El sistema penitenciario mexicano es deficiente: en la mayoría de las cárceles no se cuenta con programas de readaptación social, existe hacinamiento, el personal de custodia no es suficiente y abundan las condiciones para la persistencia de grupos de autogobierno.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Carcelaria 2015, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), uno de los mayores riesgos que presentan las cárceles, principalmente las estatales, es la insuficiencia de procedimientos establecidos para evitar incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines.
En lo que a las cárceles de jurisdicción estatal, los llamados Centros de Readaptación Social (Ceresos) se refiere, una de las principales deficiencias encontradas es “la falta de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas del Centro de Observación y Clasificación (COC), dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor”.
En la mayoría los centros penitenciarios que manejan los gobiernos estatales es evidente la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, para solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, pedir visita íntima, familiar, así como para la revisión de visitantes, de estancias, y una deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.
En algunas cárceles estatales se han encontrado áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población. En muchos casos los grupos de autogobierno son tolerados por la autoridad penitenciaria local.
En las cárceles estatales, de acuerdo a los visitadores de la CNDH, existe una deficiente distribución de los internos, lo que aunado a la sobrepoblación da como resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad, “es decir que en áreas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30”.
Otra de las deficiencias es el exceso de autoridad penitenciaria, principalmente en lo relativo a la aplicación de sanciones disciplinarias a los internos.
“Existen deficiencias en cuanto al respeto del derecho de audiencia, la certificación de integridad física, la falta de notificación al interno y sus familiares, y la falta de atención adecuada por parte de las áreas técnicas y del servicio médico del Centro durante la aplicación de la sanción”.
El problema del hacinamiento
El principal problema de las cárceles federales, dice el diagnóstico de la CNDH, es el hacinamiento, y la no clasificación entre internos procesados y sentenciados, así como la falta de vinculación entre el internos y la sociedad, lo que surge a partir de la negativa constante para que el preso tenga acceso a la visita familia y/o a la comunicación telefónica con sus familias.
Además, por primera vez, se reconoce que en las cárceles federales “existen deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos”, lo que demerita el carácter de “máxima seguridad” en el que están clasificados los centros federales de readaptación social.
De acuerdo a la CNDH, en seis de los centros visitados, el día de la supervisión “se observó sobrepoblación, así como deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos”. También se observaron deficiencias en la integración de los expedientes técnico jurídico de los internos procesados y sentenciados.
Las cárceles federales no se escapan a las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; “la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social” de los internos.
Ceferesos, con mínima
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Carcelaria 2015 de la CNDH, las cárceles federales, aunque con observaciones, alcanzan a rebasar la calificación mínima aprobatoria, en donde la principal falta encontrada fue la incomunicación a la que se somete a los internos, así como la falta de actividades recreativas y la reclusión prolongada dentro de la celda.
Los avances
El informe sobre el diagnóstico de las cárceles dado a conocer por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, reconoce que no todo lo encontrado dentro de las prisiones, durante el periodo de evaluación, es malo.
También hay algunos avances que se han observado en relación al diagnóstico del año inmediato anterior.
En relación a las cárceles estatales, se encontró que 96 de las 130 penitenciarias existe una adecuada integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI), el que se encarga de evaluar las medidas disciplinarias y valora el estado de reintegración social de cada uno de los internos.
En 70 cárceles estatales los CTI han logrado avances importantes para mejorar las acciones relacionadas con los beneficios de libertad anticipada; en 61 se encontraron mejoras en cuanto a la clasificación de los internos; en 57 se vieron aceptables condiciones materiales e higiene de los talleres y áreas deportivas, y en 56 cárceles se encontró una mejor área médica.
Las mejoras carcelarias que reconoce la CNDH también tocan a las cárceles federales.
En los Ceferesos visitados se encontró la integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario; en 17 cárceles federales se reconocen adecuadas condiciones materiales y de higiene en el área médica.
Ceresos, mucho por hacer
Durante la evaluación que hizo la CNDH a las cárceles estatales, en el periodo del 2015, se revisó que condiciones que garanticen la integridad física y moral del interno, que exista una estancia digna, condiciones de gobernabilidad y para la reinserción social del recluso. Ninguna cárcel estatal cumplió al cien por ciento los renglones evaluados.
En la escala del 1 al 10, las cárceles de Guanajuato fueron las mejor ponderadas, con un 8.02 de calificación. Las cárceles que se ubicaron entre el 7.75 y el 7.12 de calificación son las de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila y Querétaro, en ese orden.
Un problema que subsiste
Reporte Indigo ha publicado las malas condiciones en las que operan los penales en el país, los cuales han sido señalados no solamente por organizaciones nacionales, sino por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha alertado sobre el mal funcionamiento de las cárceles mexicanas.
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