Prevención del delito, programa desairado

La principal estrategia de gobierno a escala nacional para prevenir delitos se enfrentó en Guadalajara con una serie de deficiencias que impidió que la implementación tuviera un éxito total.

Eso  costó la pérdida de recursos federales para la metrópoli y un aprovechamiento lento de los mismos. 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) fue creado en el 2013 como una de las apuestas más importantes del Gobierno federal para atender la inseguridad.

A la vez que ponía un distanciamiento mediático con el sexenio anterior, en el que el combate al crimen organizado fue más frontal –aunque tuvo también un vertiente preventiva–.

Para el Gobierno de Jalisco y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Pronapred se ha vuelto una nueva y muy grande fuente de recursos. 

En dos años, entre 2013 y 2015, la entidad ha recibido recursos por 387 millones 99 mil 450 pesos para la capital de Jalisco y el resto de los municipios conurbados: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. 

En marzo del 2013, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció que la ZMG era la segunda demarcación, de 57 que abarca el programa federal, que más dinero recibía ese año.

El subsidio financia aquellos proyectos municipales (talleres culturales, deportivos, de prevención de adicciones) que son aprobados, en primer lugar por la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y luego por la Segob. 

Aunque está dirigido a los municipios, los Ayuntamientos no reciben ni administran el dinero, todo lo hace el Gobierno Estatal. La primera responsable de la operación del Pronapred en Jalisco es Ruth Gallardo Vega, secretaria ejecutiva de esa Comisión, y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).  

En 2013, Jalisco desaprovechó 2 millones 32 mil 741 pesos que eran parte de estos fondos, que tenían como beneficiados a los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, según documentación obtenida de la comisión que encabeza Gallardo.

El municipio más afectado fue Tlajomulco que perdió 905 mil 563 pesos en aquel año. Le siguió Tlaquepaque, que se despidió de 845 mil 277 pesos; Guadalajara, en un tercer lugar, con 269 mil 136 pesos; y por último Tonalá, con 12 mil 762 pesos.

Los lineamientos del Pronapred marcan objetivos y plazos concretos para el uso del subsidio, que de incumplirse, obliga al Estado a devolver el dinero a la Federación. 

Por eso la entidad tuvo que devolver en el 2013, un millón 893 mil 897 pesos (salvo 139 mil 843 pesos que se transfirieron a Zapopan y El Salto). 

Ya desde diciembre de 2013, el entonces secretario de Seguridad de Guadalajara, Carlos Mercado, advertía que la concentración del subsidio en la esfera estatal impedía su uso ágil, pues todas las compras y adjudicaciones de obra las realiza el Estado, de acuerdo con las requisiciones municipales.

Esto lleva al segundo gran problema del Pronapred. 

Lentitud y opacidad

La autoridad estatal ha mostrado ser lenta a la hora de usar el subsidio que recibe para la prevención del delito.

El 16 de octubre de 2014, Ruth Gallardo reconoció que no se había ejercido un sólo peso del fondo para ese año, que fue de 130 millones 345 mil 112 pesos, según el oficio PRONAPRED/347/2014, que también marca que 100 millones 48 mil 189 pesos ya estaban comprometidos.

El rezago del gasto fue confirmado por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), que reportó que al 4 de noviembre de 2014 se habían pagado únicamente 759 mil 861 pesos (477 mil en Guadalajara y 282 mil 861 pesos en Tlajomulco), el equivalente al 0.5 por ciento de la bolsa total.

Otro gran problema es la transparencia en el subsidio. La secretaria ejecutiva, responsable del Pronaped en Jalisco, no da cuentas claras sobre los métodos de asignación de contratos, en particular del ejercicio 2014.

Los datos que sí transparenta de 2013 y 2014 son: En 2013 se adjudicaron directamente 15 millones 322 mil 633 pesos (el 12 por ciento de lo ejercido ese año).

 58 millones 709 mil 616 pesos (el 46 por ciento) se fueron a concurso; 52 millones 623 mil 264 pesos (el 41 por ciento) fueron licitados; y de 875 mil 756 pesos, se omitió el informe.

En 2014 la opacidad es muy alta. Sólo se precisó que se concursaron 22 millones 699 mil 654 pesos (el 17 por ciento); que 19 millones 67 mil 571 pesos para obra pública (el 15 por ciento) estaban por asignarse; y que del resto de los contratos, que suman 88 millones 607 mil 886 pesos, se desconoce su método de contratación.

En el padrón de contratistas del Pronapred 2013 y 2014, la cuarta firma más beneficiada es Balken, de la que fue parte Juan Carlos Uranga, exdirector de Obras Públicas de Guadalajara en la gestión 2010-2012, cuando el hoy gobernador Aristóteles Sandoval Díaz fue alcalde (el 21 de enero del 2010 el Ayuntamiento dijo que había “liquidado” su “mínima participación accionaria en la constructora”). 

Balken ganó una licitación para rehabilitar cuatro unidades deportivas en Zapopan (el contrato se redujo de 33.9 a 16.8 MDP). Luego venció en un concurso por invitación para realizar obras en El Salto por 4 millones 920 mil 405 pesos: el centro cultural La Huizachera; el centro cultural y de desarrollo comunitario La Azucena, y un centro recreativo y de capacitación deportiva. 

Las dudas

El Pronapred fue seriamente cuestionado en el 2014 por la organización México Evalúa, cuando plasmó varios de sus puntos flacos en el reporte “Prevención del delito en México ¿Dónde quedó la evidencia?”. 

La organización aseguró que se echó a andar el programa sin contar antes con diagnósticos firmes de las condiciones que propician la delincuencia y sin una metodología clara para la selección de los municipios ni para el reparto del fondo. 

“Las autoridades no han hecho público un documento metodológico para la selección de las 57 demarcaciones prioritarias. Ante la falta de información, surgen preguntas sobre la posibilidad de que existan otras prioridades para seleccionar a los municipios acreedores del subsidio.

“Es inaceptable que las estrategias de prevención social del delito, como las analizadas en la sección de análisis de los diagnósticos, partan de conjeturas en torno al problema y su(s) causa(s) sin elementos objetivos que las sustenten”, según el reporte.

Ante ello, advirtió México Evalúa: “No contamos con la certeza de que los problemas de las comunidades que conforman los polígonos seleccionados en las demarcaciones de la muestra fueron correctamente detectados”. 

Por ende, “tampoco queda claro que los objetivos definidos para cada una de las acciones son los pertinentes para atender las necesidades de la población”. 

Y finalmente, “tampoco podemos afirmar que las demarcaciones seleccionadas sean realmente las que necesitan una intervención inmediata”. 

La organización calificó como “omisión” que el Pronapred no haya contado “como primer paso, la generación de evidencia suficiente en torno a los factores de riesgo presentes en cada una de las entidades y la formación de personal especializado que hiciera posible contar con proyectos adecuadamente diseñados”. 

Bolsa generosa

> 2013
129.3 mdp.

> 2014
103.3 mdp.

> 2015
127.3 mdp.

total: 387 mdp.