Recuperar lo robado por la corrupción, FGR y UIF

Las investigaciones por corrupción que tiene en sus manos la Fiscalía General de la República (FGR) no solo se deben enfocar en dar con los culpables y aplicarles una sentencia.

Al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se le acusa de haber desviado al menos 96 millones de pesos del erario de la entidad mediante la “Operación Safiro” para supuestamente financiar campañas políticas de Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero de acuerdo con información del consejero Jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, el expriista tiene por lo menos 50 propiedades en Estados Unidos que juntas suman un valor de alrededor de 200 millones de dólares.

Debido a esto el gobierno que encabeza Javier Corral ha iniciado los juicios correspondientes para recuperar esas propiedades que presuntamente fueron adquiridas con dinero público.

Para Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la asociación civil Tojil, uno de los retos principales para la FGR es recuperar el dinero en los casos de corrupción que investiga.

De acuerdo con la especialista en el sistema penal acusatorio otro de los puntos que debe de fortalecer la Fiscalía es el armado de los casos para que no se “caigan”, y para ello es fundamental una investigación fuerte con todos los actores involucrados, peritajes, uso de las unidades de inteligencia financiera, colaboración internacional, publicidad y apoyo social.

“Los retos son muy amplios porque se necesita tener evidencias bastante sólidas para que sean capaces de sostenerse en los tribunales, ese es el primer obstáculo para el cual es muy importante y básico estar perfectamente articulado con otras instituciones como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que es clave para tener la información de qué pasó con la ruta del dinero en este tipo de casos”, agrega.

Esta cooperación entre la FGR y la UIF, actualmente no es como se espera, pues ambos titulares han fracasado a la hora de coordinarse.

“Si Hacienda no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta. Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, acusó Gertz Manero, con respecto a los casos que Santiago Nieto ha hecho públicos.

El cruce de acusaciones entre ambos funcionarios escaló a tal grado que el presidente López Obrador pidió ayer a los dos “amor y paz” y trabajo coordinado.

“No es un debate que en este momento abone, me parece muy importante que el fiscal esté más concentrado en hablar de una afrenta personal cuando lo que debería de estar haciendo es articular su trabajo con la UIF”, opina Medina Ruvalcaba al respecto.

Finalmente la cofundadora de Tojil dice que hay que estar muy atentos a que los casos sean públicos y transparentes ya que por las restricciones de la pandemia las autoridades se podrían olvidar del principio de máxima publicidad.

“La Constitución dice que todas las audiencias penales deben de llevarse de manera pública y ahora con las restricciones por la pandemia la publicidad está completamente restringida, lo que ocasionaría que los casos se lleven a puerta cerrada, esto es muy importante para casos en los que no solamente necesitamos sanciones, sino verdades”, concluye.

Justicia de la FGR como herramienta política

Hace poco más de un año, el 15 de mayo del 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la entonces PGR afectó la equidad en la contienda presidencial del 2018 al difundir un video en el que aparecía el excandidato panista, Ricardo Anaya, en las instalaciones de la SEIDO.

Tras la elección y dos meses antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría exoneró al panista del delito de lavado de dinero en el que se le involucró cuando fue candidato.

En aquel entonces el presidente nacional del PAN era Damián Zepeda, actual senador e integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, quien asevera que la Fiscalía aún debe probar que es una institución sólida que actúa con independencia y autonomía del poder en turno.

“Espero investigaciones bien hechas, sólidas, apegadas a derecho y que quien tenga una responsabilidad la asuma y que no se utilice como golpeteo político”, comenta el legislador.

Para evitar este tipo de situaciones, el albiazul propone que los titulares de los mismos órganos autónomos sean elegidos por el Senado a través de convocatorias públicas abiertas en las que no tenga injerencia el Ejecutivo y que la misma Cámara alta tenga la facultad de separarlos del cargo si no cumplen con su encomienda.

“Hoy no es así, es evidente que se trata a la Fiscalía como una dependencia del Gobierno, por lo que yo espero que estos casos sean una oportunidad para demostrar que quieren tomar otro camino”, agrega.

Finalmente el legislador acusa que ve al presidente López Obrador con la intención de politizar los casos para conseguir votos en los comicios del próximo año, cuyo proceso comienza en dos meses.

“Se ve la intención del presidente de politizar todo, es claro, en cada mañanera está haciendo énfasis en eso, pero yo espero que estos casos los dejen a un lado, que se haga justicia. Pero lo que yo veo por el manejo inicial que se les ha dado, es que sí van a ser utilizados políticamente. Si lo hacen es una lástima porque entonces no cambió nada en el país, la justicia seguirá siendo una herramienta política”.

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