PRI, víctima de dos de los suyos

En la Cámara de Diputados el PRI tuvo que jugar ayer una apuesta costosa con dos de sus miembros: Enrique Tarín y Tarek Abdalá.

Los priistas decidieron proteger a Abdalá, exsecretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte, y no aprobar su desafuero para que enfrente a la justicia.

Por contar con un amparo desde diciembre pasado (la solicitud para quitar el fuero se hizo un mes después), la Sección Instructora -conformada por los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez, el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega- decidió no dictaminar el desafuero hasta que se desahogue esa parte legal.

El presidente de dicha Sección argumentó que la Fiscalía de Veracruz no les informó sobre la existencia de un amparo, por lo que es improcedente el juicio de desafuero.

“A sabiendas, el fiscal de Veracruz, de que estaba impedido para ejercer acción penal para ir a solicitar a un juez una orden de aprehensión, se viene ocultando esa información a solicitar el desafuero. Eso no es correcto”, afirmó Ricardo Ramírez Nieto.

Según el priista, fue hasta la etapa de desahogo de pruebas que tuvieron conocimiento de que existía el amparo, por lo que se decidió aplazar el juicio para despojar de su fuero a Abdalá.

En la reunión sostenida este jueves para analizar el asunto, hubo empate en la votación. El PRI votó en contra de emitir un dictamen de desafuero, mientras el PAN y el PRD a favor.

El fiscal de Veracruz acusó, vía Twitter, a Ramírez Nieto de no cumplir con su deber legal al no presentar el dictamen sobre el desafuero, ya que ningún amparo impide que el juicio continúe.

Empero, el priista insistió en que la Fiscalía no puede hacer nada contra Tarek Abdalá por la suspensión que le concedió el amparo.

“Al día de hoy está impedido para proceder legalmente en contra del diputado; está inmovilizado. Y los efectos del fuero no es para desaforar y seguir investigando, como lo pretende. Perfectamente puede seguir investigando estando el servidor público dotado de fuero; la única posibilidad de desaforar es para que ejercite acción penal, para que acuda ante el juez penal”, expuso Ramírez Nieto.

Sin embargo, La Ley de Amparo establece que la medida es improcedente contra actos del Congreso en materia de desafuero.

“El juicio de amparo es improcedente (…) Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; por lo que no tendría razón de ser la suspensión del juicio de desafuero”, señala el artículo 61, fracción VII.

La oposición pidió que se redactara el dictamen a favor o en contra del desafuero para que todos los argumentos quedaran en un testimonio por escrito, a lo que el PRI se negó y acusó de querer politizar el caso.

En el PAN y el PRD se tomó la resolución del caso como una acción del PRI para proteger al veracruzano, señalado por ser uno de los principales cómplices de Javier Duarte.

“El @PRI_Nacional es cómplice de la corrupción e impunidad al impedir que @Mx_Diputados retire fuero al Dip. Tarek Abdalá requerido por la PGR”, escribió en Twitter el perredista Jesús Zambrano.

En el caso de Enrique Tarín, exfuncionario de la administración de César Duarte, en Chihuahua, solicitó que se le tomara protesta como diputado, a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra, suspendida por un amparo. Aunque la Mesa Directiva decidió no hacerlo en lo que queda del periodo, que concluye hoy.

La defensa partidista

Desde temprano, el PRI perfilaba su decisión de no concretar el desafuero de Tarek Abdalá bajo el argumento de la legalidad.

“El PRI reiterará su posición en favor de la legalidad. No adelantemos vísperas, nosotros estamos en contra de la impunidad y también en contra de que se politice la justicia.

“Este es un asunto que está corriendo por vías paralelas en el ámbito judicial, tanto en el ámbito judicial veracruzano como en el ámbito judicial federal. Que sea la ley, en un escrupuloso cumplimiento, la que nos dicte qué hacer”, sostuvo César Camacho, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro.

“El PRI (…) No está haciendo cálculos electorales al tomar esta decisión que se tiene que adoptar con base en una ley que es fría y que debe estar exenta de cálculos político electorales”, añadió.

Tanto el PAN como el PRD pidieron al PRI tener congruencia con lo que pregonan en sus discursos y votar por el desafuero de Tarek para no permitir que el desfalco a las finanzas de Veracruz quede impune.

“Los casos de malos manejos por parte de integrantes del PRI no paran, pero lo más alarmante es como tratan de cubrirlos”, acusó Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD.

Los señalamientos

La historia del procedimiento contra Tarek Abdalá comenzó a principios del 2016, cuando fue acusado de tener supuestos vínculos con el narcotráfico.

El extesorero de Duarte, de 35 años de edad, fue señalado de tener vínculos con Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el poblado de Tierra Blanca, Veracruz.

Se acusó que Navarrete había coordinado parte de la campaña de Abdalá cuando se lanzó como candidato a diputado federal por el distrito 17 de Veracruz, con cabecera en Cosamaloapan.

En 2015 fue electo para el cargo, y desde el 1 de septiembre de ese año, cuando tomó protesta como legislador, goza de fuero.

Una vez que comenzaron los señalamientos públicos contra Javier Duarte, Abdalá fue acusado del presunto desvío de mil 600 millones de pesos para el pago a la red de empresas fantasma que, se acusa, lideraba el exgobernador.

En febrero del 2016, el PAN pidió su desafuero; urgieron a despojar al legislador de la protección constitucional, sin embargo Tarek Abdalá negó las acusaciones.

Una vez que la coalición PAN-PRD ganó la elección y Miguel Ángel Yunes asumió como gobernador de Veracruz se señaló como uno de los responsables al legislador federal, por lo que se le inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos.

El 26 de enero de este año, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ingresó una solicitud formal de desafuero contra Abdalá en la Cámara de Diputados; el argumento: ser el presunto responsable del desvío de 23 mil 150 millones de pesos.