Recorte a la seguridad

Para el 2016, los programas dedicados a tareas de seguridad pública en estados y municipios tendrán menos recursos.

La desaparición de algunos programas y el recorte en otros traerá como resultado que el próximo año los gobiernos locales tengan menos holgura para trabajar en temas de seguridad pública.

Esto ocurrió luego de que, para 2016, el Gobierno federal realizara una reingeniería del Presupuesto, convirtiéndolo en un Presupuesto Base Cero, en el que algunos programas se fusionaron y otros desaparecieron.

Pasa también después de que varios gobernadores enfrentaron escándalos por el supuesto desvío de recursos provenientes de fondos federales.

En un diagnóstico sobre la opacidad en el manejo de los programas federales en los estados, de la Cuenta Pública del 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por más de 800 millones de pesos por desviados, subejercidos o mal utilizados.

La ASF denunció que durante el mandato de los gobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, de Michoacán; Javier Duarte, de Veracruz; y Graco Ramírez, de Morelos, no ejercieron entre el 68 y el 78 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), radicado en el Ramo 33.

Castigan a estados y municipios

La Federación otorgará recursos para labores de seguridad, a los gobiernos locales, a través de dos componentes: el FASP y los subsidios en materia de seguridad pública.

Lo hará, sin embargo, con un recorte de casi 2 mil 900 millones de pesos, respecto al 2015.

En el primer caso, se trata de un Fondo que la Federación transfiere directamente a las entidades federativas para tareas de seguridad pública.

Los gobiernos deben usar ese dinero en el reclutamiento y depuración de sus policías y otro personal de las instituciones de seguridad; el equipamiento de policías, ministerios públicos o custodios; establecer una red nacional de telecomunicaciones; y mejorar las instalaciones de centros policiales, penitenciarios y de capacitación.

Dicho Fondo tendrá un recorte de más de mil 190 millones de pesos, 15 por ciento menos, disminución que pegará directamente a los gobiernos locales.

En el 2015, el FASP tuvo una asignación de 8 mil 190 millones de pesos; para el 2016, el dinero que recibirá será de 7 mil millones.

Medios locales han publicado que, por ejemplo, en el caso del municipio de Orizaba, Veracruz, los fondos federales de seguridad ya se encontraban comprometidos al 100 por ciento y hasta se lanzaron ya licitaciones para programas de seguridad.

Todo esto, tomando como base los fondos recibidos este año, de los que sólo recibirán una parte en el 2016.

En años anteriores, los estados y municipios recibían también recursos del otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública (Subsemun) y para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA).

En el caso del Subsemun, se trata de recursos que se entregaban a localidades y entidades elegidas con ciertos criterios, para profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad y policía, así como para la aplicación de pruebas de confianza.

El objetivo del SPA era dar dinero a los gobiernos locales para la reorganización de las policías a raíz del cambio de modelo policial al del mando único; además de tener cuerpos acreditables.

Para 2015, el Subsemun recibió recursos por 4 mil 893 millones de pesos; el SPA, por 2 mil 759 millones de pesos.

Por considerar que tanto el Subsemun como el SPA duplicaban funciones, la Secretaría de Hacienda decidió fusionarlos en uno solo: los subsidios en materia de seguridad pública, dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Para estos subsidios, el Gobierno federal destinará 5 mil 952 millones de pesos; esto representa un recorte de 2 mil 890 millones de pesos respecto de los dos subsidios anteriores.

Ahora, además, para recibir el dinero de los subsidios de seguridad pública, los Ayuntamientos deberán demostrar que han disminuido los índices de inseguridad en su demarcación.

Menos para prevención

Una de las partes más sensibles a la estrategia de combate al crimen organizado es la prevención del delito, área que también tendrá un recorte en el 2016.

El Programa Nacional de Prevención del Delito, radicado en la Secretaría de Gobernación, experimentará un recorte de 667 millones de pesos, lo que representa casi el 25 por ciento.

Esto sucede a pesar de que este componente era el eje rector del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto en febrero de 2013, apenas dos meses después de haber asumido la Presidencia de la República.

Sin embargo, el Programa Nacional de Prevención del Delito fue cuestionado por organismos civiles, que pusieron en entredicho sus resultados.

La organización México Evalúa, por ejemplo, sostuvo a mediados de este año que el gasto de más de 5 mil millones de pesos que se realizó en este programa entre el 2013 y el 2014, no dio beneficio alguno a los mexicanos.

A esto se sumó la polémica por el nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito y su posterior renuncia, luego de ser señalado por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade) por presuntamente haber cometido crímenes electorales para favorecer al PVEM, su partido.

Otro de los programas que manejaba la Secretaría de Gobernación era el de Prevención, protección y atención en materia de Trata de Personas, mismo que desapareció del Presupuesto de Egresos en el 2016.

Para este año, a dicho programa se le destinaron 10 millones 750 mil pesos.

En el caso del programa de Atención a Víctimas, que antes era ejercido por la Secretaría de Hacienda, ahora se ubica dentro de las entidades no sectorizadas.

A este programa le fue aumentado su presupuesto en un peso.

En el 2015 se le entregaron 186 millones 884 mil 615 pesos; para el 2016, podrán ejercer 186 millones 884 mil 616 pesos.