Procesan sin cambios la ‘Ley Chayote’

La Oposición reclamó que el PRI y el PVEM agotaron el tiempo para que no pudiera modificarse la minuta, con lo que se pierde una oportunidad histórica de acabar con los abusos cometidos contra la libertad de expresión mediante la compra de propaganda oficial
Imelda García Imelda García Publicado el
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Luego de que los senadores no alcanzaron un acuerdo en las comisiones encargadas de estudiar la minuta de la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, ésta será discutida hoy directamente en el Pleno del Senado.

Anoche, la Mesa Directiva del Senado puso a votación del Pleno un acuerdo para que si a medianoche no recibía un dictamen, hoy se sometiera a consideración la minuta que enviaron los diputados, sin cambio alguno.

Hasta hoy a las 9 de la noche las comisiones encargadas de dictaminar el asunto no habían sido convocadas a otra reunión para emitir un dictamen.

Esta Ley, que reglamenta el artículo 134 de la Constitución debe estar lista, por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a más tardar el 30 de abril.

Los legisladores de Oposición, organizaciones de la sociedad civil y hasta organismos internacionales han rechazado el contenido de la Ley puesta sobre la mesa, pues consideran que solo legalizará las malas prácticas que ya se llevan a cabo.

La semana pasada en la reunión de las comisiones de Gobernación; Radio y Televisión; y Estudios Legislativos Primera, se presentó un empate en la votación; se convocó a una nueva reunión para este martes, en la que se repitió el resultado.

La Ley General de Comunicación Social ya fue aprobada este mes por la Cámara de Diputados. Senadores del PRI y el PVEM han buscado que la minuta aprobada pase sin cambios en el Senado, a lo que se han opuesto las bancadas del PAN, el PRD y el PT, así como algunos senadores sin partido.

La Oposición reclamó que el PRI y el PVEM agotaron el tiempo para que no pudiera modificarse la minuta, con lo que se pierde una oportunidad histórica de acabar con los abusos cometidos contra la libertad de expresión mediante la compra de propaganda oficial.

“Esta minuta que envió la Cámara de Diputados no reúne los requisitos indispensables para poder atender lo que señala el 134 constitucional y que la Corte nos mandató hiciéramos una ley en esa materia. Qué lástima.

“¿Qué es lo que va a acontecer? Casi lo podemos prever: nos vamos a esforzar a tratar de convencerles a ustedes, señores del PRI y del Verde, de que ciertamente lo que viene de Cámara de Diputados no es la Ley que debiésemos de estar dictaminando (…) Las comisiones, pero particularmente el PRI y el Verde que le acompaña, no han querido atender en lo medular, en lo sustantivo, el asunto que nos convoca”, criticó Angélica de la Peña, senadora por el PRD.

“Es claro el camino que tienen los priistas y los del Verde, continuar abusando para la desinformación del pueblo mexicano a través de sus medios de comunicación vendidos al PRI”, lanzó Ernesto Ruffo Appel, senador del PAN.

La SCJN instruyó al Congreso de la Unión a aprobar a más tardar el 30 de abril una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que regule el uso de recursos públicos para la compra de propaganda oficial pues, consideró, mediante ella puede influir en la información que los medios de comunicación ofrecen a los ciudadanos.

La Ley General de Comunicación Social aprobada en la Cámara de Diputados, surgida únicamente desde una iniciativa del PRI, da el control sobre los contratos de propaganda oficial a la Secretaría de Gobernación, que tendrá a su cargo también el padrón de los medios de comunicación.
Según expertos y organizaciones sociales, tal como está, la Ley legaliza prácticas de control que hoy se llevan a cabo.

De no cumplir el plazo del 30 de abril establecido por la SCJN, el máximo tribunal puede iniciar procedimientos judiciales contra los 628 diputados y senadores del Congreso de la Unión por incumplir con una sentencia de la Corte.

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