La intervención inesperada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis ambiental que se vive en el Río Santiago de Jalisco ha puesto a contrarreloj al Gobierno del Estado y a su estrategia para disminuir los niveles de contaminación de ese cuerpo de agua.
El 7 de febrero pasado, la CIDH emitió la Resolución 7/2020 en la que solicita al Estado mexicano que salvaguarde la vida y salud de los habitantes de los tres municipios jaliscienses con más afectaciones por la contaminación del afluente: El Salto, Juanacatlán y Poncitlán.
La irrupción de esa instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se dio solo unos días después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, expresara su molestia debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) proyecta una nueva macrorecomendación para sanear ese río, o actualizar la primera que es de 2009.
“El Gobierno de Jalisco está haciendo las obras que se necesitan para poder sanear el Río Santiago y las empezamos a hacer desde el año pasado. Sin embargo, hay quienes hoy todavía piensan que nos tienen que hacer recomendaciones, particularmente me llama la atención ese ánimo de aparecer tal vez para justificar su trabajo y su cheque de la CEDHJ que ahora dice que va a sacar otra macrorecomendación”, dijo el pasado 3 de febrero.
Déjenme decirles una cosa para que quede claro desde un principio: no necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el Río Santiago. Lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno
A pesar de su renuencia a ser vigilado por instancias defensoras de los derechos humanos, ahora el gobernador de Jalisco no solo deberá enfrentar las recomendaciones que alista la CEDHJ para atender la contaminación del Río Santiago, sino que tendrá un observador de carácter internacional como lo es la CIDH de la OEA.
Además, el tiempo está corriendo para el Gobierno de Jalisco, pues la CIDH le estableció un plazo definitivo para rendir cuentas sobre las acciones implementadas para atender esta problemática.
“Que tenga a bien informar a la Comisión, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación (7 de febrero), sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica”.
Entre las acciones dictadas por la CIDH al Gobierno de Jalisco está el que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco”.
Solución para Río Santiago en duda
En su resolución, la CIDH cuestionó que la estrategia del Gobierno de Jalisco para recuperar el Río Santiago le brinde tanta importancia a la rehabilitación de plantas de tratamiento, cuando es conocido que los desechos de mayor riesgo en el afluente son de tipo industrial, por lo que no es posible eliminarlos con ese tipo de instalaciones.
El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez ha señalado que su estrategia “Revive Río Santiago” contará con una inversión total de 2 mil millones de pesos y que el 40 por ciento de la bolsa estará destinado a la reparación y ampliación de plantas de tratamiento.
“En total se está trabajando en la renovación de 19 plantas, con una inversión de más de 800 millones de pesos para su construcción, modernización y equipamiento. De estas 19 plantas, 13 vierten a la cuenca del Río Zula y del Río Santiago”, se informó el 5 de febrero pasado.
Sin embargo, la CIDH alerta sobre este error del Gobierno local. “La Comisión advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado se refiere a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
“Sin perjuicio de la relevancia de las mismas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, se nota que, de acuerdo con información suministrada por la solicitante y no desvirtuada por el Estado, tales no son medidas idóneas para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales”.
Inclusive, la Comisión cita el informe que en 2016 emitió el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Río Santiago, que dice que “la única solución que se aplicó fue la creación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales que solo tratan las descargas de aguas residuales domésticas de la parte meridional de la zona metropolitana de Guadalajara y no las aguas residuales de las industrias”.
En contraparte a la advertencia de la CIDH, el gobernador ha destacado la rehabilitación de este tipo de plantas: “Los trabajos que estamos haciendo hoy, las plantas de tratamiento, los colectores, las obras de limpieza de maleza, los trabajos para tecnificar las unidades productivas, no van a dar resultados de inmediato, la calidad del agua no va a mejorar ahorita, va a mejorar cuando las obras estén terminadas y estén funcionando”.
La CIDH solicitó al Estado mexicano salvaguardar la vida y salud de los habitantes en los municipios jaliscienses de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán
Desechos industriales
Para poder atender la contaminación industrial en el Río Santiago, el Gobierno de Jalisco busca que la Federación intensifique la vigilancia de ese sector, o que se establezca un convenio para desarrollar estas tareas de forma conjunta, pese a que la competencia es federal.
El 7 de febrero, el estado informó que “Patricia Martínez Barba, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, solicitó al titular de Semarnat (Víctor Manuel Toledo Manzur) un acuerdo de colaboración para fortalecer la inspección y vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria”.
Mientras tanto, la CIDH cuenta ya en sus manos con múltiples estudios que muestran la exposición que padecen los ribereños a sustancias peligrosas como mercurio y cadmio, entre muchas otras.
