Lejos de aclararse, la basificación de presuntas personas externas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México está llena de claroscuros y jaloneos entre los tres sindicatos de trabajadores que operan en el recinto legislativo de Donceles.
Mientras que Carlos Hernández del Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (SATAL), sospecha de la creación de hasta 500 plazas en la legislatura que termina y acusa al diputado perredista Leonel Luna de discriminar a su grupo en el reparto.
A través de fotografías, trabajadores en funciones de la Asamblea Legislatura, evidencian como las tarjetas de empleados del reloj checador que se localiza en el edificio de Gante 15 se desbordan ante el significativo aumento de empleados, que nadie sabe explicar en la recta final de la VII Legislatura.
En medio de esta guerra de señalamientos circuló entre los trabajadores el oficio que el SATAL envió a Juan Gabriel Corchado Acevedo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social y la futura dirigente de la bancada mayoritaria, Ernestina Godoy Ramos.
En este documento sellado de recibido el pasado 3 de agosto de 2018 se pide se informe de inmediato a la organización sindical el número total de plazas de base que durante la VII se crearon y con qué nivel salarial fueron autorizadas.
“Dicha petición obedece al hecho de que es del conocimiento de esta organización sindical la creación de más de 500 plazas de base que se han autorizado durante su gestión como diputados, de las cuales a nosotros no nos han sido asignadas las plazas de base que por derecho nos corresponden, prerrogativa otorgada por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) por medio de laudo”.
En dicho oficio, el Satal se acredita como el único sindicato que tiene ganado un juicio de amparo en contra de la ALDF por concepto de asignación de plazas de base.
“Cabe señalar que en innumerables ocasiones hemos solicitado la asignación de las plazas de base que por derecho nos corresponden al aún presidente de la Comisión de Gobierno de la VII ALDF, diputado Leonel Luna Estrada, así como al Oficial Mayor, Guillermo Sánchez Torres, quienes se han comportado de manera discriminatoria con este sindicato”, se precisa.
Incluso se hace referencia al diputado Leonel Luna y al oficial mayor Guillermo Sánchez como personales a los que se les da ser “candiles de la calle”.
“Señalamos que los mencionados en ninguna ocasión no han querido recibir, mostrando con ello una violación flagrante a nuestros derechos humanos, ya que antes que trabajadores de la ALDF somos habitantes de la Ciudad de México y la conducta de esos personajes demuestra su poco respeto a las premisas amparadas en la Carta Magna”.
“En conclusión, exigimos que sean liberadas en nuestro favor y de manera inmediata 100 plazas de base que por derecho nos corresponden, prerrogativa que nos concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que la presente legislatura pretende desconocer”.
Al respecto, Martín Ezequiel Chávez Flores, secretario de Finanzas del SATAL, confirmó que no han recibido respuesta alguna desde que su gremio solicitó de manera oficial el esclarecimiento en la asignación de plazas.
Con estas presuntas contrataciones en la recta final de esta legislatura y ante la llegada de Morena, el oficio DGA/VIIL/2833/18 del 13 de julio enviado al diputado local Adrián Ruvalcaba avisando de una nueva adscripción de un empleado, levanta las sospechas.
“Sirva la presente para informarle y de no existir inconveniente alguno, el trabajador de base, Barrón Muñoz Aarón, ha sido asignado a la Comisión de Administración Pública local a partir del 1 de julio, con la finalidad de apoyar en el desahogo de las actividades inherentes al área”.
El aviso va firmado por Adolfo Riebeling Montiel, director de general de Administración del órgano legislativo.
La división de los sindicatos
En entrevista, Mauricio Muñoz del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos (SITUALDF), explica que después de estallar el escándalo del presunto intento de basificación de 100 trabajadores externos ligados al PRD y la postura de Morena, no hay acercamientos entre los líderes.
“Yo estoy tranquilo, con todo el ánimo de sacar adelante el problema en la Asamblea. Me llamó la atención que cuando estaba con la diputada Ernestina Godoy, se acercó Gaudencio Chávez Hernández (sindicato mayoritario) y de manera grotesca le quiso imponer que todos los acuerdos eran con él y la autoridad porque él es el sindicato mayoritario. La reacción de ella fue que dialogaría y escucharía a todos”, expuso.
Muñoz, quien lidera uno de los tres sindicatos que operan en la Asamblea habla que hace aproximadamente se consolidó un pacto que en un primer paso admitió la creación de las primeras 50 plazas, de las cuales, 25 se repartieron entre las autoridades del recinto y 25 se repartieron entre los tres sindicatos.
Con estos claroscuros, la transición de la Asamblea que dará vida al primer congreso local avanza con la incertidumbre a cuestas de los trabajadores que ponen su futuro laboral en manos de los dirigentes.