El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y, en la votación, los partidos del Frente Ciudadano por México no se mantuvieron en unidad.
En fast track, ya que apenas por la mañana fue aprobado el dictamen por la Comisión de Gobernación, el Pleno de la Cámara baja aprobó la Ley con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.
Contrario a lo que se dijo públicamente, que los partidos del Frente Ciudadano por México votarían en contra, no sucedió así.
El PAN se dividió: 14 votaron a favor, 17 en contra y 48 se abstuvieron. En el PRD también hubo división; 39 en contra y 2 votos a favor. Movimiento Ciudadano sí votó en contra en bloque.
El PRI, el PVEM y Nueva Alianza votaron en bloque a favor. El PES se dividió y tuvo 4 votos a favor y 2 en contra.
El diputado independiente Manuel Clouthier votó en contra; y el diputado sin partido, Manuel Espino, votó a favor.
El debate se dio en medio de protestas de algunos legisladores de Oposición que se mostraron contra la aprobación de esta legislación por considerar que se abonaría a la militarización del país.
El PRI, al contrario, señaló que es necesario que se dé un marco legal de protección a las Fuerzas Armadas en México.
Los diputados presentaron más de 100 reservas que se prevé sean rechazadas por la mayoría de los legisladores.
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior será enviada al Senado donde será votada antes del 15 de diciembre próximo, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
En la Ley de Seguridad Interior se establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar para enfrentar amenazas a las instituciones del estado o las personas en el país.
Los diputados decidieron incluir como situaciones que afectan la seguridad interior todas las que se incluyen como amenazas en la Ley de Seguridad Nacional, como el espionaje, el terrorismo, la rebelión, los actos que impiden a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada y otros.
En el caso de la seguridad interior, los legisladores añadieron que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante circunstancias que atenten contra la infraestructura o el funcionamiento de las instituciones; o que dañen gravemente a la población, como las emergencias, los desastres naturales y hasta las epidemias o las contingencias de salubridad.
Para realizar su tarea, sostiene el proyecto de Ley, las Fuerzas Armadas se apoyarán en labores de inteligencia, en las que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, se lee en el artículo 30.
El presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas en los casos en que haya amenazas que representen un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, dice en su artículo 16.
Eso sí, la Ley acota que si esto ocurre, deberá hacerse la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior a la brevedad.
Esta Declaratoria es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo federal o los gobiernos locales pueden solicitar la intervención del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea en la atención de las amenazas a la seguridad interior.
Los gobernadores o los congresos locales deberán pedir al Ejecutivo federal la intervención de las Fuerzas Armadas, entregando una solicitud donde se justifique la petición y todo un estudio del problema.
La expedición de esta Declaratoria quedará en manos del presidente de la República, considerado comandante supremo de las Fuerzas Armadas y para lo que solo se pide que haya una consideración previa del Consejo de Seguridad Nacional.
