Pobres, entre los pobres

En Michoacán, casi la mitad de los 113 municipios que conforman la entidad terminaron el periodo de gobierno pasado con problemas graves de dinero.

Resalta el caso de Numarán, donde en los últimos seis meses de gestión del gobierno perredista prácticamente se suspendieron los servicios y la atención al público. La ejecución de obras igual que en todo el estado simplemente no existió en los últimos dos años del trienio.

La causa principal de la crisis financiera en la que se sumió esa entidad fue el convulsionado entorno político generado a partir del encarcelamiento del alcalde José Luis Madrigal Figueroa, al que se le acusó de tener nexos con el crimen organizado. Pese a que el edil fue absuelto y liberado días antes de hacer entrega de su fallida administración, el signo de ese gobierno fue la pobreza.

Sin alcalde al frente, Numarán vivió los más vergonzosos días de su historia: el servicio de energía eléctrica fue interrumpido a la administración local. En consecuencia se suspendió el servicio de agua potable. El alumbrado público, por razones de seguridad, se mantuvo en operatividad mínima, además de que la tesorería fue emplazada al pago de proveedores mediante mandato judicial.

La base trabajadora, la de contrato y la sindicalizada, tuvo que recurrir a la exigencia pública para reclamar el pago de sus salarios. Hubo amenazas de huelgas y manifestaciones de brazos caídos. Aun así, a los trabajadores se les siguen manteniendo adeudos. Pero a donde no dejó de fluir el pago de honorarios fue hacia el cuerpo edilicio, incluyendo el alcalde encarcelado. Ellos nunca dejaron de recibir puntualmente sus salarios.

El servicio de recolección de basura se llegó a suspender por varios días, porque en la última parte de la administración pasada ya no hubo dinero ni para pagar el servicio de combustible de los camiones recolectores. Sin embargo, los vales de combustible para directores de área y miembros del cabildo, los que en vehículos oficiales argumentaron visitas oficiales a centros de recreación y espacios turísticos, principalmente los fines de semana se mantuvieron intactos.

A la fecha, la administración municipal de Numarán, la que acaba de estrenarse en una suntuosa ceremonia de toma de poder, mantiene al menos 18 querellas de proveedores que están reclamando el pago de servicios prestados al municipio. El nuevo gobierno panista no ha manifestado su intención de pago.

Allí el alcalde Daniel Zárate se encuentra más preocupado por mantener el control de la administración. Hizo que su cuerpo de regidores avalara el nombramiento de su esposa Elia Escobar Gallardo, a la que invistió como secretaria del ayuntamiento.

Como Numarán, por lo menos 17 municipios de la zona de sur del estado de Michoacán, también se encuentran en pobreza presupuestal. Ni la llegada de las nuevas administraciones, que asumieron el mando el pasado primero de septiembre, ha aliviado la estela de carencias manifiestas en los últimos 8 meses.

Quizá el caso más sui generis ocurrió en la localidad de José Sixtos Verduzco. Allí, el presidente municipal saliente Juan Manuel Polina Arriaga, autorizó a su equipo de colaboradores a llevarse lo que quisieran de la administración pública, como una forma de pago al tiempo extra y dedicación que a su parecer dieron los funcionarios de su equipo. Al asumir el alcalde Gustavo Ávila sus funciones, encontró que la presidencia municipal no tenía sillas, archiveros, computadoras ni escritorios.

En la oficina de tesorería se llevaron hasta las lámparas.