La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la invalidez de la reforma a la Constitución de Baja California para ampliar el plazo de la gestión de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
Con esta acción, el Pleno de la SCJN puso el freno definitivo a la llamada Ley Bonilla y por lo tanto el gobernador dejará el cargo en octubre de 2021.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas y presentado en la sesión realizada ayer vía remota, establece que la modificación a la constitución local violó fundamentos de la Constitución Federal como la certeza, legalidad y seguridad jurídica electoral; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.
En el posicionamiento de los ministros de la Corte también fue recurrente el señalamiento de la violación al artículo 105 constitucional, el cual estipula en su fracción segunda que las reformas a las leyes que definen las reglas de cada elección deben efectuarse 90 días antes de que este proceso comience y no cuando los candidatos ya fueron electos, como fue el caso de Jaime Bonilla, quien ganó las elecciones el 2 de junio de 2019 y el congreso local aprobó la extensión de mandato cuatro meses después, antes de que el morenista asumiera el cargo
Además de estos quebrantos a la Carta Magna, el proyecto del ministro José Fernando Franco expone que la modificación presentó un vicio de origen, debido a que la iniciativa fue presentada ante el Pleno del congreso estatal sin que se discutiera y dictaminara en comisiones; es decir, que no siguió la ruta legislativa correcta.
En su posicionamiento, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, aseguró que todas las violaciones del congreso estatal son muy graves y que cada una de ellas sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma.
Con el pretexto de usar su poder reformador de la constitución (del estado) y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó en realidad un fraude a la Constitución
El fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico, que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución cuando no lo son”, dijo el ministro presidente.
Por su parte, Jaime Bonilla declaró en un encuentro con medios de comunicación que no está de acuerdo con la resolución de los ministros, pero acatará la determinación y seguirá trabajando en su gobierno.
“Yo todavía les pregunto (a los ministros) que si es inconstitucional, pues que digan cuál es el artículo de la Constitución que se violó. No estoy de acuerdo con ellos, ni mis abogados, pero dije desde un inicio que íbamos a respetar el fallo”, expuso.
Celebran decisión de la sCJN
Los partidos opositores a Morena vieron con buenos ojos la invalidación de la Ley Bonilla por parte de la Suprema Corte.
Coincidieron en que el máximo tribunal del país defendió la Constitución y el sistema democrático, además de que hizo valer su independencia y autonomía.
Para Gina Cruz Blackledge, senadora por Baja California, la determinación de la SCJN acabó con una trampa que fue tejida a finales del año pasado por Jaime Bonilla en contubernio con los diputados del congreso estatal en su mayoría panistas, quienes impulsaron la reforma para ampliar el periodo de su administración.
Es un día histórico para la vida democrática de nuestro país, había una gran incertidumbre. Celebramos la invalidación por unanimidad, hay que decirlo que no es favor de un partido político, sino a favor de la constitucionalidad y la legalidad
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, considera que la Suprema Corte no podía equivocarse en una decisión tan complicada y espinosa como la Ley Bonilla, y que de no haberse invalidado, podía sentar un precedente en el país para la reelección de cualquier persona en un cargo público.
El también senador emecista agrega que tras el fallo de la SCJN es momento de que los principales actores den la cara a la ciudadanía.
“Tanto Jaime Bonilla como Morena, en la manera en la que solaparon este intento de fraude, nos deben una explicación a los mexicanos. Hoy es muy elocuente el silencio culposo y de ingenuidad que ha ganado Morena en todo este proceso, no solo en la Corte, sino del congreso local, quienes intentaron vulnerar a la Constitución deben explicarle al pueblo de México sus acciones”, afirma Castañeda.
Acerca de la participación de los diputados locales panistas en la aprobación de la reforma, Cruz Blackledge explica que a pesar de que la mayoría de los involucrados fueron expulsados de Acción Nacional, el partido analiza promover un juicio político en su contra.
“En el Senado presenté un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investigue esta situación de la que mucho se ha hablado, de que recibieron sobornos para votar esta ley totalmente inconstitucional”, añade la senadora.
La resolución de la SCJN establece que el congreso de BC violó la certeza y legalidad electoral, los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes
Morenistas se pronuncian
Tras la conclusión de la sesión de la Suprema Corte, los morenistas que encabezan la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se pronunciaron sobre la determinación.
“El principio de la legalidad y la división de poderes garantizan vivir en un pleno Estado de derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la SCJN en el caso Baja California: seguramente sorprendió a escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República”, lanzó Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara alta, en su cuenta de Twitter.
Mario Delgado, quien lidera la Jucopo en San Lázaro, expuso que con la decisión por unanimidad de la Corte llegaba a su fin la Ley Bonilla. “Hay una autonomía real y auténtica división de poderes, gana nuestra democracia. Avanza la transformación”, publicó en sus redes sociales.
