Rosario Robles Berlanga tuvo su noche más oscura. La extitular de Sedesol y Sedatu es la primera funcionaria de alto nivel de la pasada administración en ser vinculada a proceso por dos delitos del ejercicio indebido del servicio público, por lo que ya pasó la primera noche en el Penal de Santa Martha Acatitla.
Robles fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunta responsable de la omisión del desvío de más de 5 mil 73 millones de pesos de recursos federales cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol)
Ayer, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en lo que se concluye la investigación complementaria, pero el plazo puede extenderse.
Sin embargo, el gran reto contra la impunidad que ahora enfrenta la FGR es la desarticulación de la red de corrupción que se armó, implementó y benefició de los desvíos que evidenció la investigación periodística La Estafa Maestra, y que no se centre solo en una persona en específico.
En el proceso judicial apenas es el primer paso. Creo que la prisión preventiva le agrega un ruido mediático, pero en términos reales apenas se está iniciando el proceso jurídico, todavía no se ha determinado si es culpable o inocente
Además de aportar todas las pruebas que sustenten las acusaciones contra la exfuncionaria, el desafío consiste en lograr una verdadera procuración de justicia que impida que haya impunidad y que implemente una investigación real que permita saber a dónde fueron desviados más de 5 mil 73 millones de pesos del erario de la Nación.
“Esto es un sistema y no solo participó una dependencia o una sola unidad, es un esquema muy complejo, hay muchísimos participantes (…) lo deseable es que se logre un castigo a la red completa de corrupción”, dice Castillo.
El proceso judicial contra Rosario Robles partió de una denuncia interpuesta el 18 de septiembre de 2018 por MCCI y Tojil, organización civil integrada por un equipo de abogados especializados en materia penal. La demanda fue contra funcionarios de la Sedesol y Sedatu que resulten responsables en el desvío de aproximadamente 7 mil millones de pesos de recursos públicos, el cual fue revelado en la “Estafa Maestra”.
Hecho histórico
La vinculación a proceso de Robles Berlanga es un hecho histórico en México y podría ser la primera de muchos servidores públicos de primer nivel de la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto en pagar por sus actos.
En la audiencia, la exsecretaria declaró que sí le informó al extitular del Ejecutivo Federal de las anomalías detectadas por la ASF, así como a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y excandidato presidencial, José Antonio Meade.
El juez de control estableció como plazo máximo el 16 de agosto para que la defensa entregue una copia certificada o notariada para que se determine si se abre una investigación contra Meade por no cumplir con su función como responsable de Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar.
La exservidora pública podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y reparación del daño de hasta 5 mil 73 millones de pesos, que es el monto del quebranto que se le atribuye.
“El día de hoy está de luto la justicia mexicana, el día de hoy estamos vestidos de negro todos los que nos dedicamos al proceso porque hemos visto cómo se ha violado el debido proceso, cómo se ha violado la presunción de inocencia y cómo un sistema se ha encarnizado sobre quien es inocente. Rosario Robles es inocente”, señaló Julio Hernández Barros, su abogado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslindó del caso de Robles y dijo, durante su conferencia mañanera, que es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República (FGR).
“El proceso está abierto, hay términos legales y el juez lo resolverá en definitiva y va a decidir si existen implicados o hay que llamar a declarar a otras personas, pero ese no es asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato”.
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Reclasificar los delitos de Rosario Robles
Los delitos por los que es acusada Rosario Robles Berlanga deberían de reclasificarse, pues podrían obstaculizar la desarticulación de una red de corrupción que ha desviado miles de millones de pesos de las arcas públicas.
Así lo considera Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización Tojil, la cual interpuso el año pasado una denuncia que resultó fundamental para que la exservidora pública fuera vinculada a proceso.
Robles fue imputada por la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido del servicio público, lo cual consiste en que ella tuvo conocimiento de una posible afectación patrimonial a las dependencias que dirigía y no avisó a su superior, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto
Sin embargo, Tojil, en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), interpuso una denuncia el 18 de septiembre de 2018 en la que se señaló a Robles como posible vinculada a una red de corrupción en las secretarías que ella encabezaba: Sedesol y Sedatu.
“Lo que señalamos era que había que investigar y en su caso sancionar por los delitos de cohecho y ejercicio indebido de funciones.
“Esta teoría es mucho más amplia y justamente podría dar lugar a la investigación por los sobornos y los beneficios que se obtuvieron de todo el desvío de recursos. Nosotros vemos bastante acotado cómo se está dirigiendo esta óptica de los hechos y de los delitos que se le están atribuyendo en esta vinculación a proceso”, explica.
Entre las posibles consecuencias de que a Robles sólo se le considere que no informó a su superior de estas anomalías, está el que tenga una menor sanción y que no se pueda lograr la desarticulación de la red de corrupción que fue documentada en la investigación periodística de “La Estafa Maestra”.
“Disminuyen las sanciones y además las señala de manera muy aislada y no involucra a todas las otras personas que pudieron haber estando coactuando para que esto ocurriera”, explica la integrante de Tojil.
