Los despojos de tierras e invasión de predios en áreas protegidas en Xochimilco se han acentuado en los últimos años afectando tanto el patrimonio de pobladores como al medio ambiente, acusan habitantes.
Una de las zonas donde se presenta con mayor frecuencia la invasión es la sierra de Santa María Nativitas Zacapan.
De acuerdo con el programa de desarrollo urbano de la alcaldía, la sierra cuenta con un uso de suelo de Producción Rural Agroindustrial- Habitacional Rural Baja Densidad y Habitacional Rural Baja Densidad-Producción Rural Agroindustrial, y son necesarios estudios para construir vivienda por su importancia ecológica al ser parte del sistema de recargas de los mantos acuíferos.
La situación está considerada en el programa de desarrollo urbano de la alcaldía, en el que se asume desde la parte ambiental como de vivienda, porque los 24 asentamientos irregulares están en áreas de alto riesgo.
De acuerdo con pobladores, la situación comenzó a partir de 2013 y desde entonces también la invasión de predios de los pobladores originarios.
Los afectados refieren que los invasores son miembros de la organización Antorcha Campesina Proliferan despojos e invasión y de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Para despojar terrenos usan diversos modus operandi que fueron denunciados por vecinos y afectados.
Los supuestos miembros de dichas organizaciones campesinas recurren al campo jurídico para apoderarse de los predios.
Uno de los métodos es que notifican al propietario de que el predio está en litigio por terceros ajenos al lugar y con ese pretexto desalojan.
Solares denuncia que más de 20 personas ya sufrieron el despojo de una parte de sus propiedades, pero temen denunciar o no lo hacen porque las autoridades son omisas.
Sin embargo, hay carpetas de investigación abiertas por el despojo como las FDXOCHIM/27/ USD07/02072/2001-05, la FXH/ XO/T3/266/08-01 y la averiguación previa XO-2/13/3502/10/11.
De acuerdo con los testimonios consultados, la FXH/XO/ T3/266/08-01 cuenta con 25 resoluciones administrativas para clausurar y desalojar a los invasores; sin embargo, no se han ejecutado.
También interponen demandas legales pidiendo derechos de la propiedad aunque nunca hayan vivido en el lugar.
“Tengo un juicio administrativo, esas personas nunca han tenido la posesión. Ellos interpusieron una acción plenaria de posesión, pero para ello, necesitan demostrar que en algún momento fueron dueños. Me están reclamando dos mil metros de un total de siete mil 500, si procede y se pierde el juicio, se pierde esa propiedad”, apunta Jorge Corrales, afectado por los invasores.
Corrales señala que en un primer momento quisieron meterse a su terreno pero al percatarse de la situación, llamó a la policía quienes pudieron ayudar a evitar que se instalaran. Después recurrieron a lo jurídico.
Elvira Solares indica que también realizan actos de intimidación para obtener los predios de manera legítima.
“Llegan y ofrecen un precio muy bajo por la propiedad, si el dueño se niega, lo amenazan con invadir y así termina cediendo”, acusa Elvira Solares.
“Por las personas que llegan a vivir ahí estamos sufriendo la violencia, muchas casas se usan para vender droga”, añade respecto a lo que pasa una vez que se instalan los invasores.
Autoridades omisas
Los afectados señalaron que desde el 2013 empezaron a exigir a las autoridades atención a la situación; sin embargo, han sido omisas.
“En 2013, en agosto, hubo una invasión en un predio llamado en el pareja de Titipili, entonces ahí los vecinos se organizaron y pusieron campamentos pero los invasores ya habían hecho casuchas”, indica respecto al primer caso de invasión.
En 2014, vecinos y afectados tuvieron una reunión con el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la otrora titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Tanya Müller García, posteriormente colocaron sellos de suspensión en las construcciones.
Sin embargo, los invasores regresaron y edificaron un inmueble de cuatro pisos que no está permitido por el programa de desarrollo urbano.
Mientras que el entonces delegado, Avelino Méndez, atendió a los afectados e hizo un recorrido con ellos y con quien era el director de jurídico, Gustavo Adolfo Cabrera.
En 2018, Cabrera dejó el puesto y lo tomó Miguel Ángel Bojórquez, este último le refirió a los habitantes que no hay registro de las quejas ni de los recorridos hechos por su antecesor.
“Pensábamos que iba en serio Cabrera, pero sólo hizo los recorridos y no documentó la situación”, denunció Elvia Solares.
Este 2019, con la llegada de la nueva administración, intentaron contactar a la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, con los mismos resultados.
El oficio, que relata la problemática, data del 15 de enero de 2019 y tiene sello de recibido por parte de la procuraduría. Pero los denunciantes aún no tienen respuesta alguna.
El primero es la formulación de un escrito al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, Eduardo Santillán; también dirigido a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de Justicia, donde se explique la situación.
También dice que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Ambiental se vinculará con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para atender la problemática.