La plataforma para denunciar actos de corrupción de la Secretaría de la Función Pública tiene carencias, como que no es posible la denuncia de hechos de corrupción también en los ámbitos estatales y municipales, considera Keyla Vargas, integrante de CASEDE.
“Me parece que está incompleta. No por la herramienta en sí misma, sino porque no hay otra opción que permita la denuncia contra actos realizados por personas servidoras públicas del ámbito local, que en realidad en el caso de México ha quedado muy claro que también el porcentaje de dinero específicamente que se mueve de manera irregular por actos vinculados con corrupción, ocurre en el ámbito estatal, no solamente en el federal”
La experta considera que los casos más sonados de corrupción han sido precisamente de personas funcionarias públicas como fiscales, comisarios, alcaldes y gobernadores, es decir, que más bien se ubican en la esfera estatal y a veces municipal. Otra demanda es que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que entrar en acción.
“La información requiere circular entre los tres niveles para poder llevar a cabo investigaciones eficientes, integrales, identificar a beneficiarios finales, personas políticamente expuestas, entre otras”, explica.
Para la operación de un efectivo sistema de prevención, detección y posteriormente sanción de estas denuncias, tiene que haber una relación entre estas instancias y, por lo tanto, estos mecanismos de denuncia, como el caso de la plataforma, tendría que relacionarse bajo la misma lógica.
“Para el funcionamiento de este sistema no es que haya un México estatal, un México municipal y un México federal, sino que tendrían que tener por lo menos pases o acuerdos de coordinación para el intercambio de información”, expone.
La especialista considera positivo que se haya limitado la acción de la plataforma de denuncia a delitos como cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, ya que es más viable su administración.
“Es muy positivo el que se haya limitado para efectos del análisis de la situación de estadística, de tener este diagnóstico, en principio, que es fundamental para cualquier recomendación de política pública posterior, de tener evidencias, me parece muy atinada la decisión de que se haya hecho por esos tres delitos: cohecho, peculado, y desvío de recursos públicos”, apunta.
Afirma que en Estados Unidos, por ejemplo, existe la investigación de este tipo de delitos a través de una denuncia en común entre los diferentes ámbitos de gobierno.
“Las redes para la prevención de lavado de dinero tienen su propio canal de denuncia mucho más estructurado, que llega a todas las instituciones de gobierno del orden federal de Estados Unidos, pero justo tienen esta relación con el orden estatal”, indica.
Señala que en México en parte las denuncias las realizan las empresas que tienen contacto con los agentes de Gobierno y que no acusan de manera abierta porque tienen temor a represalias.
