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La Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano de San Pedro se tambalea.
Este polémico instrumento puede servir para imponer un castigo ejemplar a los constructores que violaron la ley, u optar por clausurar su trabajo sin cumplir con los resultados prometidos.
La apuesta de la administración del alcalde Ugo Ruiz para regularizar obras que se saltaron la normativa está a unos días de concluir sus funciones en medio de una encrucijada legal.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable prepara un análisis jurídico en el que se establece qué inmuebles podrán regularizarse y cuáles no, con el apoyo del despacho Quintero y Quintero Abogados, y la Dirección Jurídica del Ayuntamiento sampetrino, encabezada por Bernardo Bichara.
El dilema es que algunos resolutivos vienen en sentido negativo y la posibilidad de regularizar ciertos desarrollos se contrapone a lo establecido por el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de San Pedro.
El grupo que hace el estudio revisa cada uno de los 11 expedientes de las obras inscritas en el programa y se espera que en los próximos días dé a conocer en sus conclusiones si cumplen con los requisitos para su aprobación.
En noviembre de 2013 fue instalada la Mesa de la Justicia, y desde hace seis meses, en febrero pasado, fueron entregados a los integrantes del cuerpo ciudadano los resultados de los dictámenes técnico-legales de cada construcción.
El Municipio sostiene que este órgano sólo se encarga de establecer las multas a los desarrolladores para resarcir el daño social que causaron, pero en realidad fue creado con otro propósito.
Aunque los lineamientos oficiales de su creación establecen que dentro del programa se decidirá cuáles obras son susceptibles a regularizarse, Ruiz hoy asegura que esa atribución está en análisis.
La Mesa de la Justicia concluirá después de un calvario burocrático e intensas negociaciones entre desarrolladores y autoridades.
Por lo pronto, los objetivos planteados no se han alcanzado, pues la lista de construcciones regularizadas es muy inferior a la planteada en un inicio.
El Ayuntamiento de San Pedro estimó al principio un universo de 40 proyectos que serían evaluados, pero sólo 11 peticiones planteadas por los desarrolladores fueron admitidas en el programa.
De esa decena, únicamente tres han sido aprobadas por el Cabildo sampetrino: El Alear, Helicón y Lucena, que se comprometieron a realizar obras públicas en beneficio de la sociedad, por un total 37 millones 480 mil 600 pesos.
En un inicio, Ruiz esperaba recaudar 125 millones de pesos en indemnizaciones, sin embargo, sólo con las edificaciones que han pasado por el proceso suma una tercera parte de la cifra estimada.
“Son proyectos que en su momento incumplieron con autorizaciones concedidas”, rememora en entrevista la abogada Rina Arely Ramos, quien encabeza el despacho González, Ramos, Benavides y Asociados.
Esta firma jurídica fue contratada por el Ayuntamiento para elaborar los dictámenes técnico-legales de los desarrollos evaluados.
“Yo creo que la Mesa de la Justicia fue un programa que tenía un objetivo claro: que era buscar un vehículo legal de cómo hacer regularizable lo que, obviamente, había dejado de serlo”, añade la litigante.
El despacho entregó sus conclusiones desde el pasado 18 de febrero a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Durante la elaboración de los peritajes, la firma acudió a la mayoría de los inmuebles y elaboró tablas comparativas de los proyectos con la normatividad vigente, donde se especificaban las anomalías.
A lo largo de este proceso también se registraron bajas dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio.
Hubo cambios de timón en esa dependencia durante la integración del llamado Programa Temporal Único para la Restauración de la Legalidad y el Orden en el Desarrollo Urbano de San Pedro.
Parte de la reestructuración interna fue la sustitución de Enrique Ávila por Cecilia Ortiz, quien hace nueve meses dejó la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal para convertirse en titular de la institución.
Luego, el pasado 5 de junio, el alcalde anunció que había removido a la funcionaria para regresarla a su antiguo puesto y dio a conocer a Myrna Benavides como la actual secretaria de Desarrollo Sustentable.
El enroque en esta área se dio después de la aprobación de la primera fase del polémico proyecto Arboleda, en el Campestre.
También coincidió con la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 20-30 de San Pedro, autorizado con reservas por el Ayuntamiento.
Otra de las bajas fue la de la exdirectora jurídica de la dependencia municipal, Rosa Aída del Bosque, quien presentó su renuncia por presuntos asuntos personales.
La Mesa de la Justicia no estuvo exenta del escrutinio público, tras varios escándalos mediáticos que levantaron fuertes críticas contra el programa.
El derrumbe registrado a mediados de junio en una obra en construcción en la avenida Gómez Morín, que provocó la muerte de tres trabajadores, puso bajo los reflectores al desarrollador Miguel Medellín.
El empresario es uno de los constructores que tiene inscritos dos proyectos en el programa: Plaza Gómez Morín 202 y Plaza Hudson, que no han sido regularizados ni multados.
Por otro lado, José Luis Bueno, responsable de la torre Gaia, reveló que existía la posibilidad de renegociar los montos de castigo a los desarrolladores, a pesar de que el alcalde había anunciado que existían compromisos firmados por un grupo.
El promotor calificó como “derecho de piso” la multa de 32.5 millones de pesos que la administración de Ugo Ruiz quiso imponerle de multa al empresario, originario del Estado de México.
