapariciones forzadas son interpuestas por colectivos de familiares de víctimas ante la falta de apoyo oficial.
“En el contexto de esas violencias es en donde sigue habiendo desaparecidos y esto sí es de preocuparse porque ya en este gobierno tiene que haber una tendencia a la baja y creo que no se está registrando esta tendencia, se sigue presentando un aumento”, expresa.
De acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales, existen avances en el Caso Iguala, pero en el país la violencia sigue y es preocupante que se presenten más casos de desapariciones en las que intervienen servidores públicos del Estado mexicano.
“En el tema de Ayotzinapa se está teniendo una ruta, un cauce, pero más allá de esto la violencia sigue intacta”, considera el abogado.
En septiembre pasado se cumplieron seis años de los hechos de Iguala en los que fallecieron nueve personas y 43 se encuentran en calidad de desaparecidos.
Dentro de las exigencias de los padres de los normalistas está la detención del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El exfuncionario federal tiene una “ficha roja” de la Interpol y es buscado por diferentes países por acusaciones como tortura y desapariciones forzadas.
A seis años de los hechos de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 normalistas y les aseguró que no se protegerá a nadie desde el Gobierno federal
“Quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso. Y desde luego, que sepamos el paradero de los jóvenes y al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras, que haya justicia, reparación del daño. Sinceramente les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza”.
Desapariciones forzadas, problema recurrente
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República ha reportado del 8 de octubre de 2019 al 8 de octubre de este año 262 denuncias de víctimas de desaparición forzada.
En un reporte otorgado vía transparencia, la instancia refiere que es “cero” el número de casos en que la Fiscalía ha resuelto con una determinación del ejercicio de la acción penal.
Asimismo, tampoco existen reportes de sentencias contra inculpados en el delito de desaparición forzada de personas.
El Caso Iguala en el que desaparecieron a manos de policías municipales 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se sigue a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Los estudiantes desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, están en calidad de víctimas de desaparición forzada.
Por este caso, la unidad especializada tiene abiertas tres carpetas de investigación y tres averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.
Por otra parte, la Unidad de Investigación por Delitos para Personas Migrantes tiene registro de seis víctimas del delito de desaparición forzada en el último año completo.
En estos casos tampoco hay conocimiento de casos resueltos por las autoridades de justicia.
“No es óbice mencionar que la información entregada por las unidades administrativas se realiza en el ámbito de sus respectivas competencias, sin que ello implique que la información sea contradictoria, ya que en algunos asuntos podría tratar del mismo evento, o en su caso ser complementaria”, indica la FGR en su respuesta.