Además, el que no sea señalada implícitamente como participante de una red de sobornos impide que el dinero desfalcado, que asciende a más de 5 mil 73 millones de pesos, se pueda recuperar, ya que no se sigue la ruta del dinero para saber en dónde está o quién se lo quedó
“Necesitamos no solo centrarnos en quién firmó los contratos, quién dejó de firmar, quién supervisó, quién no supervisó y pasar a actos de investigación mucho más complejos que identifiquen quién tuvo acuerdos con quién, para qué hicieron ese desvío de recursos, a dónde fue a parar el dinero, dónde está ahorita, quién fue el beneficiado. Todas esas preguntas que surgen de la investigación periodística y que el caso no ve luces de que empiecen a responderse”, dice la abogada.
Actualmente, la organización Tojil se encuentra a la espera de la resolución de un amparo que está en revisión en juzgados procesales para que se le reconozca el carácter de víctima no para buscar una reparación, sino para tener una representación procesal y solicitar en el estrado la ampliación de los delitos.
Los siguientes pasos en el proceso de Rosario Robles
El proceso de Rosario Robles puede tener dos escenarios distintos.
En el primero la Fiscalía General de la República (FGR) podría ofrecerle un procedimiento abreviado si es que tiene elementos.
Si lo acepta tiene la ventaja de contar con una condena reducida, como sucedió en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Otro podría ser que ella rechace este proceso y pida ir directamente a juicio, lo cual le parece la mejor opción a la abogada Estefanía Medina Ruvalcaba por la implicación que tiene para todo el país y porque es necesario saber qué pasó realmente con el dinero que se desvió.
Para que se alcance justicia en el caso de Rosario Robles se le debe señalar también por su vinculación con la red de corrupción que dio a conocer la investigación la “Estafa Maestra”, de lo contrario no se sabrá qué pasó con los recursos desviados
“Más allá de solamente una sanción, lo que sí se busca es la necesidad de encontrar la verdad, de saber qué es lo que realmente ocurrió, qué es lo que hay detrás, lo que nosotros queremos es que estos casos lleven a un juicio en el que se desahoguen las pruebas de la Fiscalía, de la defensa, en donde podamos ver que hay una investigación rotunda, con pruebas contundentes para llegar a una sentencia. Nosotros somos partidarios de ese escenario tratándose de delitos de tan alto impacto”, cuenta Estefanía Medina.
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Gabinete en la mira
Rosario Robles no es la única figura del exgabinete de Enrique Peña Nieto en ser ligada a presuntos actos de corrupción.
Durante la audiencia en la que fue vinculada a proceso Rosario Robles, aseguró que Peña Nieto y José Antonio Meade sabían de las irregularidades detectadas por la ASF
Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el mandato de Peña, también está en la mira de la justicia mexicana por la compra a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados, la cual ya era una planta chatarra.
El extitular de Pemex está prófugo de la justicia y ha dicho que dará a conocer un video en el que revelará su verdad en torno a las acusaciones que se le imputan.
Su abogado, Javier Coello Trejo, ha señalado que su cliente revelará la verdad de todo e implicará al expresidente y a sus exsecretarios.
Lozoya también es acusado de haber recibido un soborno de 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos preferentes
Además, durante la audiencia en la que fue vinculada a proceso Rosario Robles, también se involucró a Peña Nieto y a José Antonio Meade cuando dijo que sabían de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Avances positivos
El que una exservidora pública de primer nivel como Rosario Robles sea llevada ante la justicia en México por hechos relacionados con actos de corrupción significa un avance, ya que a diferencia de otras naciones latinoamericanas esto rara vez se ve en México.
En los ocho meses que van de gobierno, ya son dos los exfuncionarios de primer nivel de la administración pasada que han sido investigados por actos ilícitos, sin embargo, ya hay nuevos nombres en el radar
Ahora, la Fiscalía General de la República debe realizar una investigación bien sustentada que deje un antecedente.
“Esas experiencias (…) permiten elaborar prácticas que generen elementos e insumos para la prevención, es muy importante que el hecho no se quede en un tema superficial, sino entrar completamente a las tripas de qué fue lo que ocurrió por dentro, cómo funciona la maquinaria y una vez con todos esos elementos aprendidos trasladarlos a políticas públicas de prevención”, dice la abogada Estefanía Medina.
La periodista Miriam Castillo, de MCCI, alerta que a pesar de las investigaciones periodísticas en las que se explica cómo funciona la red de desvío de recursos federales a través de convenios irregulares con universidades públicas, en términos de la ley de adquisiciones y de los esquemas de contratación no hay ninguna modificación.
En este momento están puestos sobre la mesa todos los elementos para que el esquema se repita (…) no se ha modificado ningún término de la ley de adquisiciones, no se han puesto candados, no se han blindado las instituciones para impedir de alguna manera este tipo de triangulaciones para el desvío de recursos, por lo tanto, salvo para las acciones particulares de los funcionarios, no hay ningún candado, ningún freno que impida que el esquema se pueda repetir en esta administración
