Aunque haya sanciones millonarias y funcionarios con castigos de hasta 15 años de inhabilitación para ejercer un cargo en el servicio público, la realidad es que en México se sanciona poco la corrupción.
Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, considera que el Gobierno debería de buscar fortalecer las capacidades de las instituciones para que puedan sancionar mejor a los funcionarios implicados en hechos de corrupción y otros delitos.
“Sabemos que en México, tanto para casos de corrupción como para cualquier crimen o falta administrativa, se sanciona poco. Digamos, la tasa de impunidad es alta, sabemos que la cifra negra de los delitos que no se denuncian, o no se investigan, está por arriba del 90 por ciento. Entonces, esto sucede en todos los ramos y es un problema que se tiene que atender”
“Cuando hablamos de un gobierno cuya bandera es el combate a la corrupción, más allá del discurso, lo que tendríamos que ver es qué acciones están tomando para mejorar la capacidad de estas instituciones de detectar y de sancionar”, considera.
Un hecho que provoca que haya menos denuncias es que los resultados contra los malhechores no resultan en condenas o sanciones graves, sobre todo cuando se trata de los casos más notorios de corrupción.
“Algo que afecta mucho el clima de impunidad y las ganas de ir a denunciar es también cómo se resuelven los casos de corrupción más notorios. Si tú como ciudadano estás teniendo un problema con un servidor público, sea de mediano o de alto nivel, y estás viendo que a los funcionarios de este Gobierno se les está protegiendo, hay un sentimiento de que tu denuncia no va a servir”, explica Pablo Montes.
Además, en el país hay un clima de impunidad generalizada y por ello los funcionarios se atreven a cometer ilícitos, ya que saben que difícilmente serán sancionados.
“Hay impunidad en todo el país y no es sólo en casos de corrupción. Lo vemos en el problema de inseguridad que tenemos y cómo no se resuelven los homicidios, pasa lo mismo con los casos de corrupción, son muy pocos los que llegan a ser denunciados o detectados. La cifra negra es inmensa y de los que sí son denunciados las sanciones efectivas también son pocas.
“Esperaríamos ver que en esta administración, que está concentrada en el combate a la corrupción, haya progreso y sí haya políticas concretas para reducir este clima de impunidad”, concluye.
‘Le pegan mal’ a la corrupción
El Gobierno mexicano le “pega mal” a la corrupción porque lo hace sin coordinación entre sus instancias y sin una política de comunicación que provoque la percepción de que se combate este flagelo, asegura el profesor Edgar Morín.
“Los resultados dejan mucho que desear, a ratos me recuerdan un poco a la guerra contra el narco de Calderón. Es decir, pareciera por momentos que esto se reduce a pegarle a una piñata, es lo que hizo Calderón y su equipo, contra el narco. Fue como pegarle a un avispero y ya sabemos lo que pasó”, dice el profesor.
El Estado mexicano tiene que coordinar a las instituciones que combaten los delitos para poder atacar por diferentes vías los asuntos relacionados con corrupción institucional.
“Necesitas tener a una serie de instituciones coordinadas eficazmente, eso es lo que estructuralmente no ha podido hacer el Estado mexicano hasta el día de hoy, tampoco se están haciendo investigaciones lo suficientemente bien hechas para que sea difícil impugnarlas”, afirma el experto.
“La corrupción es difícil de probar, sobre todo la contemporánea porque cada vez es más sofisticada y utiliza a varias personas. ¿Qué significa? Que el combate a la corrupción debe pasar por lo administrativo, lo civil y lo penal”
“Una buena investigación tendría además que ser coordinada, es decir, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, el SAT, incluso el Centro Nacional de Inteligencia.
“Si no haces una buena investigación, dejas muchas cosas abiertas. Entre otras, la sospecha de que estás coludido”, afirma Morín en entrevista.
