¿Registro, desarme o teatro?
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que armas y fusiles como AK-47, R-15, M-16, Barret calibre 50 mm y armas cortas calibre 45 mm y 9 mm son del uso exclusivo del Ejército.
Y es justamente ese, el armamento con el que patrullan los diferentes grupos de autodefensa en Michoacán.
El pasado 27 de enero, el Gobierno Federal y los grupos de civiles armados firmaron el “acuerdo de institucionalidad”, el cual busca integrarlos a los Cuerpo de Defensa Rural de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Rodrigo VillegasLa Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que armas y fusiles como AK-47, R-15, M-16, Barret calibre 50 mm y armas cortas calibre 45 mm y 9 mm son del uso exclusivo del Ejército.
Y es justamente ese, el armamento con el que patrullan los diferentes grupos de autodefensa en Michoacán.
El pasado 27 de enero, el Gobierno Federal y los grupos de civiles armados firmaron el “acuerdo de institucionalidad”, el cual busca integrarlos a los Cuerpo de Defensa Rural de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Sin embargo, el reto está en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto logré registrar a los más de 300 grupos que portan armas de usos exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La estrategia del Gobierno se trata de traspasar las autodefensas al antiguo régimen de Cuerpos de Defensa Rurales. Este concepto ha existido en el país desde la época del presidente Benito Juárez.
Sin embargo, la ley que regula a estos cuerpos data de 1964.
Especialistas en seguridad aseguran que el contexto nacional ha rebasado las capacidades jurídicas del capítulo tercero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
Y es que, el general secretario de la defensa nacional, Agustín Olachea Avilés, expidió en 1964 el Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensa Rurales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En dicho documento, se precisan los requisitos, facultades, deberes y capacidades.
En tanto que establece la Sedena cuenta con la facultad legal de desarmar a los cuerpos armados y/o darlos de baja. También, que los miembros de los cuerpos deberán ser ejidatarios, no tener antecedentes criminales y haber cumplido con su Servicio Militar entre otros.
Y aunque la evaluación de los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán apenas inicia, miles de ciudadanos ya se han registrado. También han registrado armamento de alto poder.
‘No es registro, es desarme’
El 28 de enero, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que los grupos de autodefensa podrán portar armas de bajo calibre o las que usan regularmente para la caza.
En entrevista para Radio Fórmula, el comisionado para la paz confirmó que más que un registro, es un desarme total, el cual sería hecho por el Ejército.
Y ayer, José Manuel Mireles indicó en entrevista para MVS que la legalización de los grupos de autodefensa y el registro de armas ante el Gobierno Federal es solo un teatro.
“De hecho es una burla de mis propios compañeros hacia el Gobierno Federal ir a registrar una pistolita que no usan en las autodefensas.
“Están burlándose unos de otros. No hay algo realmente formal, todo es teatro. Imagínate, yo tengo todas mis armas registradas, pero son de cacería, deportivas”, remarcó.
La controversia en torno a la “institucionalización” de los grupos de autodefensas también causó revuelo luego de que el Procurador General de la República reconociera que entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación patrocinaban al movimiento de civiles armados.
Reformar, una opción
Con el fin de evitar un desencuentro con los integrantes de las autodefensas, no se descarta intentar reformar el reglamento de los Cuerpos de Defensa Rurales, que emana de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
Un funcionario del Gobierno Federal -que solicitó el anonimato- dijo a Reporte Indigo que el número de armas de grueso calibre con el que cuentan los grupos de autodefensa en Michoacán rebasa las 100 mil.
Por lo que, prohibirlas en su totalidad podría ocasionar la venta ilegal.