La joya de la corona

A diferencia del tratado original firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde se excluyó al sector energético, la renegociación del convenio abre la puerta a una cooperación e intercambio comercial con los energéticos como punto clave.

Con una industria que hasta hace algunos años estaba blindada de la intervención por parte de particulares y que ha comenzado su apertura, el sector energético se convierte en el más atractivo para la inversión y explotación.

Es la verdadera joya de la corona.

Sin embargo, a pesar de los probables beneficios económicos que traería esta nueva era de intercambio, existe preocupación por la expansión de prácticas como el fracking, un método de extracción de combustibles que podría crecer exponencialmente y que ha sido prohibido en algunos países por sus perjuicios ambientales y sociales.

A unos días de que arranquen las negociaciones trilaterales, organismos de la sociedad civil piden que se incluyan medidas ambientales en los acuerdos energéticos y advierten los riesgos que podría traer la falta de candados.

La apertura en el sector energético podría ser un arma de doble filo.

Por un lado, México es el principal destino de las exportaciones de gasolinas refinadas y gas natural de Estados Unidos, por lo que una mayor apertura en teoría traería beneficios tales como mayor competencia y, por ende, mejores costos para el consumidor.

Aunque sin duda los mayores beneficios serán para los productores estadounidenses, que incluso podrían pedir una eliminación de la carga arancelaria para las exportaciones en el sector energético, dejando sin una buena parte de beneficios al erario mexicano.

Si se confirma la apertura del sector energético al libre comercio entre los tres países, México es el que tiene mayor potencial de crecimiento, porque hasta hace algunos años no se permitía la inversión de capital privado.

Eso lo convierte en el sector más atractivo en las negociaciones que arrancan en menos de dos semanas.

El reverso de la moneda

Hoy, tras la reforma energética de 2013, la situación comienza a cambiar y cada vez más empresas trasnacionales comienzan a invertir en territorio mexicano para extraer los recursos naturales a los que el Estado no tiene la tecnología para acceder.

La derrama económica y la creación de fuentes de trabajo han sido los dos pilares sobre los que se sostiene la bondad de la liberalización del mercado energético, aunque los resultados reales de esta reforma se comenzarán a ver en los próximos años.

El reverso de la moneda ha sido el impacto social que ha tenido la construcción de infraestructura, la ampliación de la red de ductos y la intervención del suelo, que ha traído descontento a muchas comunidades a lo largo del país.

A pesar de que existen lineamientos por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector hidrocarburos para la regulación de exploración y extracción de yacimientos no convencionales, basados en las mejores prácticas de EU y Canadá, activistas alertan que dichos controles son laxos y que no priorizan ni el impacto ambiental ni el social.

Según datos del Centro de Estudios sobre empresas y derechos humanos, en el país existen al menos 11 conflictos sociales asociados al sector de hidrocarburos.

Los más importantes están relacionados con las obras de los gasoductos Tuxpan-Tula, Altamira-Tula y el Tuxtepec-Tula, los tres de la empresa canadiense Transcanada.

Entre algunas de las observaciones es que se ha violentado el derecho de las personas a ser consultadas sobre las obras y el impacto a sus comunidades, y las organizaciones civiles advierten que la problemática no gira solo en torno a la construcción o no de infraestructura, sino las implicaciones ambientales y sociales de la explotación del suelo.

Tras casi 23 años de vigencia del TLC, el saldo para México no ha sido el mejor. La apertura comercial ha dado más beneficios a sus socios comerciales y para el país no ha servido como motor de crecimiento, no se ha impulsado el empleo y sectores como el agrícola están sumidos en el rezago.

A las puertas de una renegociación del TLCAN, parece claro qué es lo que México puede ofrecer y cuál es el principal interés de sus socios comerciales, los hidrocarburos.

El equipo negociador tiene ante sí la oportunidad de usar el sector energético como palanca para conseguir un trato más favorable y establecer los lineamientos y candados para mitigar los impactos negativos.

El mito del fracking

La extracción de gas natural a partir de la fractura hidráulica continúa su silenciosa pero en constante expansión en el país, a pesar de los riesgos ambientales y sanitarios que está comprobado que ocasiona.

Una de las secuelas de la reforma energética y probablemente de la renegociación del TLCAN será precisamente el impulso de esta industria que, irónicamente, está prohibida en muchos lugares de la Unión Americana y en otros países, por los riesgos que conlleva para la población.

Tan solo en Estados Unidos, en más de 400 condados tienen prohibiciones para la extracción de combustibles a través del fracking, y países como Francia, España, Austria, Alemania y recientemente Irlanda lo prohíben en su totalidad.

Los defensores de la extracción de gas natural defienden que es un combustible mucho más limpio al momento de su combustión, sin embargo, es en el proceso de extracción donde este energético se vuelve altamente nocivo.

Esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical para alcanzar la formación que contiene gas o petróleo y posteriormente una serie de perforaciones horizontales que pueden extenderse varios kilómetros.

A través de estas fracturas se inyecta una mezcla de agua, arena y una mezcla de cientos de sustancias químicas a elevada presión que ocasionan la salida de los combustibles del subsuelo.

El fracking trae consigo un sinnúmero de impactos sociales y ambientales tales como la disminución de la disponibilidad del agua en las zonas con pozos, la contaminación de las fuentes acuíferas de los alrededores y la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, expertos señalan que un gran porcentaje de las sustancias químicas utilizadas en los procesos de perforación tienen impactos severos sobre la salud, pues podría provocar desde afectaciones al sistema nervioso, alergias e incluso podría favorecer al desarrollo de cáncer y mutaciones.

Sumado a ello, también están los cuestionamientos sobre la viabilidad económica de este método, debido al corto periodo de vida de los pozos -lo que obliga a seguir invirtiendo para mantener una producción-, el bajo porcentaje de recuperación de hidrocarburos y la complejidad de la técnica.

Mientras en otros países la tendencia es prohibir el fracking, en México la inercia es contraria, y la renegociación del TLCAN podría impulsar aún más su expansión.

“Va a haber un crecimiento del fracking. Es la crónica de una muerte anunciada. Lo vemos como uno de los elementos que va a estar en la mesa de negociación y vamos a estar ahí para poner los puntos críticos”, señala Beatriz Olivera, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Las organizaciones civiles que se oponen al crecimiento del fracking en México demandan no solamente que se prohíba terminantemente esta práctica en territorio nacional, sino que incluso se priorice una agenda ambiental en las negociaciones del sector energético del Tratado de Libre Comercio.

“No va a haber regulaciones ni lineamientos en torno al tratamiento de aguas, al tratamiento de residuos y otros temas ambientales. El TLC debería incluir un componente fuerte en materia de energía renovable, y un componente sobre todo de generación distribuida”, apunta Olivera.

Contradicciones

México es uno de los países firmantes del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y aún cuando uno de los puntos más importantes del Tratado es el impulso hacia las energías limpias y renovables en sustitución de las energías fósiles, la realidad es que en los últimos años los hechos demuestran que el país no cumple con esta premisa.

En México, la transición hacia las energías renovables ha sido un pendiente que se vino aplazando debido a la bonanza petrolera, y mientras México se consolidaba como un país petrolero, no se voltearon a ver otras fuentes de energía.

Entre los compromisos que México hizo en la firma del Acuerdo de París es la reducción de los contaminantes de efecto invernadero y la transición hacia una economía verde.

Para 2030, el país se comprometió a que el 43 por ciento de toda su energía generada sea limpia, y dentro de esta categoría, el gobierno mexicano incluía al gas natural.

Según un documento presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde se destacan los avances en la materia, el gobierno presume que está favoreciendo la explotación de gas natural, desplazando de forma acelerada el uso de combustibles con mayor contenido de carbono.

A partir de la reforma energética de 2013, una de las apuestas del gobierno fue el uso de gas natural para la generación de energía eléctrica y para uso doméstico, con el argumento de que se trataba de un combustible puente hacia el desarrollo de energías limpias.

Sin embargo, a pesar de que el gas natural produce alrededor del 30 por ciento menos emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el proceso de generación eléctrica, su proceso de extracción y transporte al final produce mayor contaminación, por lo que los expertos estiman que, de seguir la tendencia, en algunos años, la emisión de CO2 podría incluso superar los efectos actuales.

Según cifras oficiales de la Secretaría de Energía, en 2015, el 20.34 por ciento del total de energía generada en el país provenía de energías limpias, de las cuales, solo el 15.36 por ciento son energías renovables.

Aunque en teoría, la apuesta oficial es al desarrollo de la energía eólica o fotovoltaica (en su conjunto representaban en 2015 menos del 3 por ciento del total de energía), la extracción y transporte de gas natural es lo que luce hoy como prioridad.

Debido a la legislación actual, es complicado tener cifras exactas sobre la expansión de infraestructura tales como plantas y ductos de transporte de combustible, debido a que dicha información es catalogada como sensible por motivos de seguridad nacional, aunque un estimado de la organización CartoCrítica estima que de 2013 a la fecha se han construido al menos 8 mil kilómetros de nuevos gasoductos en territorio nacional.

Además, este sería solo la primer fase de un ambicioso proyecto que tiene como punto central al fracking y la construcción de toda una red secundaria de ductos para su transportación.

Por un lado se habla de transición energética, y por el otro se sigue construyendo infraestructura de hidrocarburos para las siguientes décadas.