Rafael Antonio Olvera, ex dueño de Ficrea es vinculado a proceso por defraudación fiscal

Este lunes, un juez federal vinculó a proceso a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea.

Olvera Amezcua es acusado de operar con recursos de procedencia ilícita y violar la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Sur, le dio prisión preventiva a Rafael ‘N’, ante el riesgo fundado de fuga ya que no cuenta con un domicilio cierto, y el único que tenía se encuentra asegurado.

Además, tiene acceso a recursos económicos que le facilitan abandonar el territorio nacional.

Este lunes se realizó la continuación de la audiencia en contra de Rafael Olvera Amezcua, programada en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito en el Reclusorio Sur, donde permanecerá.

La decisión del juez se da luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes para inculpar a Olvera Amezcua de fraude y de operar con recursos de procedencia ilícita.

Lee: Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador de Ficrea, es deportado a México desde EU

Asimismo, el juez otorgó a la FGR y a la defensa tres meses para que lleven a cabo su investigación complementaria.

? #ÚLTIMAHORA Juez dicta auto de vinculación a proceso al exdueño de Ficrea

Rafael Olvera Amezcua está acusado por los presuntos delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y extorsión. pic.twitter.com/uAsdJqfiXh

— Edgar Mendez Elizondo (@EdgarMendezE) March 8, 2022

Olvera Amezcua fue imputado el pasado jueves por la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue el 2 de marzo cuando el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos deportó a Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador del caso Ficrea, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público Federal indicó que el ex propietario de Ficrea es presunto responsable de defraudar a más de 6 mil personas, en su mayoría adultos mayores y la compra ilegal de 11 inmuebles.

Se presume que desvió más de 7 mil millones de pesos, dinero que era de los ahorradores.