Mario Delegado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó, por segunda vez, su iniciativa de ley para legalizar el cultivo, compraventa y consumo de la mariguana.
En vísperas de solicitar licencia para irse a asumir la dirigencia nacional de su partido, el legislador inscribió en la sesión de este martes, nuevamente, la iniciativa que presentó por primera vez en octubre del año pasado.
Propone la creación de una empresa del Estado, denominada Cannasalud, que sería la encargada de comprar la cannabis al mayoreo y venderla a franquiciatarios para comercializarla al menudeo.
En la iniciativa se plantea que dicha empresa tendrá la autorización exclusiva de venta de cannabis a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos, privilegiando la protección de la salud de las personas y la salud pública, sin fines lucrativos.
Se establece que el cultivo y la cosecha de mariguana para autoconsumo no estarán sujetos a control sanitario.
Para ello, se plantea la expedición de la nueva Ley General para el Control de Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
“El control sanitario del cultivo, transporte, almacenaje, producción, empaquetado, etiquetado, preparación, venta, importación y exportación de la cannabis y sus derivados quedará a cargo de la Comisión Reguladora de la Cannabis”, señala la propuesta suscrita por el diputado Delgado.
Asimismo, el gobierno federal podría delegar o ejercer el control sanitario sobre la mariguana en colaboración con los estados y municipios, mediante la suscripción de los convenios correspondientes.
También contempla aplicar un impuesto especial de 12 por ciento sobre cada paquete de mariguana autorizado para uso personal, además de una cuota adicional de dos pesos por gramo de cannabis, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclada la sustancia.
Se establece que el 25 por ciento de lo recaudado deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades que se haya realizado erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años, procurando apoyar a los campesinos que cultiven cannabis a fin de que participen en la producción y venta al mayoreo de cannabis conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, otro 20 por ciento deberá destinarse a programas de prevención del uso problemático y el tratamiento de la dependencia.
