La reforma al Poder Judicial de Jalisco que eliminó el bono de retiro para los magistrados y que considera la aplicación de pruebas de confianza para sus miembros, podría conducir a una parálisis de ese órgano ante la andanada de amparos que se esperan en las siguientes semanas.
La advertencia la lanzó ayer mismo el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, Enrique Velázquez González, durante la sesión en que se avalaron distintos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado:
“Si bien la Corte ya manifestó que el haber de retiro es un derecho constitucional, nos da la idea que tendremos que enfrentar controversias que ya antes se habían dado en el estado de Jalisco”, dijo el diputado, y acotó luego:
“Lo mejor hubiera sido irnos hasta el filo en lo que nos corresponde, en las reformas que nos competen, cuidando todos los criterios de la Corte para que esta reforma se pudiera aplicar; tendremos muchos amparos, y lo que más me preocupa es que no se podrán lanzar las convocatorias ni hacer los nombramientos”.
Lo que hicieron el día de ayer los diputados de Jalisco fue ajustar la Ley Orgánica del Poder Judicial a la reforma constitucional que se había aprobado con anterioridad; tras los cambios, esa legislación ya no considera más la entrega de bonos millonarios de retiro para los magistrados del Estado, que consistían en el pago de un año de sueldo más 14 días por cada año laborado.
La prestación continuará, empero, para los jueces, como un pago final equivalente a seis meses de sueldo más 14 días por cada año trabajado.
De igual forma, ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial considera la creación del Sistema de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, el cual se encargará de la aplicación de las pruebas de confianza a los miembros de ese órgano, a través de un Centro de Evaluación.
Como parte de las pruebas de confianza que serán aplicadas a magistrados y jueces de Jalisco, se confirmó que incluirán una evaluación al patrimonio de esos funcionarios judiciales, así como un examen poligráfico, justo como se hace con los policías e integrantes de las Fiscalías.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció una jurisprudencia (la 44/2007) que obliga a la entrega del haber de retiro para los magistrados del país. Ayer las bancadas de Morena y el PRI también cuestionaron el fundamento legal de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Erika Pérez García, jefa de Morena, dijo: “ni siquiera se logró precisar la base constitucional respecto del Poder Judicial; es una reforma insuficiente, errónea y carente de sentido”. Y Mariana Fernández Ramírez, al frente del PRI, acotó: “lo que proponen no cuida la parte jurídica y tampoco tiene un fondo social”.
