¿Qué recortar?

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, está marcado por la austeridad. Tuvo que ser ajustado para enfrentar la crisis económica ocasionada por la caída de los ingresos petroleros.

Ahora le toca el turno a los diputados federales definir qué programas y qué proyectos sufrirán ajustes presupuestales para evitar que la caída de los ingresos afecte los programas más sensibles del gobierno, como el combate a la pobreza, la salud y la educación.

La propuesta contempla recortes en programas relacionados con el campo, desarrollo social y seguridad. 

Para el PEC se propone una disminución de 21 mil 167 millones de pesos y en seguridad, a la Gendarmería Nacional no se le asignaron recursos.

Los que no registran disminuciones son los sueldos y prestaciones de los funcionarios federales, legisladores y miembros del Poder Judicial de la Federación.

Un año de recortes

Con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica y diferenciar al país como destino de inversión, la política económica se ha orientado hacia la austeridad. A inicios de este año, el gobierno declaró que realizaría un recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público de 2015. Posteriormente, se anunció que el ajuste se extendería también al 2016 y que sería de 135 mil millones de pesos.

La entrega del paquete económico para 2016 reafirma la postura de austeridad del gobierno. El gasto programable, aquél sobre el cual ejerce influencia la dirección de la política económica y que representa tres cuartos del total, se reducirá 5.8 por ciento en relación a lo aprobado el año pasado para alcanzar los 3.56 billones de pesos

Pese a que el discurso oficial hace énfasis en una reducción de casi 5 por ciento en el gasto corriente estructural, la mayoría del ajuste al gasto programable se da en el gasto de inversión, que sufrirá una caída de más de 20 por ciento.  Analistas advierten que la experiencia internacional señala que una reducción significativa en el gasto de inversión tiene repercusiones negativas en la actividad económica y por lo tanto en la tasa de crecimiento.

Menos desarrollo social

Algunos rubros del presupuesto destinado a gasto en desarrollo social también tuvieron recortes.

El dinero asignado a la Sedesol, bajará en un 4.5 por ciento, con 5 mil 232 millones de pesos menos para el 2016.

El recorte más pronunciado al gasto social estará en el programa de Desarrollo Regional, dentro del rubro de Vivienda y Servicios a la Comunidad.

El gasto para este programa será de apenas 2 mil 348 millones de pesos, 5 mil 986 millones de pesos menos que en 2015.

Al programa de Liconsa tendrá una disminución de 24.7 por ciento en su presupuesto. El recorte será de más de 541 millones de pesos.

En cambio, Prospera, el programa de inclusión social, tendrá un aumento de 7 mil 175 millones de pesos.

Sus recursos serán de 3 mil 150 millones de pesos, 94 millones más que en el 2015.

En Educación, recortes y nuevos programas

La Secretaría de Educación es otra que también sufrirá recortes a varios de sus programas, aunque también habrá nuevos y otros tendrán ampliaciones.

La propia SEP recibirá 5 mil 697 millones de pesos menos que en 2015, un 1.8 por ciento menos.

Sin embargo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), tendrá un crecimiento del 3.8 por ciento, con un incremento de 14 mil millones de pesos para el año siguiente.

Uno de los nuevos rubros que tendrá recursos asignados será el Programa Nacional de Inglés para las escuelas de educación básica, que podrá ejercer 789 millones de pesos.

En cambio, el programa de Escuelas de Tiempo Completo tendrá una disminución de mil 939 millones de pesos, un 15 por ciento menos que en 2015.

Otro de las áreas que tendrá una disminución de dinero será el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que ejercerá 2 mil 131 millones de pesos, mil 198 millones menos que en 2015; esto representa un 36 por ciento de disminución. 

Aumentan ingresos de alta burocracia

Quienes no sufrirán recortes en sus ingresos y, más bien, tendrán aumentos, serán los miembros de la más alta burocracia del país.

En general, los más altos funcionarios tendrán un aumento en sus ingresos, sea por el incremento en sus prestaciones o en sus ingresos directos.

El aumento más considerable será para Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que tendrá 183 mil pesos  más en sus ingresos al año, que serán de 2 millones 477 mil 851 pesos en el 2016.

