El PAN en la Cámara de Diputados promueve una iniciativa para sancionar con tres años de cárcel o 300 días de trabajo comunitario y hasta 200 días multa equivalente a unos 18 mil pesos, a servidores públicos, funcionarios partidistas o personajes públicos que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten el discurso de odio, intolerancia y hostilidad.
Para ello, la legisladora Adriana Dávila Fernández, propone reformas al Código Penal Federal; y de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, y Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Manifestó que las expresiones usadas para definir a quienes piensan diferente como “adversarios” están avanzando y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza a las minorías, la oposición a una corriente política e ideológica, a las mujeres y todos aquellos etiquetados como “los otros”.
El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios. El silencio puede ser una señal de indiferencia al fanatismo y la intolerancia, incluso en los momentos en que la situación se agrava y las personas vulnerables se convierten en víctimas.
Dávila Fernández aclaró que hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, que están prohibidas por el derecho internacional.
“La política pública contra el discurso de odio debe fijarse como un horizonte normativo para la creación de una cultura de paz, respeto mutuo, respeto y valoración positiva de las diferencias, en cuyo contexto las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil deben desalentar y someter a revisión crítica las expresiones que incitan al odio”, dijo.
En su iniciativa, la panista propone que se aplique una sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa cuando servidores públicos, funcionarios partidistas o personajes públicos en cualquier medio realicen todas las formas o expresiones que difundan ideas que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten al discurso de odio.
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La pena se incrementará cuando los actos discriminatorios y las expresiones que fomenten el odio limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.
Por tanto, los servidores públicos deberán abstenerse de efectuar actos o realizar todas las formas de expresiones por cualquier medio, que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten al discurso de odio, incluida la intolerancia y hostilidad en las expresiones que realicen.
Deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, respeto, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, se destaca en la iniciativa.
