Políticos en la mira

En pleno año electoral, exfuncionarios de oposición en Jalisco  han sido  detenidos acusados de presuntos actos de corrupción.

En poco más de una semana, la Fiscalía General del Estado ha girado órdenes de aprehensión contra dos exsecretarios generales del Congreso de Jalisco.

Además del exdirector del Seguro Popular en el sexenio del exgobernador panista Emilio González Márquez.

El 7 de febrero pasado, durante su segundo Informe de Gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz anunciaba la detención de dos personas por el caso López Castro, una consultora que fue contratada por el Congreso de Jalisco durante la 58 Legislatura estatal para recuperar beneficios fiscales.

La firma había cobrado más de medio millón de pesos por anticipado, pero no obtuvo las ganancias para el Congreso. La Legislatura 59 recibió una orden de un juez federal para que se la pagara a la empresa alrededor de 58 millones de pesos. López Castro se desistió del pago en 2014 ante posibles demandas en su contra.

El mismo día del Informe del mandatario, el fiscal Luis Carlos Nájera confirmó que el exsecretario general del Congreso local, Octavio Pérez Pozos era uno de los detenidos.

Pérez Pozos, el viejo amigo

Una larga historia relaciona a Octavio Pérez Pozos y al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

Asistieron juntos a las aulas de la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, semillero de actores políticos que han incursionado en las filas del PRI o del PAN. Siguieron como compañeros en la Facultad de Derecho de la UdeG.

Quienes mantuvieron una relación con ambos, coinciden en que Sandoval Díaz y Pérez Pozos eran los grandes amigos. 

En esos años, Pérez Pozos siempre acompañó a Aristóteles en su carrera política, desde que éste último escaló dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG.

En 2003, tras no conseguir la candidatura del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Sandoval Díaz cedió la regiduría a la actual diputada federal Claudia Delgadillo; fue entonces que el resentimiento plagó a Pérez Pozos.

En la Legislatura 58, el viejo amigo del gobernador encontró cobijo en la fracción del PAN del Congreso del Estado. Alfredo Argüelles, entonces secretario general del Congreso, lo promovió en las áreas de administración y jurídica del poder Legislativo, hasta que Pérez Pozos lo sustituyó en el cargo.

Jorge Salinas, excoordinador del PAN en el Congreso estatal y excandidato panista a la alcaldía de Guadalajara, también le ofreció asilo en su campaña.

Tras la derrota del panista, Octavio Pérez Pozos saltó a las filas de Movimiento Ciudadano, gracias a su parentesco familiar con la diputada federal de MC  por Jalisco, Merylin Gómez Pozos, y a su amistad con el alcalde Tlajomulco, Ismael del Toro. 

Recientemente ha circulado en redes una fotografía del edil y el exsecretario del Congreso, en un juego de beisbol del equipo Charros de Jalisco.

Pérez Pozos fue detenido el 8 de febrero pasado. salió libre al día siguiente. El lunes 9, cuando iba a dar una rueda de prensa, fue aprehendido de nuevo. Pero libró de nuevo la cárcel: bastó un pago de 20 mil pesos como fianza.

Alfredo Argüelles, el prófugo

El pasado 6 de febrero, empleados del Congreso de Jalisco asistieron al domicilio del panista Alfredo Argüelles para notificarle que se le requería para declarar ante una comisión especial legislativa que investiga el caso López Castro.

Al abrir la puerta, el exsecretario general del poder Legislativo negó que fuera él a quien se le iba a notificar. 

“Yo aquí trabajo nomás”, dijo el panista.

Con una larga trayectoria dentro del PAN  y en la función pública, Argüelles es el responsable de haber firmado el contrato millonario con López Castro, cuando era secretario general en la 58 Legislatura local.

En 2011, el diario Mural informó que Argüelles es propietario de una casa con un valor de 10 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan. 

El viernes pasado, al comparecer ante diputados locales, el fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez informó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el panista, al que se le busca en varios estados del país.

Seguro Popular, el desfalco

El último año del gobernador panista Emilio González Márquez significó un desfalco al Seguro Popular, de acuerdo con la Cuenta Pública 2012 que en 2014 dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el órgano fiscalizador, en 2012, el Seguro Popular en Jalisco fue el mayor daño a las arcas federales. 

La ASF encontró anomalías por 2 mil 924 millones 636 mil 267 pesos.

Y presentó entonces ocho denuncias por irregularidades que suman 388 millones de pesos; sólo en una denuncia fue por el orden de 326 millones de pesos.

En cuatro denuncias, por ejemplo, se acumulan 40 millones de pesos; cada una fue por la emisión de cheques hasta por 10 millones de pesos que la Secretaría de Salud Jalisco emitió a una asociación civil.

Al frente del Seguro Popular estaba Álvaro Córdoba Pérez, quien fue aprehendido el 11 de febrero pasado, derivado de una denuncia que hizo la Contraloría del Estado por el desfalco de 326 millones de pesos.

Antes de los casos de 2015, fue detenido en 2013 el exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, acusado de peculado, desvío de recursos e uso indebido de atribuciones y facultades. 

Ocampo, preso en Puente Grande, es señalado de irregularidades en el manejo de un crédito de mil 200 millones de pesos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió al Estado, para infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara.

También fue aprehendido en 2014 el extesorero del Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), Roberto Pinzón Valle, acusado del desvío de 50 millones de pesos.

Jorge Sánchez Martínez, exdirector de Iprovipe en el sexenio pasado, también fue detenido el año pasado, pero quedó en libertad tras pagar una fianza.

¿Y los priistas?

La impunidad en que se halla el caso de la exregidora Elisa Ayón, otrora prominente priista de Jalisco y aspirante a la gubernatura, a más de 25 meses de que surgiera el escándalo de corrupción, se mantiene así tanto por parte del Ayuntamiento de Guadalajara como de la Fiscalía General. 

El Congreso estatal la halló responsable de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito (tiene 10 bienes inmuebles adquiridos entre 2011 y 2013, e inconsistencias en su declaración patrimonial), por lo que la destituyó e inhabilitó.

Pero nada ha pasado en el ámbito municipal y penal. 

El alcalde priista Ramiro Hernández anunció en noviembre del 2013 una investigación a la Dirección de Panteones, donde Ayón habría estado “rasurando” el salario de los trabajadores.

El 10 de febrero pasado, la Contraloría municipal reconoció: “La auditoría referida a la Dirección de Panteones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, sigue en la etapa de ejecución…”. 

Mientras que la Oficina de Combate a la Corrupción dijo en un oficio que “la investigación se encuentra en proceso de integración”.  

La regidora fue grabada en audio diciendo a trabajadores de Panteones: “agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo, no sean culeros”.

Luego, ante comerciantes formales a quienes exigía cuota: “Para que llegue el dinero por arriba y no por abajo, porque por abajo hay mucho dinero, pero mucho, y no le llega al patrón”.