Este aumento se debe a que tendrá una nueva prestación, el Apoyo para la adquisición de un vehículo, por un monto de 190 mil 117 pesos.

Quienes tendrán el segundo aumento más jugoso del año serán cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –quienes se rigen por la Ley de Salarios Máximos-, pues tendrán un incremento de 88 mil 282 pesos en el 2016.

En el caso de los ministros, el aumento se debe al crecimiento de 78 mil pesos en su pago por riesgo; en el consejero de la Judicatura, este pago también aumentó en 65 mil pesos.

Sin embargo, los funcionarios mejor pagados del país serán los miembros del Poder Judicial que no están regidos por la Ley de Salarios Máximos por haber entrado al servicio antes del 2009.

Se trata de siete ministros de la SCJN, cuatro consejeros del CJF y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes tendrán ingresos por 6 millones 766 mil 428 pesos en el 2016.

Estos servidores públicos ganarán 2.2 veces lo que percibe el presidente Enrique Peña Nieto, quien tendrá ingresos por 2 millones 989 mil 128 pesos en el 2016, 5 mil pesos más que en 2015.

Ajuste le pega a la Gendarmería

Hace apenas un año, en agosto del 2014, se creó la Gendarmería Nacional. Se le asignaron más de 5 mil millones de pesos para este año.

Este 2015, se anunció que la Policía Federal absorbería sus actividades, sin desaparecer el cuerpo en sí mismo.

De donde sí desapareció fue del Presupuesto federal. Para el 2016 no le fue asignado un solo peso del erario; aunque la Policía Federal tuvo un aumento de 4 mil 687 millones de pesos.

Dentro de la estrategia de Acciones para la prevención del delito y el combate a las adicciones, varios programas tuvieron recortes.

Una de las disminuciones más importantes es al Programa Nacional de Prevención al Delito, que tendrá un recorte de casi 668 millones de pesos; esto es, un 24.9 por ciento menos recursos que en 2015.

Para el Programa de Fomento a la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención para el Delito se destinarán 31 millones de pesos menos que en el 2015, un recorte del 13 por ciento.

A la Detección y prevención de ilícitos financieros, manejado por la Secretaría de Hacienda, se destinarán 13 millones de pesos menos que en este año; un recorte de 6 por ciento.

Sin embargo, también hay aumento en otros programas de esa estrategia transversal.

Uno de esos aumentos es en el Programa de Derechos Humanos, que tendrá un crecimiento de 414 por ciento, al pasar de 56 millones de pesos en 2015 a 232 millones en 2016.

Sin especificar de qué se trata, el rubro de Actividades de Apoyo Administrativo es el que tendrá un mayor repunte en 2016, con un aumento de 558 por ciento. Pasará de un millón 629 mil pesos a 9 millones 99 mil pesos.

En cambio, el presupuesto que será destinado a la Atención a Víctimas aumentará en un peso. Pasará de 186 millones 884 mil 615 pesos a 186 millones 884 mil 616 pesos.

Dentro del gasto de la Secretaría de Gobernación, que desde el inicio de este sexenio maneja las tareas de seguridad pública y seguridad nacional, varios programas tendrán disminución en sus recursos.

En servicios de inteligencia, por ejemplo, la disminución será de más de la mitad de los recursos respecto al 2015.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quien lleva a cabo la tarea de inteligencia del Estado, tendrá un presupuesto mermado en casi 4 mil 343 millones de pesos, un 57 por ciento menos.

Para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, que debe estar ya en funcionamiento el año que entra, los recursos disminuyeron en más de 32 millones de pesos, un 30 por ciento menos que en 2015.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública también tendrá un recorte. Será de más de 2 mil 253 millones de pesos, un 23 por ciento menos que este año.

En cambio, el Gobierno Federal decidió asignar más dinero a la Administración del Sistema Federal Penitenciario, que ahora contará con 981 millones de pesos extras, un 5.7 por ciento más que este año.

La Secretaría de Gobernación decidió mantener con vida la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado de Michoacán, aquella que estuvo encargada de la pacificación de la entidad el año pasado, y de la que salió Alfredo Castillo en enero pasado.

Para el 2016, la Comisión tendrá recursos por más de 20 millones de pesos, un 86 por ciento menos que este año.

