Propone senador se garantice el acceso a una energía asequible, renovable, fiable y moderna

El senador Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política, para garantizar el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna.

Se trata de que las y los mexicanos puedan adquirir energía a un precio razonable, como una medida de justicia social, que sea renovable o sostenible, “porque nos encontramos en un punto sin retorno donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles”, detalló el legislador de Morena.

Destacó que el agotamiento de los recursos fósiles, el incremento en la demanda de combustibles, la alta dependencia del exterior en esta materia, el cambio climático y el aumento de la “pobreza energética”, son factores que hacen indispensable elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, como un bien común y no una mercancía, consideró.

Refirió que consagrar en la Carta Magna el derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos, es clave para la transformación del modelo energético actual.

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Armenta Mier afirmó que esta propuesta es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos dan cabida y se nutren de la participación de una sociedad informada y organizada, como verdadera protagonista del cambio.

“Se trata de un derecho que, como los de última generación, giran en torno a la solidaridad, que puede ser sincrónica, puesto que nuestras decisiones pueden afectar a otros y otras en el presente, y diacrónica, puesto que también afectarán a las generaciones futuras”.

Armenta Mier subrayó que reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental, es urgente ante los datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética en nuestro país.

“Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos”, consideró el legislador en la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.