Rebeldes autónomos

Mientras el Gobierno Federal insiste en restablecer el tejido social como fórmula principal para abatir el índice delictivo, la relación y la contención de los grupos de autodefensa se torna cada vez más difícil.

Algunas células de estos civiles armados han dejado de responder al Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM) como mando único para convertirse en grupos autónomos.

Ayer, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio hacía una visita al municipio de Buenavista Tomatlán para anunciar el Plan Michoacán, los grupos de autodefensa seguían extendiéndose por todo el estado. Fueron cuatro municipios más los que ya fueron tomados por los civiles armados.

La dispersión de las autodefensas ha obligado a los líderes del movimiento –José Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán Torres- a desconocer a aquellos grupos que comenzaron a surgir en diversos puntos de la entidad, los cuales podrían ser detenidos por las Fuerzas Federales.

Así se acordó en la última reunión que sostuvieron los integrantes del Consejo de Autodefensas con el comisionado Alfredo Castillo. Ahí, Mireles reconoció la gravedad social que representa el surgimiento de más grupos armados, muchos de ellos, al margen del control del CAM.

Mireles propuso una especie de sindicalización, a fin de otorgar inmunidad jurídica solo a los grupos de civiles armados que sean reconocidos por el Consejo de Autodefensas. Quienes no entren en esa categoría, dijo el líder, podrán ser detenidos por el Ejército.

Citó el punto tres del acuerdo resolutivo del CAM, el cual indica que “los grupos de ciudadanos organizados informarán a las autoridades respecto a los municipios en donde no tienen presencia ni injerencia, a fin de que si hay grupos que se hacen pasar como parte de los mismos, sean detenidos por las Fuerzas Federales”.

Reafirman compromiso con el Gobierno

En el encuentro que el Consejo de Autodefensas de Michoacán (CAM) tuvo con el comisionado Alfredo Castillo, José Manuel Mireles reafirmó el compromiso de seguir siendo el grupo de inteligencia que actúa en Michoacán contra el crimen organizado.

Destacó que el resultado más aplaudido ha sido la muerte de Nazario Moreno, a quien se le atribuía el liderazgo del cártel de Los Caballeros Templarios. 

Los grupos de ciudadanos organizados, dijo Mireles, compartirán información con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, la cual será resguardada por el CISEN, para trabajar la parte operativa en la lucha frontal contra el crimen organizado.

Los grupos de autodefensa también se comprometieron a detener su ingreso a más cabeceras municipales o zonas urbanas, a la par de una limpia interna a fin de expulsar de los grupos organizados a aquellas personas que sean ajenas al movimiento.

La dirigencia del grupo reconoció que desde el ingreso de las Fuerzas Federales a la zona sur del estado, particularmente a los municipios de Tierra Caliente, la seguridad ha mejorado de manera considerable.

A pesar de ello, avanzan

Pese a la disposición y compromiso expreso de la dirigencia de José Manuel Mireles e Hipólito Mora para mantener en contención la presencia de los grupos de civiles armados, las autodefensas siguen avanzando en la entidad. 

Durante el pasado fin de semana, se dieron movilizaciones en cuatro municipios de Michoacán.

Medio millar de personas armadas tomaron las cabeceras municipales de La Piedad, Tingüindín, Turicato y Huandacareo. En este último municipio los que se identificaron como miembros del Consejo de Autodefensa de Michoacán desarmaron a todos los miembros de la Policía Municipal. 

Con este nuevo avance, ya son 87 localidades de 40 municipios las que están bajo el control de las autodefensas. Se mantiene latente la posibilidad de que los ciudadanos organizados, como ellos se hacen llamar, ingresen a la capital de Michoacán, pese a la promesa de la dirigencia del Consejo de no entrar a la ciudad de Morelia. 

Actualmente las autodefensas ya ocupan más del 50 por ciento del territorio estatal.

Más salud para el estado

Como parte de las acciones comprometidas por el presidente de la República para resarcir el tejido social afectado por la violencia en Michoacán, ayer el secretario de Gobernación y la titular de la Secretaría de Salud a nivel federal pusieron en marcha un programa de ampliación de la cobertura médica para los vecinos de las comunidades marginadas de Tierra Caliente.

El evento, en donde Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que la presencia del Gobierno Federal será permanente en esa parte de Michoacán fue también atestiguado por el propio gobernador Fausto Vallejo y el comisionado para el desarrollo y seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo.

La visita del secretario de gobernación al estado de Michoacán se llevó a cabo en medio de una gran tensión para el equipo de seguridad del funcionario federal, toda vez que los rumores de enfrentamientos en esa parte del estado, entre miembros del crimen organizado y grupos de autodefensa se comenzaron a filtrar desde las redes sociales apenas iniciado el día.

Piden castigo por omisión 

Por Carolina Hernández

En el 2010, el gobierno de Felipe Calderón dio por muerto a Nazario Moreno sin presentar una sola prueba.

El pasado domingo, el presunto líder y fundador de la organización criminal de Los Caballeros Templarios fue “abatido” otra vez.

En esta ocasión, todo el aparato gubernamental salió a dar pruebas, santos y señas del logro. El procurador, Jesús Murillo Karam, aseguró que la identidad del narcotraficante está confirmada al 100 por ciento.

“Es ‘El Chayo’ cien por ciento seguro”, dijo en entrevista para El Universal.

Tras la confirmación tan tajante, el expresidente Calderón se apresuró a felicitar al gobierno de la República por, ahora sí, la muerte de Moreno.

El exmandatario “compartió” además el comunicado de Alejandro Poiré, quien en su gobierno y en su calidad de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, informó el 10 de diciembre de 2010 que Moreno habría caído abatido en un operativo militar realizado en Michoacán.

Poiré hoy reconoce que los datos disponibles en ese entonces “no fueron lo suficientemente precisos”.

Para el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ese acto de contrición no exime a los involucrados. Por eso, pide sanciones. 

En una entrevista para El Universal, el priista se pronunció por que la administración de Enrique Peña Nieto no deje sin castigo esa omisión del sexenio pasado.

“Si hubo dolo para ocultar o mal informar, hay delito que perseguir. Seguramente si hay delito que perseguir, la autoridad competente –en los próximos días– tendrá que hacer la investigación y decirle a los mexicanos si esto fue así”, indicó el funcionario.