¿Cuánto le toca a los estados?

El Gobierno Federal destinó más de 616 mil millones de pesos a las aportaciones federales (ramo 33), recursos que entrega a los estados y municipios para la consecución de objetivos específicos de política pública en materia de salud, educación, infraestructura, etc.

Las participaciones federales (ramo 23), que pertenecen al gasto no programable, alcanzarían los 679 mil millones de pesos el siguiente año, un avance de 8.5 por ciento en términos reales respecto al ejercicio fiscal de 2015.

Hacienda optimista

Para que el proyecto presupuestario del Gobierno cumpla con lo que plantea, requiere que el crecimiento económico de México sea de entre 2.6 y 3.6 por ciento en 2016.

Sin embargo, el promedio de crecimiento de los últimos años y el pasado comportamiento de ajuste de los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ponen en duda si será posible cumplir con este objetivo.

En los últimos dos años, la economía mexicana ha crecido a un ritmo anual promedio de 1.7 por ciento – una cifra significativamente por debajo del objetivo oficial. La cifra promedio de la última década, una tasa de 2.4 por ciento, tampoco cumple con lo previsto por la SHCP.

Además de la divergencia con la tendencia histórica que sería necesaria para cumplir con el objetivo marcado por el presupuesto, otro factor que pone en duda la viabilidad de los objetivos del Gobierno es la manera en la que la SHCP tiende a pronosticar de forma excesivamente optimista el crecimiento económico.

En los últimos dos años el patrón que se ha visto es uno de recortes consecutivos en los pronósticos de crecimiento anunciados al inicio del año, conforme el desempeño del país no ha cumplido con las expectativas.

Sin embargo, algunos expertos consideran que si la recuperación económica en Estados Unidos, el principal socio comercial de México, continúa avanzando a su actual ritmo el país podría alcanzar el crecimiento necesario. Un ejemplo de esto es el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un 3 por ciento de crecimiento para el 2016.

Nuevo financiamiento

La actual coyuntura económica en México presenta un reto particular porque la caída en los ingresos públicos, consecuencia del desplome de los precios petroleros, no le da al Gobierno suficiente espacio de acción para estimular la economía mediante gasto público en proyectos de infraestructura.

Con el fin de enfrentar esto, la SHCP planea utilizar nuevos vehículos de inversión, los cuales cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, como fuente de financiamiento. Esto incluye a los bonos de infraestructura educativa, la Fibra E, y los certificados de proyectos de inversión (Cerpis). Los bonos de infraestructura educativa estarán ligados al Fondo de Aportaciones Múltiples de las Entidades Federativas, y operarán de forma similar a otros instrumentos de deuda pública.

La Fibra E, tendrá el mismo esquema que los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras), pero en lugar de invertir en el sector inmobiliario lo hará en el desarrollo de proyectos energéticos y de infraestructura.

Finalmente, los Cerpis permitirán a actores institucionales (fondos de pensiones, administradoras de activos, aseguradoras, etc.) invertir en el desarrollo de proyectos en una amplia gama de sectores de la economía mexicana.

La SHCP indica que estos instrumentos permitirán a los individuos y a las instituciones ahorrar  al mismo tiempo que impulsarán la inversión.

Gasolina libre

La reforma energética promulgada en septiembre del año pasado contempla la liberalización gradual del mercado de gasolina en México. Sin embargo, la libre competencia en la venta de hidrocarburos estaba planeada hasta el 2018.

En el marco de la presentación del paquete económico de este año, la SHCP propuso adelantar este proceso.  

Entre el 2016 y el 2017, el precio de la gasolina fluctuará de acuerdo a las fuerzas del mercado, situando al precio del combustible en línea con los valores de referencia internacional.

Con el fin de evitar fluctuaciones excesivas durante el proceso de transición, el gobierno implementará una banda de precios que determine los valores máximos y mínimos a los que pueda ser adquirida la gasolina.

Esta nueva disposición le permitirá a Hacienda recaudar un nivel fijo del IEPS.

En el 2017 se procedería con la libre importación de diésel y gasolina y en el 2018 se liberalizarían los precios de los hidrocarburos por completo.